“Hay 971 productores que mantienen deudas del operativo de entrega de ración del Ministerio de Ganadería (MGAP) de 2009, de los cuales 775 nunca pagaron un peso de su deuda”, publicó el miércoles 7 el diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez en su cuenta de Facebook.
El director de Desarrollo Rural del MGAP, José Olascuaga, compartió en su cuenta de Facebook esos mismos datos y el viernes 16 publicó que “en los últimos 10 años el Ministerio de Ganadería otorgó apoyo a algo más de 500 productores de Tacuarembó por un monto de US$ 2,5 millones para inversiones en pozos, tajamares, bebederos, tanques y equipos de riego”.
En la misma línea, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, tras un encuentro con productores rurales el viernes 16 en Tacuarembó comentó algunos datos de apoyos realizados por el MGAP a ganaderos afectados en anteriores oportunidades por el déficit hídrico.
Señaló que “es necesario que se devuelva (el dinero) porque cuando necesitan apoyos nuevos eso lo tenemos en cuenta”.
“Si la gente no devuelve no volvemos a apoyarlos”, indicó. Y advirtió que la asistencia del Estado “no es un barril sin fondo”.
El presidente de la Rural de Tacuarembó, Juan Pedro Ricetto, admitió a Búsqueda que hubo productores que “no pagaron” y que “es justo” no volver a apoyarlos, como plantea el gobierno. Pero cuestionó que por culpa de algunos productores el MGAP demore en ayudar a otros que cumplieron o que no participaron en operativos anteriores y que “ahora están siendo perjudicados por la falta de pasto y agua” en la zona. Mencionó además la responsabilidad del gobierno en cobrar a los que no pagaron.
Benech también formuló algunos comentarios que no cayeron nada bien entre los ruralistas, como el no haber anunciado la declaración de emergencia agropecuaria hasta ese momento y hacer recomendaciones sobre la necesidad de prevenir para mitigar el impacto de la sequía.
Es que el gobierno impulsa hace unos años la adopción de medidas en ese sentido, como la contratación de seguros climáticos, que tienen una parte de subsidio estatal, así como la importancia de reducir la carga de vacunos en los campos en períodos de falta de lluvias, entre otras.
El lunes 19, en el marco de la instalación de una mesa de trabajo conformada por representantes del Poder Ejecutivo, de las gremiales agropecuarias y de integrantes del grupo denominado Un solo Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez anunció una serie de medidas entre las que figuran el uso de recursos del Fondo Agropecuario de Emergencias para la compra de raciones a ser entregadas a los productores afectados por el déficit hídrico en ciertas zonas del noreste del territorio.
Para que el MGAP pueda disponer de ese fondo es obligatorio que el gobierno declare la emergencia agropecuaria, según lo establece una ley de 2008, lo que le permite “atender las pérdidas en la actividad productiva por eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que afecten decisivamente la viabilidad” de los productores (ver Búsqueda Nº 1.957).
Vázquez comentó el caso de los ganaderos que “están sufriendo algunos problemas por la sequía que se agravarán en el invierno”.
El gobierno estudia “en profundidad la situación de sequía” en lo que afecta a Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, el norte de Durazno y parte de Rivera, “para ver si en algún momento se decreta la emergencia” en ese sector.
Otras medidas.
El Poder Ejecutivo anunció además esta semana la extensión en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava al gasoil que consumen los productores ganaderos que tributan por Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba), en las mismas condiciones anunciadas el 29 de enero para los productores lecheros, arroceros y hortofrutícolas.
Otra de las determinaciones del gobierno fue enviar un proyecto de ley que genera dos descuentos en la Contribución Inmobiliaria Rural para 2018 y 2019 que pagan los propietarios de padrones rurales que exploten campos que en su conjunto no excedan de 1.000 hectáreas índice Coneat 100 (productividad media).
Es de 18% el descuento para todos aquellos productores pecuarios y 10% de reducción adicional a quienes sean además contribuyentes de Imeba, según dijo el mandatario.
También el gobierno resolvió el congelamiento o la disminución de las rentas que pagan los productores colonos del Instituto Nacional de Colonización para los vencimientos de abril-mayo de 2018.
En cuanto a la Contribución Inmobiliaria Rural, Vázquez señaló que para el sector agropecuario en general, en 2015, a solicitud del Congreso de Intendentes, se envío un proyecto de ley aprobado en el Parlamento a afectos de retirar la bonificación del 18% de ese tributo.
Para compensar esa situación, la administración central le otorgó US$ 500 millones en ese año a las intendencias, una cifra similar en 2016 y US$ 535 millones en 2017, comentó.
Considerando que “aquella emergencia financiera que pudieran tener las intendencias en este momento no las tienen (hoy)”, el presidente dijo: “Tenemos redactado y vamos a enviar el martes o miércoles al Parlamento la reinstalación de la bonificación del 18% en la contribución a los productores de 1.000 o menos hectáreas que no paguen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)”. Eso abarca al 91% de los productores, estimó.
El mandatario enfatizó que esas medidas “son muestras de que el gobierno quiere contemplar la situación y quiere trabajar junto con los productores para salir adelante”.
“Es más que una señal, ya que se nos piden señales, de que el gobierno está preocupado por el tema, trabajando con seriedad y avanzando a medida de las posibilidades”, indicó.
Los directivos de las gremiales del agro que participan de la mesa de trabajo, que son la Asociación Rural, la Comisión de Fomento Rural, la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación de Productores de Leche, reconocieron la importancia de contar con una instancia en la que puedan avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas de competitividad y rentabilidad del sector. Sin embargo, consideraron que hay una diferencia en el diagnóstico de la situación y del impacto que tendrá la problemática agropecuaria en la economía uruguaya en los próximos años.
El ministro de Economía, Danilo Astori, planteó que debido a la actividad de los servicios, el comercio y el turismo, entre otros sectores, el Producto Bruto Interno crecerá 3% este año y que la situación del agro no incidirá mayormente en ese resultado, comentó a Búsqueda el titular de la gremial arrocera, Alfredo Lago. Cuestionó que en el gobierno “no están advirtiendo la gravedad del problema, la pérdida de empleos y las dificultades para seguir operando con los actuales costos internos”.
Respecto a la operativa de la mesa de trabajo, ese directivo dijo que eran unas 20 personas con distintos puntos de vista y con las peculariades de cada sector agropecuario, por lo que será necesario establecer una metodología para las próximas reuniones. Eso “en el fondo le da más tiempo al Ejecutivo y los productores precisan definiciones urgentes para seguir” produciendo, se lamentó.
