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    Uruguay y otros socios arrastran atrasos en aportes a órganos del Mercosur; alguno pasó por un problema de caja “severo”

    A punto de cumplir 28 años, lo que recibe el Mercosur no son gestos de aprobación, sino cuestionamientos de sus propios socios. Con un discurso pragmático, el nuevo gobierno de Brasil no lo tiene entre sus prioridades. Argentina y Uruguay coinciden en que debe dejar de ser un corsé para negociar ventajas comerciales con otros países o bloques. Y Paraguay se muestra dispuesto a acompañar una revisión del esquema de integración.

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    Ya sea por esa pérdida de cariño hacia el Mercosur o la escasez de dinero de sus estados —todos con déficit fiscal—, algunos socios mantienen atrasos en los aportes que financian algunos de los órganos del bloque. En ciertos casos, hubo algún problema de caja “severo” en los años recientes.

    Siguiendo una “nueva línea consensuada” que apunta a la “austeridad en el proceder del Mercosur”, durante la presidencia rotativa ejercida por Uruguay la segunda mitad del año pasado, se pudo reducir los gastos generales del bloque en US$ 508.026, un ahorro de 7% respecto al año anterior. El Grupo de Asuntos Presupuestarios, que tuvo en sus manos esa tarea, mantuvo en diciembre una reunión extraordinaria en Montevideo, en la que analizó un diagnóstico sobre la ejecución de fondos por parte de los órganos con presupuesto propio: la Secretaría del Mercosur, el Instituto Social y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos. El documento que recibió expuso situaciones de mora, en especial de Venezuela, pero también de Uruguay, aunque no las cuantifica de manera explícita. El estudio, al que accedió Búsqueda, abarcó el período 2013-2017.

    Secretaría

    Con US$ 3,6 millones en promedio anual, la Secretaría, que da apoyo técnico al bloque desde el ex Parque Hotel frente a la Playa Ramírez, es de los órganos con mayor presupuesto.

    El gasto fue creciendo año a año en el quinquenio analizado a un ritmo de 6% y el 70% correspondió a recursos humanos. Las partidas con más aumento fueron en contratos temporales (que recibió un 15% adicional), viajes en misión de servicio (incremento de 8%) y “suministros varios”.

    Los estados socios del Mercosur se comprometieron a contribuir con un promedio de US$ 3,7 millones anuales, lo que totalizaba US$ 18,5 millones en el quinquenio. Pero lo que efectivamente entraron fueron US$ 15,5 millones y, además, una porción de los aportes terminó constituyendo un “fondo de emergencias” de US$ 795.000 en 2013.

    Con US$ 3,6 millones en promedio anual, la Secretaría, que da apoyo técnico al bloque desde el ex Parque Hotel frente a la Playa Ramírez, es de los órganos con mayor presupuesto.

    El moroso principal es Venezuela, que hizo un único pago en 2015 para cumplir con lo debía entregar para el ejercicio de 2013. El informe consigna que si bien los demás miembros del Mercosur cumplieron con la totalidad de sus obligaciones, hubo “demoras” en las transferencias que en los primeros años llegaron a significar casi un tercio del monto presupuestado. En 2017, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estaban “prácticamente sin deudas”.

    Los ejercicios de la Secretaría fueron superavitarios, en general, todos los años, lo que le permitió dar crédito a otros órganos del bloque. No obstante, el “déficit de caja” —con un flujo negativo en los primeros semestres, que se compensó en los segundos— fue “particularmente severo” durante 2013 y 2014, aunque se achicó en los años siguientes gracias a excedentes de ejercicios anteriores y a la regularización de aportes de los países.

    Por fuera del diagnóstico recibido, en su encuentro de diciembre el Grupo de Asuntos Presupuestarios analizó la situación financiera de la Secretaría al 30 de noviembre de 2018; Uruguay figuró con pagos pendientes por US$ 563.984. Asimismo, en esa instancia avanzó en la discusión de un proyecto de “manual básico para la ejecución presupuestaria, contabilidad” para dicho órgano técnico.

    Tribunal

    El gasto anual de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión y solución de controversias se incrementó a un ritmo de 1,25% entre 2013 y 2017, y ascendió a US$ 750.000, en promedio. Cerca de 60% correspondió al rubro de personal. Tiene su sede en Asunción.

    Su presupuesto se financió con aportes de los socios: habían comprometido US$ 3,7 millones pero dieron US$ 2,3 millones. En todos los años hubo atrasos en los pagos, y al finalizar 2017 el monto pendiente equivalía a más de dos veces el presupuesto previsto para ese ejercicio.

    Contablemente, el organismo tuvo balances superavitarios. Sin embargo, registró un déficit de US$ 355.000 —que se financió mediante créditos— si se calcula la diferencia entre los gastos reales y los aportes efectivamente hechos. Por la cadencia que tiene la entrada y salida de dinero, la Secretaría del Tribunal Permanente registra un flujo neto de caja negativo durante todo el año.

    Social

    También con sede en Asunción, el Instituto Social del Mercosur tuvo, en promedio, medio millón de dólares al año de gasto autorizado en el quinquenio analizado. Eso debía financiarse con aportes de los estados parte; lo comprometido eran US$ 975.000 anuales (de lo cual un 10% correspondía a Uruguay), pero volcaron menos de la mitad. En 2017, el monto pendiente de pago más que duplicaba el presupuesto previsto para ese año. La diferencia entre los gastos reales y los aportes efectivamente hechos equivalió a un déficit de US$ 560.000, que se cubrió con préstamos.

    Por fuera de dicho presupuesto, este organismo contó con US$ 367.878 como ingresos adicionales del Fondo para la Convergencia Estructural, para ser desembolsados en 2016 y 2017.

    DD.HH.

    Al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos le fue autorizado un presupuesto de US$ 850.000 promedio al año. El gasto en personal, que representó algo más de la mitad del total, se triplicó en el quinquenio.

    Los socios se comprometieron a aportar US$ 850.000 en promedio anual para este órgano con sede en Asunción, con porcentajes de 50% de Argentina, 20% Brasil y Venezuela, y 5% Paraguay y Uruguay. En todo el período debían contribuir con US$ 4,3 millones, pero lo vertido fueron casi US$ 2 millones menos. El monto atrasado representaba 1,2 veces el presupuesto de 2017 y, de hecho, la ejecución de gasto estuvo “condicionada” por las limitaciones de caja, acota el informe.

    Como en los otros casos, este instituto registró un superávit contable (US$ 1,2 millones), aunque si se comparan los gastos reales con los aportes efectivamente recibidos de los estados parte, enfrentó un déficit de US$ 750.000.