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Agentes marítimos, operadores portuarios, terminales de contenedores, depósitos, y armadores internacionales y nacionales son algunas de las entidades que forman el Centro de Navegación (Cennave), una cámara con 101 años de trabajo que nació apenas una semana después de la Administración Nacional de Puertos. El Cennave nuclea a las empresas vinculadas al transporte marítimo y fluvial, a la actividad portuaria y al comercio internacional, las cuales actualmente reclaman al gobierno que revea recientes medidas que consideran están perjudicando al sector, a la vez que dañan la competitividad del país.
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“Si sumás las situaciones respecto a los 13 jornales de los trabajadores y a la seguridad portuaria, a la conflictividad que tiene el puerto de Montevideo —hoy con asambleas constantes y paralizaciones—, a la competencia de la región... es un momento duro”, afirmó a Búsqueda Mónica Ageitos, gerenta ejecutiva y asesora jurídica del Centro de Navegación.
Esa preocupación será transmitida en una comparecencia ante el Parlamento prevista para mañana, viernes 8. Paralelamente, el centro tiene prevista una asamblea de socios para decidir los pasos a seguir. “Vamos a tener que tomar decisiones fuertes”, adelantó Ageitos.
La gerenta se refirió en primer lugar al artículo 116 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que ya fue aprobado por Diputados, una demanda que desde hace tiempo empuja el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). Allí se establece la obligación a las empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios o extraportuarios, y en muelles o explanadas, de garantizar a su personal estable un mínimo de 13 jornales; además, en caso de que las empresas requieran mano de obra eventual la misma deberá ser aportada por un operador portuario que deberá asegurar 13 jornales a esa plantilla eventual.
El Cennave sostiene que esa disposición generará inseguridad jurídica, encarecerá la cadena de servicios (impactando en última instancia en el consumidor), a la vez que en el puerto afectará la competitividad, la productividad, los negocios zafrales y los contratos vigentes entre exportadores y compradores. También argumenta que incumple la negociación colectiva del sector.
“El artículo trae muchos problemas. Entre otras cosas, entendemos que es inconstitucional ya que excede el período de gobierno y se refiere a la interpretación o ejecución del Presupuesto. Además, es un tema netamente salarial que ya fue negociado en el Consejo de Salarios, donde se trató y fue laudado. ¿Para qué es que negociamos tanto tiempo si luego se contraviene?”, criticó Ageitos.
La gerenta y asesora del Cennave explicó que inicialmente el planteo de los 13 jornales fue llevado a la Comisión de Presupuesto de Diputados por el Supra, y a último momento fue presentado como aditivo con una redacción distinta a la original. “Entró el último día a Diputados y se votó enseguida. Nadie nos consultó, nos enteramos después de que ya había entrado”, protestó, en referencia a anteriores convocatorias que la cámara tuvo en el Parlamento para discutir otros temas.
Los legisladores opositores que votaron en contra de la iniciativa argumentaron, entre otras cosas, que no ven correcta su inclusión en la ley de Rendición de Cuentas. Incluso, según Ageitos, algunos diputados oficialistas que la apoyaron luego confesaron a integrantes del Cennave que la aprobación pudo haber sido un error. “En el Palacio Legislativo es frustrante que te digan: ‘En realidad es un desastre, afecta el puerto, es inconstitucional, pero lo vamos a votar igual. Hablen con Tabaré Vázquez a ver si lo puede vetar’”.
Grave ilegalidad
Otra situación cuestionada por el Centro de Navegación es la aprobación del decreto 186/017, dictado por el Poder Ejecutivo en julio, que introduce una serie de modificaciones regulatorias sobre el sistema de practicaje para los buques que operan en el puerto de Montevideo. Los prácticos son profesionales privados que asisten las maniobras de los buques en el ingreso y salida de puerto, y que obligatoriamente deben realizar guardias en las cargas consideradas peligrosas, aquellas que, por ejemplo, transportan aerosoles, perfumes y pinturas.
El Cennave considera que el decreto aumenta los costos de los prácticos para los armadores y delega a privados potestades de la Prefectura Nacional Naval y de la Administración Nacional de Puertos, con lo que el gobierno está beneficiando a un oligopolio. “Excesos de un monopolio que factura millones”, fue el título de un comunicado de prensa emitido por la cámara la semana pasada. Junto a diversas empresas del sector, el Cennave presentó un recurso ante el Ministerio de Defensa porque entiende que la norma tiene “graves problemas” de ilegalidad y de inconveniencia. “No sabemos por qué el gobierno ha hecho esto”, reconoció Ageitos.
Para debatir la normativa y las condiciones de trabajo de los prácticos existe un ámbito dispuesto por el artículo 125 del decreto 308/986 sobre el Reglamento General de Prácticos. Esa comisión la integran representantes de los Ministerio de Transporte y de Trabajo, la Prefectura Nacional Naval, los prácticos y el Cennave. “Normalmente lo que nos ha pasado es que cuando nosotros planteamos temas perdemos, y cuando se plantean temas por parte de lo prácticos son apoyados. Esto fue lo que pasó en la comisión con el decreto”, se quejó Ageitos.
Según la gerenta, en ningún momento se llevaron a cabo las guardias que cobran los prácticos en aquellos buques con mercadería peligrosa. “El servicio nunca se dio como estaba estipulado. Una vez que preguntamos sobre esto en la comisión no se nos dio respuesta, y cómo no se podía seguir manteniendo este costo se buscó la forma de que los prácticos no perdieran lo que estaban ganando con esas guardias que no realizaban. Al no poder fundamentar el costo decidieron entonces establecer un nuevo concepto de seguridad portuaria, que se crea mediante el decreto de julio, con una letra muy, muy débil, que lo que hace es aumentar el costo de practicaje para poder solventar esa seguridad portuaria”, señaló.
Junto al decreto existe un protocolo de actuación en donde se establecen las tareas que les atañen a los prácticos en esta nueva normativa. “Hay una cantidad de cosas que van a hacer los prácticos, como ser asesores en temas medioambientales y de recursos humanos, que no tienen que ver con su capacitación. Le están dando al práctico competencias que no le corresponden. Hay una delegación no autorizada de responsabilidades que les corresponden a la Prefectura y a la Administración Nacional de Puertos, por eso hablamos de una grave ilegalidad”, enfatizó Ageitos.
Además de las implicancias a nivel nacional, el Cennave cree que el decreto tendrá consecuencias regionales pues Argentina está analizando justamente lo contrario: disminuir en sus puertos los costos de los prácticos. “El propio presidente Mauricio Macri tiene el tema y es inminente un decreto para bajarlos”, advirtió.
