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El consumo de útiles de oficina que hace el Estado uruguayo es de, por lo menos, $ 23,3 millones anuales, algo más de US$ 800.000 al tipo de cambio actual. Gastó más de $ 1 millón al año en, por ejemplo, biblioratos de cartón, lapiceras, cajas archivadoras plásticas, carpetas con elástico, cinta adhesiva transparente y lápices.
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En cantidades, lo que más compró fueron sobres; adquirió 225.200 en los últimos 24 meses, según una encuesta que respondieron empresas proveedoras de útiles de oficina realizada por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) para estudiar ese mercado y lanzar una modalidad de adquisición conocida como “convenio marco”.
De todos modos, dichas cantidades subestiman la demanda total del sector público de estos artículos de oficina, dado que la encuesta fue respondida solo por 20 de 270 empresas a las que se les envió el cuestionario. Los que contestaron declararon haber vendido en los últimos dos años 150.900 fundas protectoras plásticas para hojas, 51.140 carpetas, 31.260 bolígrafos, 22.505 cuadernos, 13.160 marcadores de fibra, 8.300 notas de hojas adhesivas, 7.400 biblioratos, 6.440 lápices, 3.585 grapadoras, 3.950 aprietapapeles y 5.370 gomas de borrar, por ejemplo.
El cálculo en dinero de la demanda de útiles de oficina por parte del Estado —$ 23.368.537 anuales— surge de datos del observatorio de compras públicas correspondientes a 2014 y 2015. También está subestimada por el hecho de que, por tratarse de artículos de precio unitario reducido, habitualmente las compras no superan el monto a partir del cual es obligatorio publicar en la web de compras y contrataciones del Estado.
“Plazos engorrosos”.
El 94% de las adquisiciones fue por compra directa y algo más de 5% mediante licitación abreviada; los organismos compradores “buscan evitar los plazos engorrosos de la licitación pública”, apunta el estudio. Entre cerca de una treintena de organismos, el Banco República figuró como el que tuvo mayores cantidades adjudicadas; una “demanda generalizada” es clave para un “buen convenio marco”, según el análisis.
Casi todos los proveedores fueron micro, pequeñas y medianas empresas. El 82% le vendió al Estado en más de 10 ocasiones. “Esto muestra que los adjudicatarios tienden a repetir su experiencia, es decir, que algunas empresas podrían estar teniendo un mercado cautivo en el sector público”, señala el estudio.
En ese sentido, indica que el mecanismo convenio marco —al que pueden adherirse los distintos organismos por intermedio de una “tienda virtual”, tras definirse condiciones técnicas y comerciales generales de compra— “permite superar algunas de las dificultades mencionadas por las empresas para trabajar con el Estado” en la medida en que colabora en solucionar el problema de la dependencia de licitaciones o procesos que impiden prever las ventas. También porque permite “homogeneizar el procedimiento”, en la medida en que está previsto que no requiera la presentación de muestras de los productos, ni mantenimiento de oferta, ni fiel cumplimiento del contrato. Esto facilita la presentación de un mayor número de proveedores, en particular los de tamaño más pequeño, agrega.
La recepción de ofertas para un conjunto de artículos —aprietapapeles, biblioratos, block rayado, bolígrafos negro, rojo y azul, corrector líquido, cinta adhesiva, sobre Manila, perforadora para papel, tijera para oficina, sacapunta, sacabroche, corrector, etc.— venció el miércoles 30.
El primer convenio fue para adquirir computadoras de escritorio y portátiles. Por los 477 equipos (US$ 427.898 en total) logró precios promedio inferiores a los pagados en el mismo período por otras modalidades de contratación (licitación pública, abreviada o compra directa), según una evaluación realizada por la ACCE.
Dicha repartición prevé lanzar en el corto plazo convenios marco para materiales de construcción, vestimenta y equipamientos energéticos.