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Envío a Fiscalía de informes parlamentarios de la oposición sobre Cardama causó malestar en parte de la bancada oficialista
La Asamblea General había resuelto trasladar al fiscal Gilberto Rodríguez únicamente el informe del Frente Amplio aprobado por mayoría, pero tras recibir un planteo de legisladores de la oposición Cosse resolvió que debía enviarse la documentación completa
La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, firmó esta semana una resolución que dispuso el envío a la Fiscalía de los informes elaborados por la oposición tras el trabajo de la comisión investigadora sobre el caso Cardama. Esto ocurrió pocos días después de recibir por escrito una queja de legisladores de la coalición, que reclamaron que se enviaran esos informes de “forma urgente”.
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La decisión, que había sido comunicada en la bancada de senadores del Frente Amplio el lunes 9, causó enojo en algunos legisladores oficialistas y en integrantes del Poder Ejecutivo, según reconstruyó Búsqueda. El motivo es que una parte de los legisladores frenteamplistas considera que al fiscal que investiga el caso, Gilberto Rodríguez, debía enviarse solo las actuaciones de la comisión investigadora y el informe elaborado por el Frente Amplio, que sostiene que hay indicios de hechos delictivos y que fue el único aprobado por la Asamblea General del 14 de octubre (presidida por el senador del MPP Daniel Caggiani debido a la ausencia de Cosse). De hecho, esa fue la información que se le envió inicialmente.
Sin embargo, otra parte de la bancada entiende —en línea con lo que plantea la oposición— que la Fiscalía debe recibir toda la información producida por la comisión, y que ello incluye los informes elaborados en minoría por los legisladores de la oposición, que no consiguieron los votos suficientes para ser aprobados en la Asamblea General.
En la nota enviada a Cosse el miércoles 4, los legisladores opositores fundaron su pedido en que el fiscal Rodríguez solicitó a la Asamblea General, en una comunicación del 22 de julio, que se le enviara el “testimonio íntegro de las actuaciones realizadas”.
Además, plantearon que la resolución de la Asamblea General del 14 de octubre dispuso remitir a la Fiscalía “toda la documentación recibida, recabada y producida por la comisión especial”. En la coalición entienden que eso solo puede interpretarse como que debe enviarse toda la información producida por la comisión, lo que incluye a los informes elaborados por los legisladores de la oposición que no fueron aprobados.
“No se puede sustraer del envío ningún material ni informe producido, a riesgo de incumplir con lo solicitado por el fiscal actuante y lo resuelto por la Asamblea General”, sostuvieron en la nota —a la que accedió Búsqueda— firmada por Gabriel Gianoli, Pablo Abdala (Partido Nacional), Maximiliano Campo, Felipe Schipani (Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente), entre otros.
La comisión investigadora analizó el proceso frustrado de adquisición de dos patrulleras oceánicas por un valor total de 82 millones de euros, un contrato que fue firmado en el gobierno pasado y rescindido por el gobierno actual tras detectar indicios de fraude de parte de la empresa proveedora, la española Cardama.
Diferencias en la bancada oficialista
El diputado del MPP Joaquín Garlo, que integró la comisión investigadora y fue el miembro informante del oficialismo en la Asamblea General del 14 de octubre, es de los que cree que correspondía enviar los informes de la oposición al fiscal. “La Asamblea General resolvió remitir todas las actuaciones al fiscal, y eso significa enviar todo lo actuado, incluso los informes que redactaron los miembros de la oposición. Así lo planteé siempre y lo dije públicamente. Quizás se interpretó de otra manera y por eso se omitió enviar la información completa”, dijo a Búsqueda. A su entender, la decisión adoptada ahora es la correcta.
También Cosse consideraba que, más allá del planteo de la oposición, debía enviarse la documentación completa, dijeron fuentes de su entorno, que aclararon que eso no implica minimizar el hecho de que el informe oficialista es el único aprobado por la Asamblea General. Además, insistieron las fuentes, se trata de información pública a la que el fiscal puede acceder como cualquier otro ciudadano. “Aun sin el reclamo de la oposición, la resolución de Cosse hubiera sido la misma, porque es lo que correspondía”, sostuvo un legislador.
Así lo planteó en la reunión de bancada del lunes. Sin embargo, algunos legisladores interpretaron, erróneamente, que el fiscal había vuelto a pedir información, y que eso motivaba el planteo de Cosse. Varios senadores dijeron que desconocían la nota enviada por la coalición.
Por eso, cuando Búsqueda informó el martes 10 sobre el reclamo de la oposición y la decisión de enviar los informes faltantes, legisladores que no estaban presentes y jerarcas del Poder Ejecutivo se sorprendieron e intercambiaron mensajes preguntando por qué se había tomado una decisión distinta a la acordada inicialmente.
“Para qué hicimos todo el esfuerzo que implicó votar el informe del Frente en la Asamblea General si después íbamos a enviar todos”, dijo molesto un senador a Búsqueda. “Los informes de la oposición no fueron votados y no tendrían que haberse mandado”, comentó otro legislador oficialista, que agregó que la decisión “no cayó bien” en parte de la bancada.
La lectura desde el oficialismo es que ahora el fiscal puede tener la “excusa” de que el Parlamento le envió informes contrapuestos del resultado de la investigación para ser menos contundente en su indagatoria y conclusiones.
Una investigación parlamentaria y distintas conclusiones
La investigadora parlamentaria comenzó su trabajo días después de la rescisión del contrato con Cardama y culminó a fines de agosto. Se elaboraron cuatro informes con las conclusiones del trabajo: uno por el Frente Amplio, que tenía la mayoría de los integrantes de la comisión, otro por los legisladores de la coalición, uno por Cabildo Abierto, y otro de Identidad Soberana.
El oficialismo y la oposición sostienen que hubo “hechos de apariencia delictiva”, pero no coinciden en quiénes fueron sus protagonistas. Para el Frente Amplio, en el proceso de selección y contratación de Cardama se cometieron “irregularidades de gravedad” que contaron con la “acción” o la “omisión” de funcionarios públicos. Para los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, la rescisión apresurada por parte del actual gobierno expuso al país a demandas internacionales. Además, denunciaron penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por “abuso innominado de funciones” porque, al inicio de la gestión, dos asesores que todavía no tenían cargos formales en el ministerio llevaron adelante una “pesquisa” para obtener información sobre Cardama.
En la Asamblea General que debatió las conclusiones de la investigadora, solo el informe del Frente Amplio consiguió la mayoría para ser aprobado. Esto fue gracias a que al momento de la votación los diputados de Cabildo Abierto no estaban en sala, lo que permitió “desempatar” a favor del oficialismo. Con todos los legisladores en sala, ni el bloque oficialista ni el opositor tenían los votos suficientes para aprobar una moción.
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