El gobierno de España notificó a fines de octubre al titular del astillero Francisco Cardama SA acerca de la demanda que le inició en agosto el gobierno uruguayo y sus abogados comenzaron a analizar el expediente esta semana.
El astillero cuenta con el asesoramiento del estudio Hughes & Hughes
El gobierno de España notificó a fines de octubre al titular del astillero Francisco Cardama SA acerca de la demanda que le inició en agosto el gobierno uruguayo y sus abogados comenzaron a analizar el expediente esta semana.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informó el 11 de noviembre a Uruguay que había cumplido con la diligencia de notificar sobre la existencia de la demanda contra Mario Cardama. El gobierno de Yamandú Orsi acusó al empresario, en un escrito presentado a comienzos de agosto, de actuar con “dolo” en perjuicio del Estado durante el proceso de obtención de las dos garantías que permitió la activación del contrato millonario que había firmado con el Ministerio de Defensa de Uruguay para construir dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). Reclama la restitución de los 28.794.500 euros transferidos al astillero antes de la rescisión del contrato, el pago de los gastos legales en los que incurra Uruguay, la diferencia de monto entre lo que le hubiesen salido las dos OPV al país si Cardama cumplía y las que finalmente adquiera y otros daños y perjuicios.
La Justicia de Vigo, donde está domiciliada Cardama, fue la encargada de llevar adelante la diligencia, según los documentos incorporados al expediente y a los que accedió Búsqueda. En esa oportunidad, el empresario fue emplazado a contestar la demanda dentro de los siguientes 60 días.
Dos procuradores de Hughes & Hughes estaban revisando el expediente este lunes 16 en el Juzgado Civil de 9.º turno, constató Búsqueda. El expediente tiene seis piezas compuestas por la demanda del gobierno y los anexos que la acompañan.
Ese estudio es uno de los que asesora a Cardama en el arbitraje internacional iniciado contra el Estado uruguayo tras la rescisión del contrato de las OPV en febrero de este año.