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Durante más de 40 años dieron clases de honradez, probidad y seriedad administrativa, adalides en la lucha por la justicia y la rectitud. La transparencia de los actos de gobierno era una bandera icónica en todos los discursos. Y me estoy refiriendo a la coalición de gobierno.
En los hechos, a la hora de la verdad, es todo lo contrario. Además del manejo dispendioso, pródigo y en muchos casos irresponsable de los dineros públicos (el “caso Ancap” es un paradigma), de lo que se trata es de ocultar todo. Todo lo posible, esgrimiendo argumentos pueriles y casi infantiles.
No se puede saber nada del acuerdo por la planta UPM II. Siendo la inversión proyectada privada más grande de la historia e involucrando una inversión por parte del gobierno de más de US$ 2.000 millones para beneficio de una empresa privada, los términos de semejante acuerdo son secretos. Y lo mismo desde el punto de vista ambiental, tan grave como lo primero.
En un momento se solicitó al Codicen saber públicamente el resultado de las pruebas PISA, pero detalladas según cada liceo. Obviamente, esto fue catalogado como top secret. Aparentemente, saberlo estigmatizaría a los institutos y de ahí a sus alumnos. Solo con el tiempo y una solicitud judicial fue posible acceder a ciertos datos.
Hace pocos días se le solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores los gastos discriminados por Embajadas de nuestro país en el exterior. Por supuesto, esto también fue catalogado por el jerarca respectivo como top secret por razones de “estrategia”, según dijeron ¿…?
La semana pasada se le solicitan a UTE datos acerca de los apagones, duración, clientes involucrados, etc. Por supuesto, esto también fue catalogado como secreto de Estado. Cuando ya llegando al límite de lo absurdo y el ridículo, el presidente de UTE se avino a proporcionar datos, por supuesto, no todos, como para salir del paso y salir del bochorno.
Otro tanto se puede decir del frustrado proyecto de la regasificadora. Una adjudicación “entre gallos y medias noches” a una empresa con cero experiencia en el rubro y a precios por lo menos sospechosos (OAS es la empresa, con sus jerarcas presos en Brasil por corrupción y habiendo declarado de haber pagado coimas en nuestro país) y que nos ha generado varias decenas de millones de dólares de pérdidas. De eso, no se puede saber mucho porque Gas Sayago opera en el Derecho Privado. Las decisiones tomadas son completamente inexplicables. Ya el proyecto desde el comienzo era un absurdo total. A duras penas, hubo que hasta hacer una comisión investigadora en el Parlamento para tratar de conocer algo los procedimientos.
Análogamente, se puede decir lo mismo, el secretismo total en muchas cosas más. El caso de los prisioneros de Guantánamo, el caso del puerto de aguas profundas y sus costos estatales, el caso de los inmigrantes procedentes de Siria. En este último episodio, luego de solicitudes y comparecencias varias por la Secretaría de la Presidencia, se logró saber que el costo total de la operación para traer 7 familias estaba en el entorno de ¡4 millones de dólares! Aunque usted no lo crea. Por las dudas, merece aclararse que hay unos casi 300.ooo compatriotas viviendo en asentamientos.
Lo que está próximo a inaugurarse y es otra perla de este collar, es el caso del Antel Arena. Además de ser una construcción escandalosamente ilegal y por fuera de su Carta Orgánica, nos enteramos en primera instancia que iba a costar 40 millones, luego eran 80 y después con todo el equipamiento y demás terminaciones, no sabemos cuánto puede costar. ¡Antel construyendo y administrando un estadio! Ni siquiera se pudo saber con pedidos de información del propio Parlamento. La respuesta de Antel es que no se pueden saber los detalles porque “Antel está en competencia”, dijeron las autoridades. Califique usted la respuesta.
Habría que aclararles, si fuese necesario, al presidente, a los ministros y los jerarcas de gobierno que no son los dueños del Estado. Sistemáticamente se desoyen todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, que uno no sabe exactamente para qué existe. No pueden hacer lo que se les plazca con los dineros públicos y deben dar cuenta y explicaciones de los actos de gobierno y llegado el caso, también debería ser rigurosamente ante la Justicia (lo que habitualmente se conoce como accountability).
Parecería ociosa esta aclaración, para quienes hicieron durante más de 40 años un discurso tan contundente a favor de la transparencia. Como simple ciudadano, es bochornoso escuchar todos los días las más variadas excusas tratando de ocultar todo.
