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Gobierno negocia con Cabildo Abierto proyecto sobre deudores e implementación de transferencias a la infancia
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, se reunirá con el diputado Álvaro Perrone para coordinar la puesta en marcha de dos acuerdos alcanzados para aprobar la Rendición de Cuentas
Cabildo Abierto tiene la llave de la gobernabilidad. Dio sus votos para la aprobación del Presupuesto Nacional y para las dos primeras rendiciones de cuentas de la legislatura. El gobierno pretende que la implementación del último acuerdo con los cabildantes, anunciado el 13 de agosto, sea adecuada, para allanar así el camino hacia las restantes tres rendiciones de este período.
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Con ese objetivo, el Ministerio de Economía presentará en los próximos días a los cabildantes diversas opciones sobre la forma en que se podría pagar la Asignación Única a la Infancia y la Adolescencia desde el próximo 1 de enero y qué controles se activarán sobre sus beneficiarios. Además, abordará la posibilidad de incorporar deudas con el Estado al proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos que está a estudio de Diputados.
El gobierno definió que el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, sea el interlocutor con los cabildantes, mientras que Cabildo Abierto designó al diputado Álvaro Perrone para negociar, informó el legislador a Búsqueda. Estaban esperando la aprobación del proyecto de Rendición de Cuentas, que se concretó el 22 de setiembre, para abrir la negociación.
Los dos temas en cuestión presentan vericuetos, asperezas que subsecretario y legislador intentarán limar. Vallcorba y Perrone buscan un equilibrio entre no ampliar las restricciones que rigen hoy sobre el gasto de las transferencias —como pretende el gobierno— y mejorar los controles sobre las condiciones de los beneficiarios —un reclamo de Cabildo Abierto—.
Transferencias
La Rendición de Cuentas creó la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que unifica el sistema de transferencias a menores de edad, embarazadas y personas con discapacidad que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o están en atención de tiempo completo en el marco del sistema de protección especial. Además, aumentó los montos que se transferirán a los beneficiarios.
La ley establece que el pago de la asignación “se efectuará a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico”. A su vez, como sucede hoy con la Tarjeta Uruguay Social (TUS), una de las prestaciones vigentes, habilita la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al momento de gastar lo transferido.
En la reglamentación de la ley, el Poder Ejecutivo definirá cuál será el método o los métodos de pago posibles. Vallcorba presentará a Perrone una serie de alternativas. La línea roja que el gobierno no pasará es que los beneficiarios mantengan la libertad de gasto que existe hoy, que corresponde a una parte de las transferencias: las asignaciones familiares. Otra parte, la que se cobra a través de la TUS, hoy debe gastarse en determinados comercios y productos.
Martín Vallcorba, subsecretario de Economía y Finanzas, y Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas.
Una de las propuestas que presentará Vallcorba a Perrone es la reactivación de la tarjeta de débito BPS Prestaciones, que permite exonerar el IVA y tiene restricciones para comprar en el exterior. Así también quedaría habilitado el cobro a través de otras tarjetas de débito o cuentas, pero en estos últimos casos no se permitiría la exoneración del IVA.
El pago no se realizará en efectivo, una modalidad que hoy usa el 13% de los beneficiarios. De todas maneras, se podría retirar dinero en efectivo usando las tarjetas de débito. Los cabildantes han expresado su temor a que estos montos terminen en una boca de droga y su intención es crear instrumentos para evitarlo.
Por otra parte, la ley estipula que el 40% del monto de la transferencia quedará sujeta a la concurrencia “asidua” de los beneficiarios a institutos de enseñanza —“excepto en los casos de personas beneficiarias con discapacidad en que se acredite que aquello no es posible”— y la realización de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o del privado.
En la respuesta que dio al presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el presidente Yamandú Orsi se comprometió además a que “se tomarán recaudos para la verificación de la correcta alimentación, atención médica y odontológica, y la asistencia a la escuela”, como informó el general retirado en conferencia de prensa el 13 de agosto. De qué manera se tomarán estos “recaudos” es otro de los asuntos que abordará la reglamentación y que negociarán Vallcorba y Perrone.
Deudores
El acuerdo entre el gobierno y Cabildo Abierto para la aprobación de la Rendición de Cuentas contempló algunos reclamos cabildantes que exceden el alcance de esa ley. Por ejemplo, acordaron que el proyecto de ley que atiende el endeudamiento de las familias, impulsado por el Movimiento de Participación Popular y que está a estudio de la Comisión de Hacienda de Diputados, también contemple, a pedido de los cabildantes, las deudas con los entes públicos. Manini Ríos anunció en agosto un plazo de 180 días para el tratamiento de ese proyecto. “Venimos pidiendo desde hace rato que se pusiera una fecha límite”, dijo en la conferencia de prensa.
El proyecto del Frente Amplio baja las tasas de interés que pueden cobrar las instituciones financieras, establece un régimen de reestructuración de deudas para deudores de bajos recursos y sanción al acreedor por prácticas abusivas de cobranza, entre otros aspectos. Sin embargo, no incluye las deudas con los entes públicos entre las que se pueden reestructurar.
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