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Senado de Bolivia allana el camino para aplicar ley de Estados de Excepción; Evo Morales bloquea el diálogo
El presidente Rodrigo Paz podría sumar nuevas herramientas para enfrentar la crisis social, tras la derogación de la Ley de Estados de Excepción. Mientras tanto, Evo Morales insiste con elecciones anticipadas y rechaza acercamientos con el gobierno
Manifestantes se enfrentan con la Policía de Bolivia este viernes, en La Paz (Bolivia). Sindicatos piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz en una nueva movilización en el día diecisiete de los bloqueos que mantienen incomunicada y desabastecida a la capital boliviana.
Los bloqueos de carretera en Bolivia no cesan, ni tampoco los reclamos de los sectores afines al expresidente Evo Morales por la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, que asumió hace apenas seis meses, pero ahora el Ejecutivo podría tener una nueva carta que jugarse para retomar el control de un país que ha quedado paralizado por las protestas contra su gestión.
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El Senado aprobó este 24 de mayo en una sesión ordinaria la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, en una decisión que podría aumentar el margen de maniobra de Paz para restituir el orden.
Embed - Bolivia intenta abrir corredores humanitarios en medio de protestas y bloqueos • FRANCE 24
Con un apoyo inesperadamente abrumador y solo tres votos en contra por parte de los legisladores del bloque afín al vicepresidente Edmand Lara, los senadores depusieron limitaciones introducidas en 2020, como la supervisión legislativa a la imposición de este tipo de medidas y la obligatoriedad de establecer límites temporales para su aplicación.
“Esta es una ley que se va a aplicar al presente y se va a proyectar al futuro. Lo que no podemos dejar es este nefasto precedente que prácticamente nos deja en situaciones extremas desguarnecidos y desprotegidos a todos los bolivianos”, se había justificado el diputado Carlos Alarcón cuando introdujo la propuesta la semana anterior.
Si la Cámara Baja da su visto bueno a las modificaciones aprobadas por el Senado, se reducirían las restricciones procedimentales para la eventual imposición de un estado de sitio por parte del Ejecutivo.
Sectores que se oponen a los cierres de caminos vigentes desde el 16 de mayo en todo el territorio boliviano han cuestionado lo que denominan la debilidad demostrada por el gobierno de Paz.
Este 24 de mayo el Comité Pro Santa Cruz, una asociación civil que agrupa organizaciones de base de esa ciudad, instó al Ejecutivo a declarar un “estado de excepción sectorizado”, denunció un “vacío de poder” y dio un plazo a Paz para tomar acciones para restablecer el orden o “el pueblo lo hará por la fuerza de la razón y la justicia”.
Embed - Bolivia: Evo Morales pide un gobierno de transición ante la crisis y las protestas • FRANCE 24
Sin disposición a negociar
Varios de los grupos en conflicto endurecieron en las últimas horas sus posiciones, con el expresidente Evo Morales tildando de “traidores” a los dirigentes sindicales que han tenido acercamientos o se han mostrado dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno de Paz.
El exlíder cocalero cuestionó la narrativa del Ejecutivo, que inicialmente calificó de “vándalos” a los movilizados, y luego convocó a diálogo a los dirigentes que impulsaron las protestas.
Además, aseguró que las manifestaciones trascienden los reclamos sociales o sindicales de los sectores que protestan, pues tienen como objetivo la defensa de un modelo económico.
En una publicación en X, Morales afirmó que “a Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”.
La intromisión de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio y del argentino Fernando Cerimedo, asesor de políticos de ultraderecha, como Bolsonaro, Milei, Nasry Asfura, entre otros, está llevando al fracaso al presidente Rodrigo Paz Pereira, que por accidente…
La Central Obrera Boliviana (COB), la coalición sindical afín a Morales, mantuvo una posición similar, al desautorizar a sus afiliados que han mostrado disposición a dialogar con el gobierno, asegurando que no puede haber acercamientos mientras se mantenga la orden de aprehensión contra su líder Mario Argollo Mamani.
Sin embargo, tanto la COB como otra de las organizaciones cercanas a Morales que participan en las movilizaciones, la Federación de Trabajadores Indígenas ‘Túpac Katari’, dieron instrucciones a sus seguidores de permitir el tránsito de ambulancias, personal sanitario, cargas de insumos hospitalarios y emergencias médicas en general.
La decisión se produce luego de que el gobierno denunciara que cuatro personas (entre ellos un niño) han muerto debido a los bloqueos, por demora en la atención de urgencias médicas.
Bolivia recibió este viernes un donativo de cuatro toneladas de alimentos por parte del gobierno de Perú, para ayudar a paliar el desabastecimiento en las regiones que permanecen sitiadas por las manifestaciones, pero no estaba claro qué mecanismos de distribución se activarían.
Embed - Se intensifican los bloqueos en el altiplano boliviano tras fallido operativo policial-militar
Un muerto y reclamos de transparencia
La iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto hicieron un llamado este domingo al “esclarecimiento urgente” de las circunstancias en que murió el 23 de mayo un joven durante un operativo para desbloquear la carretera Vilate Copata.
— Defensoría del Pueblo Bolivia (@DPBoliviaOf) May 24, 2026
Víctor Cruz Quispe, de 24 años, murió producto de un impacto de bala mientras se producían enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que intentaban despejar la vía.
Inicialmente, el vocero presidencial José Luis Gálvez rechazó el sábado que se hubiera producido una víctima por arma de fuego en la operación, pues los agentes solo usaron gases lacrimógenos para dispersar a los responsables de los cortes.
Sin embargo, la Fiscalía Departamental de La Paz reconoció que “sí existe un fallecido”, como indicó su máxima autoridad Luis Carlos Torrez, y designó una comisión especial para investigar cómo se produjeron los hechos y establecer responsabilidades.
