Por ejemplo, en la integración de los nuevos inmigrantes, que puede hacer aflorar las dificultades que tienen los uruguayos para “aceptar al diferente”.
También está pendiente de las discusiones en torno al nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Cree que el sistema político se siente “acorralado” ante las demandas de seguridad de la población y critica que se le hicieran cambios al código a los pocos meses de aprobarlo. Teme, además, que durante la campaña electoral se “profundicen” ese tipo de soluciones “que tratan de desnaturalizar el sistema acusatorio”.
—Asume en la Corte en momentos en que la región está convulsionada, con gobiernos que han puesto en duda el cumplimiento de ciertos derechos humanos ¿Qué rol debe tener la Corte en este contexto?
—La Corte ha transitado históricamente por distintos períodos. Hace 40 años, cuando se constituye con la firma del pacto de San José de Costa Rica, el continente vivía una época muy complicada desde el punto de vista de los derechos humanos, con dictaduras en varios países. En ese contexto fue muy importante la primera sentencia que dictó, que es Velázquez Rodríguez contra Honduras, sobre un caso de desaparición forzada. A partir de allí la Corte fue marcando una serie de parámetros jurisprudenciales que hoy son mirados con atención en el mundo, como lo que ha hecho en materia de derechos de los pueblos originarios, que tiene una enorme actualidad porque hoy hay gobiernos que quieren dar un paso atrás. Otra área importante es todo lo que ha trabajado en libertad de expresión, y la enorme construcción que se ha hecho en materia de independencia judicial y garantías procesales.
—En el contexto actual, ¿cómo logra imponerse la Corte sin mecanismos para obligar a los países a cumplir sus fallos?
—El desafío que tiene hoy la Corte es distinto, pero es parecido al que tuvo cuando afirmó su legitimidad en momentos muy difíciles. Esta Corte tiene una diferencia con otros tribunales regionales, porque aquí no hay previsto un mecanismo de ejecución de sentencias. Hay un área de supervisión de sentencias que se realiza a través de audiencias con las víctimas y los Estados, y pedidos de informes a los Estados. Pero la única posibilidad que tiene la Corte ante un Estado que es reincidente y contumaz en el cumplimiento de su sentencias es darle cuenta a la Asamblea General de la OEA, que es la que puede aplicar sanciones de tipo político, pero no hay muchos antecedentes de eso porque se requieren dos tercios de votos. No obstante, la enorme mayoría de las sentencias de la Corte se cumplen, algunas total y otras parcialmente, y logran cambios sobre todo en lo que se llama medidas de no repetición, que aconsejan cambios legislativos o de otro orden para que no se vuelvan a repetir los hechos. Ahí la Corte ha tenido un fuerte éxito, ha ganado en legitimidad. En 40 años ha hecho un trabajo muy importante estableciendo estándares, orientando a los Estados con las opiniones consultivas. Ese escenario complicado que tiene el continente hace que la Corte cada vez sea un órgano más necesario, diría que imprescindible, y que debe fortalecerse por el bien de la vigencia de los derechos humanos en la región.
'Hoy el régimen presupuestal pone al Poder Judicial en manos de los otros dos poderes del Estado. Hay que cambiar este régimen. La independencia judicial es un tema esencial al Estado de derecho'.
—¿Por qué potencias como Canadá o Estados Unidos integran la OEA, pero no se someten a la competencia de la Corte?
—La OEA tiene 34 miembros y hoy solo 20 aceptan la competencia de la Corte. Alguno ha suscrito la Convención Americana, pero no ha aceptado la competencia de la Corte. Lo ideal sería que este fuera un tribunal, como dice su nombre, interamericano. Pero la realidad es que Estados Unidos tiene una actitud muy renuente a todo lo que son convenios de derechos humanos y sobre todo a admitir que haya algún tribunal que pueda resolver sobre cosas que resuelven sus tribunales nacionales. Eso hace difícil su incorporación. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que al sur del río Bravo, todos los Estados reconozcan la competencia de la Corte, y adhieran a la convención. Tenemos algún país del Caribe que estuvo y ahora no está, y alguno que nunca estuvo. De todas formas, es interesante aclarar que eso no quiere decir que Estados Unidos y Canadá se sustraigan totalmente del sistema interamericano, porque sí están sujetos al control de la Comisión Interamericana, que es anterior a la Convención.
—¿Los ciudadanos de la región saben que están bajo la protección de un sistema interamericano de derechos humanos?
—La Corte necesita un plan estratégico de comunicación. Los Estados toman rápidamente conocimiento de lo que se decide en la Corte, y la sociedad civil que sigue estos casos también. Pero tenemos un gran problema en los beneficiarios, que son los ciudadanos de a pie, y que no tienen claro ni siquiera cómo funciona el sistema, que la Comisión está abierta para recibir denuncias. Eso hay que darlo a conocer. También hay que difundir el contenido de sus fallos. No solo para la población son desconocidos, sino también para la propia academia. En Uruguay hay una cantidad de asuntos que se resuelven a diario en tribunales sin tener en cuenta esa jurisprudencia, que es una parte fundamental del orden jurídico nacional.
—¿Qué opina sobre la estrategia de Uruguay de buscar una salida para la crisis en Venezuela a través del diálogo?
—En ocasión de la apertura del año judicial interamericano, el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, mencionó en su discurso los casos de Venezuela y Nicaragua y manifestó su preocupación por la vigencia de los derechos humanos en esos países, y la necesidad de buscar la paz. Más allá de quién reconoce a quién, porque esa es una lucha de tipo político, acá lo que hay que asegurar es que Venezuela y Nicaragua tengan paz interna, que no haya derramamiento de sangre, y que rijan los derechos humanos. Y creo que ahí la comunidad internacional tiene un rol muy importante a cumplir.
—¿Cómo ve los reclamos por la falta de presupuesto que han planteado desde la Suprema Corte de Justicia?
—Parecería que el tema presupuestal del Poder Judicial en Uruguay es casi endémico, y será así en la medida que no se le reconozca tener autonomía financiera como hay en otros países. Hoy el régimen presupuestal pone al Poder Judicial en manos de los otros dos poderes del Estado. Hay que cambiar este régimen. La independencia judicial es un tema esencial al Estado de derecho. Cuando se dice que Uruguay es de las pocas democracias plenas en el mundo, y una de las dos de América Latina, se está diciendo que hay un país donde los derechos son respetados y donde hay un Poder Judicial independiente que puede hacer aplicar esos derechos.
¿Cómo se supera el problema? El Poder Judicial tiene que ser un impulsor de estos cambios, no puede quedarse en la vereda mirando cómo pasan las cosas. Haciendo una política de comunicación para que la población tome conocimiento de lo que hace, de la trascendencia que tiene en la vida de cada ciudadano, y de la necesidad de jueces independientes para que haya Estado de derecho. Ahí tiene que haber una política de acercamiento del Poder Judicial a la población.
—¿En que áreas de los derechos humanos le parece que Uruguay tiene debilidades?
—El Examen Periódico Universal de Naciones Unidas ha sido muy claro. El sistema carcelario es un problema muy importante. Y tiene que ver con los derechos humanos no solo de la gente que está presa, sino con los derechos de cualquier ciudadano común, porque una política carcelaria deficitaria es un factor decisivo en los problemas de seguridad de la ciudadanía. Si fracaso en la recuperación, el individuo que sale a la calle va a delinquir. Y ahí estoy afectando la seguridad de todos los ciudadanos, y eso es muy difícil de ver para el ciudadano de a pie. Pero el sistema carcelario es el primer factor de contención de esta avalancha de violencia que tenemos.
'Una política carcelaria deficitaria es un factor decisivo en los problemas de seguridad de la ciudadanía. Si fracaso en la recuperación, el individuo que sale a la calle va a delinquir'.
No tenemos grandes problemas de acceso a la educación, pero tenemos problemas de calidad educativa. Y la educación de calidad es un derecho. Hay algún problema de integración, tenemos que ver cómo solucionamos la integración de toda esta inmigración que ha venido, es un hecho que se nos presentó en los puertos y aeropuertos, con gente que habla nuestro idioma pero con otra tonalidad, otras costumbres. También hay una fuerte preocupación sobre la cuestión que tiene que ver con el medioambiente como derecho humano.
—La protección del medioambiente no es un tema muy presente en la Justicia uruguaya.
—Todavía no. Estamos lejos. Pero tenemos problemas ambientales muy fuertes. Basta asomarse a la costa estos días. Basta con ver el río Santa Lucía, que suministra a algo más de la mitad de la población. Si bien Uruguay tiene un alto nivel en materia de derechos humanos en la región, hay una cantidad de áreas en las que tiene déficits que deben ser atendidos a tiempo para que no se profundicen. Como se profundizó el tema de la seguridad, por no haber actuado a tiempo.
—Mencionó el tema de la inmigración. ¿Cree que la creciente llegada de extranjeros puede hacer que afloren rasgos como la xenofobia?
—Creo que si rascamos la cáscara, el uruguayo sigue teniendo dificultades para integrar al diferente. También en el área de la discapacidad. Creo que ahí hay una cosa encubierta, que no está en la superficie, pero que en la medida que los diferentes se siguen manifestando, aparecen los problemas de intolerancia y de discriminación.
—¿Cómo ve la marcha del nuevo CPP, y los acuerdos entre fiscales y defensores, que han generado críticas por llegar a soluciones demasiado benignas?
—Siglos de inquisitivismo, en los cuales el juez era el dueño absoluto del proceso y de la libertad de las personas, acostumbraron a la gente a que el proceso penal es la única respuesta para castigar, y que la única forma aceptable de castigar es la prisión. Eso está tan arraigado que hoy es el discurso de la población, incentivado por los medios. No estoy culpando a los medios, ellos tratan de tener una sintonía con lo que piensa la población, y se retroalimentan mutuamente. Cuando aparecen estas reformas procesales penales, que tratan de crear un proceso más garantista, y que le dan un gran papel al fiscal, hay un cortocircuito entre la visión de la población y la visión del fiscal. El sistema proclamaba menos prisión preventiva y por menos tiempo. Pero a los dos meses de estar rigiendo, empezaron proyectos de reforma legislativa para hacer más restrictiva las posibilidades de salir de la prisión preventiva.
—¿Cree que la reforma perdió la confianza de la población?
—Cuando se empezó a buscar acuerdos para implementar el CPP, yo era presidente de la Corte y planteé en todas las ocasiones que pude que, en paralelo a mover los obstáculos de orden logístico, había que mover obstáculos en otro plano. Yo buscaba que, con la “ley de medios” en la mano, se pudieran hacer campañas de bien público para explicar el sistema. Nadie lo tuvo en cuenta. Ni antes ni después. Y eso genera todas estas discusiones. Yo encuentro que el sistema político se encuentra un poco acorralado con esto y trata de actuar en consonancia con la población... Los acuerdos que permiten los procesos abreviados fueron aprobados por unanimidad por todos los partidos políticos. Y hoy cuando se ven las consecuencias surgen críticas. Hay un llamado de atención: votaron con unanimidad y en pocos meses están totalmente en contra de lo que resolvieron. Pero también hay un llamado de atención al sistema, que a veces puede aplicar defectuosamente los acuerdos. Ha habido algunos casos impresentables, pero eso también hay que atribuirlo a la inexperiencia. ¿Porque cuánto es el tiempo necesario para evaluar el funcionamiento de un sistema procesal penal? ¿Uno o dos meses, como se hizo en Uruguay? En junio del año pasado no hacía un año de la vigencia y ya había varias leyes que habían modificado el código. Lo que pasa es que hay urgencias, estamos en la puerta de un proceso electoral, y eso hace que sea muy difícil un análisis científico. Me temo que en campaña electoral se profundicen las soluciones que tratan de desnaturalizar el sistema acusatorio.
—¿Cree que se van a intensificar los ataques a la reforma durante la campaña?
—En la medida que el tema seguridad es tema de campaña, sí. Hay algunas editoriales preocupantes, opiniones en la políticas, algunas en la academia que están cuestionando todo. Por un lado está el efecto noviembre manejado por el Ministerio del Interior. Por el otro lado, prácticamente toda la oposición está hablando de benignidad. Entonces está en el centro de la campaña, en el centro de la reforma legislativa, y creo que habría que dar un buen margen de discusión, oyendo a la academia, y oyendo a los actores directos del sistema.
