—Hay un retroceso. Y eso, de hecho, es curioso, porque ese informe lo cerramos a diciembre de 2024. Es decir, antes de la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos ya estábamos viendo un panorama preocupante de retroceso. Son tendencias negativas tanto en lo que se refiere al cierre del espacio cívico y del trabajo de quienes son percibidos como oposición a los gobiernos, la persecución a defensores de derechos humanos, como también en la situación de países que están en crisis cada vez más profundas, como Venezuela o Haití, países de donde están saliendo muchas personas y que cada vez se estaban cerrando más las vías para que puedan pedir asilo y tener refugio en otros países de la región.
Hay tendencias negativas relativas también a derechos sexuales y reproductivos, a las diversidades sexuales, etcétera. Todo eso ya lo veíamos, pero desde que llega Donald Trump en enero de este año al gobierno todo esto se profundiza y se acelera.
Donald Trump
Donald Trump, en su despacho en la Casa Blanca, firmando las primeras resoluciones de su segundo mandato
AFP
—¿En qué sentido?
—Por un lado, envalentona a gobiernos que ya venían con prácticas autoritarias y de alguna manera los valida. Quizá el ejemplo más brutal de eso fue el acuerdo que hizo con El Salvador para enviar migrantes venezolanos a una cárcel de seguridad que ya hemos documentado que es vulneratoria de los derechos humanos.
Y, por otro lado, la crisis en materia de migración y refugio se profundiza también porque Trump cerró las puertas a que las personas puedan pedir asilo en Estados Unidos. Entonces, lamentablemente es un nivel de retroceso que vemos con más preocupación aún de lo habitual. Quizás el tercer elemento a agregar ahí de preocupación es que Estados Unidos también está poniendo en cuestión espacios multilaterales fundamentales.
Y eso también hace que ciertas instancias que históricamente tal vez no eran perfectas, pero podían significar un espacio de protección para las personas o de defensa de los derechos humanos, hoy están siendo cuestionadas. Entonces, es un retroceso bastante histórico.
—La administración Trump, además, cortó el apoyo económico de algunos programas. ¿Es en conjunto un cambio de era?
—Eso es lo que intentamos alertar con el informe, de que podría ser un cambio de era y un cambio de era hacia algo peor. Todavía no es demasiado tarde y eso también es parte de los mensajes en los que insistimos mucho: todavía hay espacio para que esa nueva era se construya hacia algo mejor y no hacia más retroceso.
Ahí hay un rol fundamental de la comunidad internacional, de los gobiernos que sí creen en los derechos humanos, que sí creen en los espacios multilaterales; es el momento de que alcen la voz y que se articulen de una manera efectiva para evitar que esta nueva era sea en definitiva una era que niegue los derechos humanos de las personas.
—Esta nueva administración de Trump parece ser más intensa en sus esfuerzos que la anterior. ¿Aprendieron cómo llevar adelante los cambios que pretendía?
—Lo plantea muy claramente el director de la sección de Estados Unidos, Paul O’Brien, cuando dijo que hay una estrategia deliberada de golpear mucho y muy rápido desde muy temprano, de una manera que hace que reaccionar sea muy difícil. Porque es tanta la información, tanto lo que está ocurriendo, que incluso caemos en el riesgo de estar bailando a su ritmo. Efectivamente, llegó con un plan mucho más claro y lo ha ejecutado con una velocidad que yo creo que nadie estaba preparado.
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Directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—Es difícil cubrir el espacio que ocupaba Estados Unidos como financiador, porque además es un sistema que, al menos en parte, construyó como triunfador de la Segunda Guerra Mundial.
—Exacto. Es muy difícil llegar a llenar el nivel de financiamiento que Estados Unidos ponía en algunas instancias, pero eso no quita que no haya posibilidad de que nuevos Estados que quizás ya hayan aportado lo hagan más, que quienes no hayan aportado lo hagan, que haya otras formas de aportar y también de dar apoyo político. Debiera configurarse una nueva forma de articulación que supla ese rol que pudo haber cumplido Estados Unidos y que hoy día está dejando por completo vacante, y no solo eso, sino que además está empujando en la dirección contraria.
—¿Quién le parece que debería ocupar esos espacios? ¿La Unión Europea, que tiene diferencias internas? El gobierno chino no pareciera ser un aliado en los temas que usted plantea. ¿Hay alguien?
La Unión Europea es un espacio político fundamental que puede empezar a alzar la voz como bloque. En las Américas no hay muchos Estados que estén alzando la voz o que lo puedan hacer, pero hay algunos todavía y, de hecho, Uruguay es uno.
—No tiene la billetera.
—No, pero sí tiene la voz. Y ha tenido, históricamente, un liderazgo en materia de derechos humanos. De hecho, parte de las razones por las que estamos aquí es para fortalecer ese mensaje al Estado. Estuvimos hace algunas semanas en Canadá dando un mensaje similar, porque ahí también hay un gobierno que podría tener un rol diferente de defensa de los derechos humanos.
—¿Hubo algún proceso de reflexión o autocrítica entre las organizaciones que reivindican esta mirada sobre los derechos humanos, acerca de por qué se llegó a este punto?
—Es algo que hemos pensado muchísimo, he tenido muchas conversaciones sobre eso. Y uno lo ve no solo en el ejemplo de Estados Unidos, sino también en Argentina con Javier Milei, en el Salvador con Nayib Bukele, a quienes desde el mundo de los derechos humanos los identificamos como personas que están violando derechos humanos, que defienden posturas contrarias a los derechos humanos, que están incurriendo en prácticas abiertamente autoritarias; aun así tienen cierto apoyo popular y creo que ahí hay una reflexión por hacer. Mucho de ese apoyo tiene relación con problemas que las personas han vivido por décadas y que ningún gobierno ha atendido debidamente: la seguridad, la precariedad económica, la desigualdad; diferentes aspectos de la vida cotidiana que afectan a todas las personas en el país y que ante la frustración de que eso no tiene resolución dicen “ah, bueno, habrá que probar otra cosa”. Y eso es comprensible y ahí hay un tema de cómo transmitimos que en la búsqueda de soluciones a la seguridad o de soluciones a las desigualdades, a los problemas económicos, los derechos humanos no son una barrera, son parte de la solución también. Pero en algún minuto se empezó a construir esa narrativa de que los derechos humanos son una barrera para poder conseguir esos objetivos y que, por lo tanto, hay que saltarse el debido proceso, hay que saltarse la separación de poderes para poder implementar ciertas cosas. Y eso a la larga no da más seguridad ni más igualdad, por el contrario, aumenta la inseguridad y aumenta la desigualdad, porque ahora esa desigualdad y esa amenaza vienen del mismo Estado. Hay una necesidad de empezar a pensar de nuevo en cómo explicamos eso, en cómo mostramos que cuando los gobiernos de esa naturaleza se instalan hay un riesgo muy concreto y muy real para las personas.
—¿El reclamo de seguridad no debería tener un espacio mayor en la agenda de las organizaciones, por ejemplo?
—Puede ser que eso pase por hacer énfasis diferentes o atender ciertas preocupaciones que tal vez no estábamos atendiendo desde la sociedad civil. Lo otro también es, como decía antes, mostrar las consecuencias de la llegada de estos gobiernos. El Salvador es un muy buen ejemplo de eso; hicimos un análisis que muestra que los miles de personas que han sido detenidas en el contexto del llamado estado de excepción que estableció Bukele, que ya es un estado permanente, son personas que vienen de situación de pobreza o de escasos recursos económicos, que vienen de barrios que antiguamente estaban controlados por pandillas. Entonces, en definitiva, los mismos grupos de personas que antes eran víctimas de violencia de las pandillas hoy día están siendo víctimas de violencia del Estado. Y está sustituyendo una forma de violencia por la otra. Y eso es algo que se está empezando a visualizar de a poco.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, durante un acto político. Foto: AFP.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, durante un acto político. Foto: AFP
Hay que mostrar que no todo vale para llegar a las soluciones y no porque sea un ideal hermoso, sino porque tiene consecuencias muy concretas para las personas. Muchas veces las mismas personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad por diferentes razones, personas en situación de pobreza, personas indígenas, personas racializadas, personas LGBTIQ+ y las mujeres, terminan siendo las primeras en sufrir las consecuencias de una solución que en definitiva no es solución.
—En Uruguay hubo una discusión en un momento, cuando gana el gobierno Luis Lacalle Pou, en 2019, sobre si la agenda de la izquierda uruguaya no había ido más rápido que la sociedad en algunos cambios. ¿Puede haber sido un factor en esta reacción?
—A mí me tocó también vivir todo lo que pasó con los intentos constitucionales en Chile después del estallido social, cuando también surgió un poco ese debate acerca de que se trató de hacer demasiados cambios demasiado rápido. Y no tengo claro que sea un tema de velocidad, porque a mí tampoco me convence el argumento de decir: “La sociedad no está preparada para esto, por lo tanto no lo voy a proponer”. Porque eso hace que no se avance nunca. Ahí hay una responsabilidad que no es solo de la sociedad civil ni es solo de la izquierda, es en general de los Estados, de explicar los cambios que se quieran instalar para avanzar en derechos. Es cierto que a veces pueden no ser tan populares, pero entonces también hay un rol en términos de cómo lo explicas, de cómo educas, de cómo informas a la población de una manera responsable respecto de por qué esos cambios son necesarios. Y no dar por hecho que todo el mundo lo entiende.
—Usted elogió a Uruguay porque al menos en el pasado fue una voz de referencia, pero el informe de Amnistía Internacional sobre el país tampoco es demasiado alentador.
—En el contexto en el que estamos, Uruguay parece menos malo. Esto no implica que no tengamos críticas sobre cosas que podrían estar haciendo mejor o que son preocupantes en términos de retroceso. Otra cosa es la mirada del rol internacional de Uruguay en espacios multilaterales. Ahí hay una preocupación también de una pérdida de rol que había tenido en espacios internacionales y que empezó a dejar de tenerlo, de no estar más en el Consejo de Derechos Humanos, de no tomar posición o abstenerse en ciertas votaciones clave; es de alguna manera ir retrocediendo en ese rol activo que había tenido.
—¿Se refiere al gobierno anterior?
—Con el nuevo gobierno, dado el posicionamiento que ha tomado en campaña y en estas primeras semanas de gestión, vemos que hay una posibilidad real de que ese espacio que Uruguay había tenido en el contexto internacional lo vuelva a tener, en un momento en el que, además, se necesita más que nunca.
—¿Qué esperaría del gobierno? ¿Que revierta la decisión de abstenerse en votaciones de Naciones Unidas sobre Israel y los “territorios ocupados”?
—El haberse abstenido en algunas de esas votaciones fue bien impactante y esperamos que eso deje de ser de esa forma. Y, en términos generales, en espacios multilaterales en la región está empezando a ocurrir, por ejemplo, que países como Argentina han estado promoviendo el eliminar cierto lenguaje de casi cualquier resolución, con relación a todo lo que diga género. Y eso es peligroso, porque a veces con el afán de llegar a acuerdos puede también intentarse diluir el lenguaje, en un momento en que es aún más peligroso que nunca diluir el lenguaje y no defender ciertos principios mínimos de derechos humanos. Y es en esos espacios en los que la voz de Uruguay puede ser fundamental, para elevar los estándares y también para articular.
