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Jutep falló en contra de exministra Azucena Arbeleche por exoneraciones a empresa donde trabaja su esposo
La denuncia había sido presentada en 2023; la resolución fue tomada por los directores del oficialismo, con el voto discorde del representante de la oposición
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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió que la exministra de Economía Azucena Arbeleche “violentó las normas de conducta en la función pública” al haber firmado una resolución que otorgó beneficios a la empresa Lanafil S.A., cuyo gerente es su esposo. El fallo fue dividido. Tuvo los votos a favor de la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y del vicepresidente, Alfredo Asti, y el voto discorde del director en representación de la oposición, Luis Calabria.
En la resolución, a la que tuvo acceso Búsqueda, se recuerda que el 10 de marzo de 2023 la junta recibió una denuncia anónima por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de la función de la ministra Arbeleche. El denunciante expresó que la ministra firmó una resolución con fecha de 3 de agosto de 2022 por la que se declaró promovida la actividad de un proyecto de inversión presentado por la empresa Lanafil S.A., que incluía la exoneración de importes tributarios. En la denuncia se remarcó que de la propia declaración jurada de Arbeleche surge que su cónyuge es dependiente de Lanafil S.A., ya que ostenta el cargo de gerente general de la empresa.
Entre los varios argumentos y considerandos de la resolución de la Jutep, se subraya que de acuerdo con la Ley 19.823, sobre el Código de Ética en la Función Pública, la funcionaria no puede ejercer su función en relación con empresas con la que exista un vínculo familiar. “Respetar esta prohibición no implicaba que la empresa perdiera el derecho al beneficio que podía legítimamente corresponderle: bastaba con que la ministra se excusara y delegara en quien correspondiere la firma de la resolución y eventualmente hiciera constar por escrito la situación tal como prevé el artículo 33 de la misma ley”.
En una extensa argumentación, el director de la oposición defendió la actuación de la exministra. Expuso que estuvo “acorde a derecho, en un marco reglado, sin beneficio personal y sin desviación funcional”.
La exministra Arbeleche, en tanto, dijo en su respuesta a la Jutep —a la que tuvo acceso Búsqueda— que actuó con “estricto apego a la legalidad y a los principios que rigen la función pública”. “El procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente en materia de promoción de inversiones, sin apartamiento alguno de los criterios técnicos aplicables. El artículo 31 de la Ley 19.823 establece tres condiciones para que exista una prohibición: (1) que la persona sea funcionaria pública; (2) que intervenga respecto de una entidad con la que tenga un vínculo; y (3) que de ese vínculo pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”, enumeró. Y subrayó: “En este caso no existió conflicto de interés alguno. El beneficio otorgado constituye un acto esencialmente reglado, adoptado en el marco de la Ley 16.906 (de inversiones y promoción industrial), que se estructura sobre procedimientos preestablecidos, parámetros técnicos verificables y decisiones determinadas por la normativa vigente”.
