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El reclamo surgió hace casi dos años, cuando en los primeros días de enero de 2017 una empleada administrativa del Ministerio del Interior, de 29 años, falleció intoxicada en el Complejo CH 84 de Casavalle luego de que un delincuente arrojara una bomba molotov dentro de su casa, donde también estaban su madre y dos sobrinas. Al entender que se trataba de un ataque en represalia por ser una oficial de Policía, el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo (Sifpom) se reunió con el ministro y el subsecretario del Interior para buscar la forma de socorrer a las personas que eran agredidas en sus barrios por pertenecer al organismo.
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Se decidió entonces crear un protocolo de amenazas contra policías que entre sus principales medidas permite que sean mudados a otro barrio, una herramienta que se ha utilizado con más asiduidad a causa de los doce operativos contra el crimen organizado que el gobierno llevó adelante en zonas de Montevideo, Canelones, Maldonado y Salto.
El director nacional de Policía, Mario Layera, afirmó a Búsqueda que el protocolo “se aplica más” desde que estos operativos, denominados Mirador, se iniciaron en diciembre de 2017 y se desarrollaron con más profundidad desde julio a partir de un procedimiento de alto impacto en el barrio Los Palomares, ubicado en Casavalle. Monitoreados directamente desde la Presidencia de la República, los operativos buscan desarmar grupos delictivos dedicados especialmente al narcotráfico que han logrado controlar las zonas donde operan.
Un censo interno realizado en 2017 por el ministerio determinó que hay aproximadamente 800 policías residentes en zonas metropolitanas consideradas de contexto crítico y donde operan grupos delictivos.
El éxito que el gobierno ha tenido en ese cometido generó la reacción de los criminales.
“Hemos tenido más lesionados, más atentados a policías, más amenazas a policías, y sabíamos que esa era una de las primeras consecuencias que íbamos a encontrar. Y después, otros operadores que cuando los visualizan como elementos que están participando en esta disputa sobre el territorio que ellos quieren ganar, también son objeto de amenazas y se convierten en objetivos de estas personas. Es algo que venimos observando con mucho cuidado cómo evoluciona”, dijo Layera semanas atrás (Búsqueda Nº 2.000).
Según el jerarca, la causa de la reacción es la “intervención del Estado en los territorios que estos grupos pretenden dominar”. Asegura que por ahora se trata de agresiones de “bajo nivel”, como insultos, disparos al aire o botellas de combustible que se colocan en las inmediaciones de los hogares de policías. Cuando este tipo de situaciones suceden y el policía las denuncia, se activa el protocolo diseñado en 2017, a través del cual se evalúa la gravedad del hecho para definir las medidas de asistencia necesarias para el funcionario, que entre otras involucran enviar a sus hijos a instituciones educativas ubicadas en otro lugar y en última instancia el realojo de toda la familia en un nuevo hogar.
Un problema
En setiembre, un grupo de vecinos de Los Palomares denunció ante la Fiscalía las amenazas de muerte que Jairo Sosa, integrante del grupo criminal Los Chingas, realizó contra Gustavo Leal, coordinador de los operativos Mirador desde su cargo como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. “El mensaje frente a las amenazas es la confianza, que tengan claro que de aquí el Estado no se mueve, el Estado va a estar cada vez más firme y una sociedad de la convivencia se construye con compromiso frente al terror”, respondió Leal días después. Según informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior, las amenazas a Leal no fueron las únicas que jerarcas de la cartera han recibido en los últimos meses.
En el caso de los funcionarios policiales, la presidenta de Sifpom Patricia Rodríguez asegura que las amenazas “nunca han mermado” desde 2017, lo que supone un “gran problema de contención” para los policías por varias causas: no solo agreden al funcionario sino a su familia, en muchos casos no se quieren ir del barrio y en otros incluso desconocen la existencia de un protocolo que busca protegerlos. “Como resultado terminan por vivir con las ventanas y las puertas tapadas, por temor a que les tiren cosas o les prendan fuego la casa”, aseguró Rodríguez.
El protocolo obliga a centralizar las denuncias a través de la Dirección Nacional de Policía, de forma que tengan carácter nacional y una garantía más amplia que si se hace en una seccional, como sucedía antes. “Se decidió eso para que los policías, si eran amenazados, no tuvieran que ir a denunciar el hecho a la seccional de su jurisdicción, de forma de no elevar el riesgo o que la denuncia quede desatendida entre otras tareas que se realizan en las seccionales”, aseguró Rodríguez.
Un censo interno realizado en 2017 por el ministerio determinó que hay aproximadamente 800 policías residentes en zonas metropolitanas consideradas de contexto crítico y donde operan grupos delictivos. “Estamos convencidos de que es un problema”, admitió el ministro Eduardo Bonomi al presentar los datos. El gobierno estudia cuántos de esos policías tienen real interés en salir de esos barrios, más allá de si fueron amenazados o no, para agilizar acuerdos con el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda.
