Las excepciones hasta el momento fueron un procesamiento por asistencia al lavado, dictado por la jueza Beatriz Larrieu, y la formalización del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo.
El gobierno esperaba revertir este año la tendencia “preocupante” en la baja de los procesamientos por el delito de lavado de activos, que llevó la cifra al “mínimo histórico” de un solo caso en 2017.
Pero ni siquiera ese caso es demasiado consuelo para las autoridades. El sindicalista —que se encuentra en prisión preventiva a la espera de la acusación de la Fiscalía— no fue investigado hasta que la Justicia argentina librara un pedido de captura, lo que desnudó fallas de los uruguayos para detectar este tipo de crímenes. Recién entonces, y a pesar de que Balcedo disfrutaba una vida de lujos en Uruguay desde hacía más de una década, la Justicia local inició una investigación por el presunto delito de lavado de activos.
Aún hoy, seis meses después de su detención, la Justicia no ha conseguido encarcelar de manera definitiva al empresario. El fiscal a cargo del caso, Alejandro Machado, pidió a la jueza María Helena Mainard que prorrogue la prisión preventiva de Balcedo para tener más tiempo para recabar pruebas en su contra, una tarea que, admitió, no ha sido fácil.
Machado, que es fiscal de Maldonado, dijo a Búsqueda que investigar delitos de lavado de activos “es muy complejo”, y más aun con “recursos limitados” y en una Fiscalía que atiende todo tipo de denuncias, desde rapiñas a robos o violencia doméstica. De todas formas, dijo que en las últimas semanas hubo “nuevos descubrimientos” que prueban la responsabilidad de Balcedo en maniobras de lavado y que involucran a más personas uruguayas y argentinas.
El fiscal tiene hasta setiembre para presentar la acusación contra Balcedo. Si no llegara a tiempo, la jueza podría rechazar una nueva prórroga y el sindicalista podría ser liberado, aunque desde Argentina reclaman su extradición.
Entre las autoridades vinculadas al combate al lavado de activos hay “preocupación” por la falta de avances concretos en el caso, ya que el episodio expuso falencias importantes en los controles y tuvo un impacto mediático alto a nivel regional. No conseguir un procesamiento en el caso Balcedo dejaría “muy mal parado” a Uruguay, evaluó uno de los jerarcas consultados.
No conseguir un procesamiento en el caso Balcedo dejaría “muy mal parado” a Uruguay, evaluó uno de los jerarcas consultados.
Machado sostuvo que “los nuevos hallazgos demuestran que la estrategia de la Fiscalía, de tomarse más tiempo, ha sido la adecuada. La acusación va a ser más sólida de lo que habría sido si se presentaba antes”, afirmó.
La estrategia de la defensa, que busca “entorpecer” la investigación, no ha facilitado las cosas, añadió. En estos meses han presentado cuatro recursos impugnando el proceso por diferentes motivos y, aunque la jueza los ha desestimado, las réplicas insumen horas de trabajo a la Fiscalía. “Ahora estamos por responder el cuarto, pero no descarto que inventen otro”, dijo Machado.
No solo el caso de Balcedo inquieta a las autoridades. Recientemente, causó sorpresa la decisión de la jueza Larrieu de rechazar el pedido de procesamiento de la escribana que brindó servicios profesionales al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia. La Secretaría Antilavado, incluso, evaluó pedirle al fiscal del caso, Luis Pacheco, que apelara la resolución, relataron fuentes oficiales. Pacheco no recurrió y la escribana fue exonerada.
El propio González Valencia fue detenido solo después de que la investigación de los Panama Papers, publicada por Búsqueda y por medios mexicanos, revelara que se encontraba viviendo en una mansión en Punta del Este, a pesar de que la Policía y la Justicia lo seguían desde hacía casi un año. Sobre él recae hoy un pedido de condena por lavado de activos.
A su vez, las actuaciones entorno al Lava Jato, la investigación por corrupción que sacude a Brasil y a una decena de países de la región, no tuvieron resultados concretos en Uruguay. Los uruguayos investigados por posible asistencia al lavado de activos de brasileños fueron exonerados cuando en noviembre de 2017 el fiscal Pacheco archivó la investigación.
Continúa abierta la causa para investigar al argentino Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez.
También en el marco del Lava Jato fueron detenidos en Uruguay dos brasileños a pedido de la Justicia de su país. La Fiscalía inició en paralelo una investigación para determinar si realizaron blanqueo de capitales durante el tiempo que vivieron en el país, pero ambos ya fueron extraditados y hasta el momento la investigación local no tuvo avances.
La indagatoria sobre el posible origen ilícito del dinero usado para la compra de un terreno en Maldonado por parte de un empresario vinculado a la “ruta del dinero K” tampoco dio frutos, y la Fiscalía exoneró a los uruguayos involucrados en la compra. Continúa abierta la causa para investigar al argentino Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez.
Un final similar tuvieron las investigaciones por los eventuales delitos de asistencia al lavado de activos que pudieron cometer los estudios y empresas que trabajaron con Eugenio Figueredo, el ex vicepresidente de la FIFA procesado en 2015 por estafa y lavado de activos.
Según las fuentes consultadas por Búsqueda, parte de la evaluación negativa sobre el desempeño de la Justicia local es que muchos de los “casos grandes” han sido en reacción a pedidos del extranjero.
“Es necesario revertir la caída de los procesamientos si queremos superar la evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Y tenemos que hacerlo en investigaciones importantes”, afirmó un jerarca.
Más recursos.
Si bien las investigaciones sobre lavado de activos “siempre son complicadas”, las normas uruguayas no ayudan, opinó Díaz. “Un esquema jurídico destinado a transformar al país en un prestador de servicios financieros” es un “obstáculo”, afirmó.
“Aunque de a poco se ha ido desmantelando, acá en Uruguay hay estudios jurídicos y estudios contables que se dedican a administrar sociedades, muchas veces sociedades extranjeras, para extranjeros. Y a veces es difícil llegar a identificar quién es el beneficiario final de esas sociedades”, afirmó.
Si bien las investigaciones sobre lavado de activos “siempre son complicadas”, las normas uruguayas no ayudan, opinó el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
“Es muy complicado investigar con una estructura jurídica que está más pensada en preservar los secretos que en la investigación misma”, dijo.
Díaz también señaló que “hay todo un trabajo de control y de prevención” que no está bajo su responsabilidad. “Hay alertas que tienen que saltar que no son de la Fiscalía”, afirmó.
Por otra parte, reconoció que los recursos son indispensables y que en el país escasean: “Se requiere experticia, son investigaciones largas, caras, hay que estar dispuesto a invertir dinero”. Pero “las instituciones encargadas de la investigación nunca han recibido los recursos necesarios como para llevar adelante esos tipos de investigaciones”, concluyó.
