Hace tres semanas el presidente Tabaré Vázquez manifestó su preocupación por la situación de la seguridad social y advirtió que si rápidamente no se toman medidas, el sistema se encamina hacia su colapso. Sería grave, señaló, “dejar correr la situación” sin hacer nada, porque el sistema “va inevitablemente a la quiebra”.
Vázquez vinculó su preocupación a dos cuestiones que le llevaron a enviar al Parlamento dos proyectos de ley: 1) sobre la situación deficitaria de la “caja militar” — que el gobierno quiere amortiguar con un nuevo impuesto a las pasividades más altas, que muchos militares consideran inconstitucional y que anunciaron que recurrirán ante la Suprema Corte—, y 2) una solución al problema de los “cincuentones”.
Nada dijo el presidente sobre los dos factores que más inciden sobre las finanzas del sistema de seguridad social: el aumento de la expectativa de vida de las personas y una relación activo-pasivo, que está en franco deterioro desde hace años. ¿Radicaba en ello su temor al riesgo del “quiebre” del sistema?
Evitar el colapso de las finanzas públicas fue la razón determinante para la sanción de la ley de 1996 que estableció un sistema mixto basado en un pilar de solidaridad intergeneracional (BPS) y otro de capitalización individual (AFAP).
La ley evitó las dificultades financieras que sobrevendrían debido a la indexación de las pasividades a los salarios dispuesta por la enmienda constitucional aprobada en 1989.
Es evidente que el sistema entra en problemas si la expectativa de vida aumenta y si se mantienen la edad mínima de retiro, la tasa de aportes sobre salarios y la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo con que se jubilará el trabajador). Por ello cada tanto se requieren ajustes que contemplen los cambios en la vida de una sociedad. No es algo que ocurre solo en Uruguay. Otros países con realidades demográficas similares analizan, discuten o encaran cambios en alguno o en varios de los factores indicados.
Ahora, si bien la necesidad de encarar un nuevo ajuste está a la vista, en la antesala de la campaña electoral 2019 raramente algún candidato se animaría a abordar francamente el tema. Hablar de ajustes sobre las variables jubilatorias no suma votos. Más bien todo lo contrario.
Aunque Vázquez solo hizo una vaga referencia al problema, a la luz de estos cambios demográficos la preocupación manifestada por el presidente resulta compartible.
En cambio, resulta incomprensible, incoherente y no menos irresponsable que el Poder Ejecutivo haya remitido al Parlamento un proyecto de ley como el de los “cincuentones” sin un estudio previo compartido por sus servicios técnicos respecto de sus costos e impactos.
Resulta difícil de entender, por decir lo menos, que el asunto haya sido tratado hasta ahora con tal ligereza por la administración. Ligereza que volvió a exponer abiertamente no solo las grandes diferencias políticas que subsisten en filas del oficialismo tras 12 años de gobierno, sino la falta de coordinación, de trabajo conjunto en la discusión y redacción de ciertas iniciativas legislativas entre diferentes servicios de la administración.
No se entiende bien cómo, después de estudiar durante meses las complejidades del problema de los “cincuentones”: cuántos serían los perjudicados, cuál sería el momento más conveniente para optar entre seguir en la AFAP o retornar al sistema solidario del BPS, y cuál el costo estimado para las finanzas públicas que tendría esta segunda opción, el proyecto llegó al Parlamento sin el visto bueno de Economía. Curiosamente, sus jerarcas, recién reaccionaron semanas después, objetando las cifras aportadas por el BPS (US$ 2.500 millones) y elevando la estimación en un 50% más (US$ 3.700).
Ante una diferencia tan marcada entre estimaciones originadas ambas en dependencias oficiales y en medio de la controversia planteada en filas oficialistas, los medios pidieron su opinión a Vázquez.
Su respuesta fue suficientemente ambigua: “Hay un solo proyecto del Poder Ejecutivo en el Parlamento”, lo que fue interpretado por quienes apoyan la iniciativa (el Partido Comunista, la Lista 711 y el PVP, la dirección del PIT-CNT) tal como fue redactada por las autoridades del BPS y del Ministerio de Trabajo, epicentro de los periódicos ataques al sistema de capitalización —y al lucro— de las Afap.
El ministro Ernesto Murro aprovechó las palabras de Vázquez para desacreditar las cifras aportadas por Economía. “Hay mucho terrorismo de cifras”, comentó, y pidió “respetar el compromiso que asumió el presidente de la República”.
Pero la semana pasada un documento redactado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) advirtió sobre el carácter regresivo de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo porque favorecerá a un pequeño grupo de personas y afectará negativamente al resto de la población ya que las erogaciones que demandará en el futuro al erario público limitarán las posibilidades de futuros gobiernos de atender otras necesidades y demandas sociales.
Siempre activo, Esteban Valenti enfatizó también en la regresividad del proyecto. En una columna publicada en Uypress, remarcó que procurar una “solución razonable para mitigar la injusticia generada” por la reforma de 1996 “no puede implicar un beneficio importante para un reducido sector de trabajadores, que ganan hoy más de $ 55.000, a costa de todo el país y del resto de los trabajadores”.
Consideró que será una pesada mochila con la que habrán de cargar durante varios años trabajadores y pasivos con ingresos inferiores a los que obtendrían los reclamantes de sancionarse el proyecto. Muchos de quienes se quejan y movilizan reclamando “justicia” son personas que esperan lograr pasividades que rondan el tope que rige para quienes se jubilan hoy por el BPS (nominal $ 59.700, líquido $ 53.100).
Pues bien, no se entiende bien cómo un presidente que manifiesta preocupación por un eventual “quiebre” del sistema de seguridad social suscribe un proyecto que en el mediano y largo plazo tendrá un fuerte impacto negativo sobre su situación financiera. Sobre todo cuando, además, un servicio como la OPP, que depende directamente de la Presidencia de la República, lo considera “regresivo”.
Cabe entonces preguntarse si, dadas las diferencias y pugnas existentes entre sus responsables, hay servicios estatales que operan en forma compartimentada.
Las múltiples controversias que dividen y enfrentan al oficialismo, que retrasan o paralizan la gestión de gobierno, son catalogadas de “lógicas diferencias” que caracterizan la vida democrática de los partidos. En el caso van más allá que ello. Porque cuesta creer que unos y otros estén hablando de lo mismo y que sean parte de un mismo gobierno.
“El Frente Amplio vive una etapa crítica de su trayectoria” en cuyo seno “coexisten visiones claramente diferentes acerca de la realidad nacional e internacional” y “cuesta abordar materias fundamentales con actitud de Estado y visión de futuro. Enarbolamos la bandera de la unidad y al mismo tiempo erosionamos la actitud de búsqueda de acuerdos”, reconoció la declaración aprobada el pasado fin de semana por Asamblea Uruguay.
Como tantas otras veces, y como cabía esperar, al final hubo acuerdo. Ganó el lobby de los “cincuentones”, pierden las “perversas” Afap y, a futuro, perderemos el resto de los uruguayos. Se defiende el acuerdo diciendo que hace “justicia”. Lo cierto es que de pique se rechazó la solución más lógica, justa y con menor costo para la sociedad: reconocer los aportes que los reclamantes hicieron al BPS antes de la reforma del 96.
Los procederes y situaciones exhibidas en estos últimos meses no son algo nuevo. Confirman que nada va a cambiar en un gobierno que sigue en disputa como el primer día y que se quiere conservar el actual statu quo que les asegura a todos seguir en el poder. Es el costo de una “unidad” que pagamos todos. Cuestión sobre la cual habrá que pronunciarse en 2019.
