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    La oposición advierte que regulación propuesta por el gobierno podría “terminar eliminando” al voluntariado

    El proyecto de ley impulsado por el oficialismo implicaría que curas y rabinos tengan que inscribirse en el Ministerio de Trabajo, afirmó el senador Pedro Bordaberry

    Alrededor de medio millón de uruguayos realizan tareas de voluntariado: ofrecen su tiempo y su trabajo con fines de bien público sin percibir una remuneración.

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    Si bien durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se aprobó una ley sobre el trabajo voluntario, hoy, 13 años después, el Parlamento está enfrascado en una discusión para aprobar una segunda norma que fije parámetros sobre el tema. Desde el oficialismo aseguran que el proyecto de ley apunta a la promoción del voluntariado social, pero la oposición sostiene que lo que se busca es “controlar” y “regular” esta actividad porque se teme que sustituya a empleos formales.

    En noviembre del año pasado, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en Diputados. Sin embargo, la iniciativa no tiene el mismo respaldo en el Senado. La oposición cuestionó los cambios que el oficialismo hizo al proyecto, que modificaron el sentido original de la iniciativa. Las críticas apuntan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que ha mostrado especial interés en regular el tema.

    “Es muy importante para los trabajadores y empresarios del país, para evitar que el voluntariado se transforme en una competencia desleal entre empresas o una forma escondida de trabajo. El proyecto que hemos presentado al Senado es un avance en ese camino”, aseguró el ministro Ernesto Murro, al disertar en junio ante un grupo de empresarios.

    El objetivo del proyecto es “fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones” con los organismos o entidades y las personas destinatarias del voluntariado.

    La iniciativa declara de interés general la promoción del voluntariado con fines de bien común. Se definen como actividades de bien común las que se realizan con “fines de solidaridad” para “favorecer el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad”. Es una actividad de voluntariado la que tenga carácter solidario, se realice sin ninguna obligación y no tenga contraprestación económica o material.

    En el artículo 14, el proyecto indica que los servicios de los voluntarios “no podrán ser utilizados para sustituir empleos formales ni para sustituir trabajadores en huelga, en subsidio por desempleo o evadir las obligaciones con los trabajadores”. Quienes realicen tareas de voluntariado deberán estar cubiertos por un seguro de accidente y de enfermedades.

    Las entidades que realicen tareas de voluntariado deberán inscribirse en un registro del MTSS, dispone la iniciativa. Será este ministerio el que tendrá a su cargo “el contralor de la actividad del voluntariado”. Se podrá sancionar a las organizaciones a través de la Inspección General del Trabajo.

    Fuentes del ministerio explicaron a Búsqueda que con este proyecto se cambia la forma de inspección de una organización social, que hoy no pueden investigar porque la normativa es “difusa”. Desde esa secretaría entienden que, por ejemplo, una persona que trabaja desde hace un año en una organización religiosa, y que firma formalmente el acta que lo certifica, constituye una competencia desleal con una empresa. De aprobarse la ley, sin embargo, se puede presumir que hay una relación laboral, explicaron.

    Curas y rabinos

    El proyecto fue discutido en el plenario del Senado en mayo, pero surgieron algunas dudas y se volvió a analizar en comisión. Allí se aprobó una nueva versión del texto y volvió al plenario el martes 17, cuando desde la oposición realizaron duras críticas a la iniciativa. Los cuestionamientos de los legisladores generaron dudas en el oficialismo, que, si bien no retiró el proyecto, espera encontrar soluciones para volver a tratarlo en agosto.

    La defensa del proyecto estuvo a cargo de la frenteamplista Daniela Payssé. La senadora destacó el “aporte importante” que hizo el MTSS, en especial Murro, a la redacción de la propuesta. “Esta iniciativa promueve las mejores prácticas en relación con la actividad del voluntariado, pero también recoge algunos consejos vinculados a impedir que se recurra a estas figuras para maquillar otras realidades que nada tienen que ver con el voluntariado”, sostuvo.

    Tras su intervención, la oposición no ahorró críticas al proyecto.

    “No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo”, advirtió el colorado Pedro Bordaberry. A su juicio, el proyecto implicaría que los curas de la Iglesia católica, los rabinos de la congregación judía y “todos los religiosos” tengan que celebrar un contrato y registrarse en el ministerio.

    Bordaberry afirmó que el proyecto está redactado desde la perspectiva del Derecho Laboral y no del voluntariado, “ya que el “90% de la ley es para regular”.

    La nacionalista Carmen Asiaín dijo que el proyecto va a “terminar eliminando el voluntariado” y cuestionó que el Estado busque con la iniciativa “llegar a todos los resquicios, a cada rincón de la intimidad, allí donde el habitante en el ejercicio de su libertad quiere prestar un servicio a la comunidad”.

    Asiaín informó que la Mesa Nacional de Diálogo sobre el Voluntariado se expresó en contra del proyecto porque algunas de sus disposiciones “generan obstáculos insalvables”. Según dijeron los integrantes de la mesa, hay aspectos “difíciles de implementar” por los “costos” que generan. Por ejemplo, el tener que contratar seguros.

    Pablo Mieres, del Partido Independiente, criticó que en este tema interviniera el MTSS, que busca “encontrar atrás de cualquier voluntario un trabajo encubierto”. “Hay sospechas de que acá hay cosas espurias”, dijo.

    Álvaro Delgado, legislador del Partido Nacional, se preguntó por qué “complicar lo que funciona bien”, y señaló que gran parte del Uruguay “vive de la solidaridad”. Agregó que el proyecto es “un Gran Hermano sobre la base de la paranoia de una relación laboral encubierta y meten al MTSS a controlar todo”.

    Su compañero de bancada, Javier García, coincidió con esa visión y afirmó que el que redactó la iniciativa “no conoce la actividad del voluntariado”.