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En la edición número 1989 de Búsqueda del pasado jueves 4 de octubre, en la nota titulada El bullying puede desencadenar el suicidio de un menor, pero difícilmente sea el motivo central por el que se quita la vida, el subdirector del Colegio Alemán, Juan Carlos Noya, declara que escuchó “a una psicóloga decir en la televisión que el 30% de los alumnos del Uruguay son víctimas de bullying y que el 100% de los suicidios de adolescentes tienen que ver con situaciones de bullying”, agregando que esto “es un disparate”.
Como investigadora especializada en este tema tan grave y complejo, desde hace años vengo realizando difusión en los medios televisivos para darle visibilidad; por lo tanto, asumo que ese mensaje ha sido dirigido contra mi persona.
Antes que nada, debo precisar que efectivamente el 30% de los alumnos uruguayos son víctimas de bullying, pero que la misma investigación revela que el índice de suicidios en esa población debido a esta causa es del 19% y no del 100%, como cita equivocadamente el entrevistado. Son datos que poseen aval científico y que incluyo en la página 66 de mi último libro Bullying & Mobbing: haciendo visible lo invisible, editado por Penguin Random House – Grijalbo en 2017.
Esto no es ningún disparate. Por el contrario, lo disparatado es que alguien que se autodenomina especialista en bullying desacredite a un colega a través de la prensa, con citas equivocadas y apreciaciones erradas e irrespetuosamente despectivas.
Tengo algunos puntos de coincidencia con el colega Noya, pero hay un concepto general en sus declaraciones con el que discrepo abiertamente: parece que su intención fuera minimizar la gravedad del bullying en los centros educativos uruguayos, tal vez con la intención de proteger a la institución donde él trabaja.
Hace unos días se concretó la primera sentencia de bullying en el país, que generó nerviosismo en algunos centros de enseñanza y volvió a poner en el tapete un proyecto de ley que hicimos en 2016, presentado por la diputada Lourdes Rapalín, que se centra en la prevención de este flagelo y en la responsabilidad de los centros de estudio donde se produce, haciéndolos pasibles de sanciones.
Noya también se equivoca cuando habla de una supuesta “ley” de 2013. No fue tal: fue apenas un protocolo de convivencia escolar, que ni siquiera llegó a reglamentarse y que en un solo punto refiere al bullying, definiéndolo en forma equivocada.
Lo recuerdo muy bien, porque en mayo de ese mismo año organicé en Uruguay el primer congreso internacional de Mobbing y Bullying, al que asistieron figuras con reconocimiento internacional en ambos temas, como Marie-France Hirigoyen, con quien estudié y me especialicé.
Felizmente, mi trabajo de investigación, así como de tratamiento a las víctimas, no responden a ningún interés académico, institucional, ideológico o partidario, lo que me da la libertad de gestionarlo con independencia y profundidad. Yo trabajo para las víctimas y sus familias diariamente, tanto aquí como en el exterior, en contacto con el dolor que genera el bullying, con chicos que se han intentado suicidar incluso más de una vez, sin presentar patología psíquica alguna. Porque todos los especialistas en salud mental sabemos que no tiene por qué haber una patología para que una persona se suicide, algo que desacredita el señor Noya, con la clara intención de suavizar los efectos del bullying. Y al acusar a las víctimas de tener algún problema propio, también las desacredita a estas, lo que las revictimiza y con ello acentúa los perjuicios del acoso. También trabajo con familias destrozadas como consecuencia de suicidios por bullying.
Como profesional, me irrita profundamente tener que hacer estas puntualizaciones, porque la opinión de mi colega que ustedes han publicado revela una vez más la existencia de centros educativos que se niegan a abordar el tema con la seriedad que amerita. Además, deja en evidencia la disonancia cognitiva de algunos profesionales y un relacionamiento conflictivo entre colegas.
Sería preferible polemizar menos a través de los medios y ponernos a trabajar mancomunada y seriamente para combatir este flagelo. A escala internacional hay una alerta que nos invita a todos los países a trabajar en prevención, dado que para 2025 se proyecta el suicidio de unos 850.000 niños y jóvenes en todo el mundo por esta causa. Un problema que viene en crecimiento, por lo que no es extraño que una medición en 2012 haya determinado que lo sufren entre 3 y 4 chicos de cada diez, y si otra hecha en 2014, según Noya –no sé si fue una encuesta–, hable de un 10%, cuando las cifras resultado de investigaciones latinoamericanas e internacionales no solo ponen a Uruguay en tercer lugar en Latinoamérica, sino que este flagelo viene creciendo, especialmente en países que no tienen una ley y no se trabaja en prevención, como sucede en el nuestro.
Lo dicho nos lleva a la conclusión de que deberíamos, como vengo advirtiendo desde hace tiempo, hacer una medición en todo Uruguay y en el más amplio rango etario. Justamente esta es una de las acciones plasmadas en el proyecto de ley de 2016.
De esta forma tendremos un panorama objetivo y científico para comenzar a trabajar en equipo, lo que corresponde para hacer las cosas correctamente, como lo merecen nuestros niños y jóvenes.
