Gobierno está “muy satisfecho” por votación del proyecto de ley antilavado y destaca “aportes” de colorados

El proyecto de ley fue elaborado por esa comisión y, tras el atentado en setiembre en la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el presidente de la República, Yamandú Orsi, pidió a las autoridades de los partidos políticos que aprueben los cambios normativos. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición prosperaron, incluso hasta último momento.

Hoy existen tres tipos de controles que realizan los sujetos obligados: la debida diligencia simplificada, la común y la intensificada. La LUC estableció que cuando los fondos son bancarizados, se puede realizar la simplificada, sin necesidad de consultar a los clientes sobre el origen de los fondos. Sin embargo, esto no cumple con los estándares internacionales. Un informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre este punto recomendó a la Senaclaft revertir lo aprobado en la LUC y exigirles a los sujetos obligados que consulten sobre el origen de los fondos incluso cuando el dinero haya pasado por los bancos. Por teléfono, Libonatti le recordó a Jorge el informe de Gafilat y la importancia de ajustar las exigencias. El diputado colorado dijo a Búsqueda que, a partir de este argumento, la bancada colorada resolvió reconsiderarlo y dar sus votos para que se apruebe.

“En nuestro país, la evaluación nacional de riesgo dice que el principal sector de riesgo” para lavar dinero “son los bancos”, recordó Libonatti en diálogo con Búsqueda.

Sin votos

El oficialismo consiguió aprobar una serie de modificaciones propuestas, pero otras quedaron por el camino. Por ejemplo, propuso subir de cinco a 10 años el plazo de conservación de los registros por parte de los sujetos obligados, pero no llegó a un acuerdo con la oposición para aprobarlo.

Díaz argumentó que “la experiencia práctica demuestra que muchas veces se han frustrado investigaciones” porque a los sujetos obligados no se les exige “guardar la información por más de cinco años”. Recordó que “hace pocos días” en el marco de una investigación se le fue a pedir información a un escribano y como habían pasado cinco años la información se perdió.

El diputado colorado Conrado Rodríguez planteó una alternativa: que se obligue a retener la documentación por una década solo cuando se trate de operaciones inusuales o sospechosas. Pero el oficialismo no cedió en este punto. El prosecretario de Presidencia explicó que la propuesta de Rodríguez era insuficiente y ejemplificó: “Conexión Ganadera, que es un caso que está en boga en este momento, no hubiera sido considerado nunca de alto riesgo conforme a los parámetros establecidos”.

Tampoco prosperó la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero (o su transformación en otra fiscalía), una propuesta de Ferrero que había incorporado la comisión que preside Díaz. El prosecretario de Presidencia ve como “un problema” que, al mantenerse la fiscalía especializada, se sigue separando la investigación del delito de lavado de aquella iniciada por el delito antecedente. “Quizá haya que buscar alguna otra fórmula de resolución de ese problema y es probablemente en el futuro darle competencia a todas las fiscalías del país en materia de lavado cuando tengan la competencia sobre el delito precedente”, sostuvo.

De todas maneras, Díaz acotó que lo que quedó por el camino “en principio” no es “significativo” para el gobierno.

No prosperó, entre otros artículos, el que explicitaba, entre las competencias de la Senaclaft, “practicar inspecciones en bienes muebles e inmuebles detentados u ocupados”, de donde puede “requerir y retirar documentación y respaldos informáticos”. La oposición reclamó aval judicial para retirar documentos, mientras que el oficialismo argumentó que se trata de un proceso administrativo, no judicial, por lo que no corresponde tal autorización.

El diputado blanco Federico Casaretto, al justificar su negativa a aprobar este y otros cambios, dijo que la Senaclaft funciona bajo la órbita de Díaz, quien “no le brinda confianza al Partido Nacional”. El prosecretario de Presidencia prefiere no entrar en “este tipo debates”, considera que estos son “fuegos de artificio” y opta por destacar lo que define como “un proceso de negociación rico”.

Libonatti remarcó que “no fue una ley de unipersonal, donde alguien tuviera un dominio particular“, sino que surge de “una recopilación de las debilidades“ del sistema y además “cada organismo hizo sus aportes“, lo que derivó en acuerdos políticos.

Negociación

De aprobarse en el Senado, es “una buena ley que mejora sustancialmente” algunos aspectos de la normativa, destacó Díaz. Consideró “altamente significativa” la baja en el tope para usar billetes, impulsada también por el senador colorado Pedro Bordaberry, porque “no hay operación más riesgosa para el lavado de activos que las que se hacen en efectivo por alto monto”.

Hace un año, Bordaberry había propuesto bajar el tope que estableció la LUC (y que ratificó la ciudadanía en el referéndum) y propuso, en el debate parlamentario, que se habilite el pago por hasta US$ 72.000 (expresado en unidades indexadas) cuando ese monto represente el 5% de la operación, fórmula que contó con los votos del oficialismo.

El prosecretario de Presidencia remarcó a su vez los “aportes” del senador colorado Robert Silva, quien propuso y consiguió que se aprobaran, entre otros cambios, ajustes en el proceso de extradición, para que se tengan en cuenta los convenios internacionales. Jorge y Rodríguez, los dos diputados colorados que integran la comisión, también presentaron propuestas que fueron aprobadas. El primero introdujo las criptomonedas en la legislación y el segundo impulsó que se considere sujeto obligado a los sindicatos. El Frente Amplio dio sus votos y consiguió que también se catalogue así a las organizaciones empresariales.

Para Díaz, el resultado es “una buena señal para el país”, por “los adelantos normativos” y por “la capacidad que tiene el sistema político de encontrar acuerdos”. Anunció que de ahora en más se enfocarán en ejecutar la normativa. “Tenemos mucho para hacer en materia de inspecciones y en materia de colaboración con la Justicia”, expresó.