Retirado de los medios tradicionales, en los últimos años encontró en el documental una herramienta de investigación y denuncia, como sucedió con Los Agraviados, donde registró la movilización social y del candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en contra del supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006. Díaz fundó, además, el periódico electrónico independiente plumaslibres.com.mx.
Algunos de sus mejores colegas y amigos fueron asesinados en los últimos años.
–¿Qué efectos produjo la guerra declarada al narcotráfico en el 2006?
–La guerra interna con las bandas del narcotráfico para ganar terreno, así como el ataque del Ejército contra ciertas bandas y no todas, ha provocado una crisis de la libertad y los derechos humanos en México. Si no es una política oficial del gobierno, por lo menos este es omiso y lo permite. Ni en el gobierno nacional ni en los locales hacen nada para que prevalezca el ejercicio de la libertad de expresarse y de tener la información confiable que todo ciudadano mexicano debe tener.
–¿Cómo se produce ese manejo de la información que la convierte en no confiable?
–En México no puedes publicar nada sobre asuntos de corrupción, los asesinatos masivos que hacen las bandas del narcotráfico ni investigaciones profundas que revelen la liga de políticos con el narcotráfico porque no hay ninguna seguridad de que no te suceda algo. Los periodistas somos víctimas tanto de las bandas del narcotráfico como de las fuerzas del orden y del gobierno mexicano. Eso ha derivado en una crisis de derechos humanos sin parangón. Han sido asesinadas más de 120.000 personas en los últimos 10 años, y desaparecidas otras 26.000 de manera oficial. De manera extraoficial se dice que son más. Vivimos casi una crisis humanitaria por las personas desaparecidas, porque el narcotráfico es mucho más que el traslado y la venta de drogas. Se le agregan otros ilícitos en colusión con ciertos políticos y jefes de la Policía y el Ejército. Por ejemplo, la piratería, la extorsión, el secuestro, el tráfico de inmigrantes, la trata de personas y el tráfico de órganos.
–Uno de los episodios más dramáticos y que tuvo más trascendencia internacional fue la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en 2014. ¿Qué sucedió en los meses posteriores?
–Hubo una gran movilización nacional e internacional porque se repitió la historia trágica de México de 1968, cuando fueron asesinados cientos de estudiantes a manos del Ejército. Lo que más llamó la atención es que eran normalistas del estado de Guerrero e iban en cinco autobuses a la Ciudad de México a conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco. Esto resultó muy indignante. Demostró que la masacre de estudiantes todavía puede suceder en México. Fue brutal la intervención de las fuerzas del orden. Hay muchos indicios de que el Estado estuvo involucrado en esta masacre, tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó adelante una investigación paralela y echó por tierra la versión del gobierno que señalaba que un grupo del narcotráfico los había secuestrado y los había incinerado en un basurero. El gobierno estaba informado de todo lo que pasaba y no evitó la masacre. La CIDH dijo que esa “verdad histórica” no era cierta. Tampoco se investigó un quinto camión y, según dice la CIDH, ahí está la clave: los mataron porque se presume que llevaban drogas, y la Policía quería recuperarlas, porque hay una ruta de drogas Iguala-Nueva York. Ocultan esa línea de investigación. La gente piensa que el Estado está involucrado, pero no dice nada, no denuncia, porque pueden desaparecerte, o extorsionarte.
–¿Cuál es la posición de los medios de comunicación en este contexto de terror?
–Hay estados donde los medios también son amenazados para que no informen. Hay zonas de silencio en el país, al contrario de lo que sucede en el centro del país, el Distrito Federal (DF), donde están todos los poderes y existe un poco de libertad.
–¿Qué sucede en Veracruz para que sea tan peligroso?
–Tiene un gobierno extremadamente corrupto presidido por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con un grupo de colaboradores que han demostrado inexperiencia e ineptitud. La represión no solo se da contra activistas sociales y de derechos humanos y sobre personas que reclaman por la desaparición de un familiar, sino también respecto a periodistas que cubren protestas sociales. El gobierno es responsable de lo que está pasando en Veracruz. No investiga la desaparición de personas, ni el asesinato de periodistas y permite que prevalezca la impunidad y la repetición de estas situaciones. La CIDH condenó en una instancia oficial a la Policía del Estado por la desaparición forzada de tres jóvenes y lo hizo en términos muy fuertes. Emplean la fuerza y la represión para conseguir sus fines y callar las voces críticas, sobre todo de los periodistas independientes.
–¿Piensa seguir viviendo en México con su familia?
-Es suicida seguir viviendo en México siendo periodista independiente, sobre todo en algunas regiones del país. En el DF hubo alternancia del poder a escala nacional desde el 2000, entonces la sociedad fue ganando espacio y hay periodistas, periódicos y portales independientes que han ganado una tradición. Por lo menos evitan que se atente contra la vida como ocurre en otras regiones, En Veracruz no ha habido alternancia de poder, durante más de 80 años ha gobernado el PRI. No ha habido oportunidad de que la gente conozca otras formas de gobernar y los derechos humanos y la libertad de expresión son pisoteados prácticamente todos los días.
–¿Cómo ha reaccionado la población común a estos atropellos?
–La gente está acostumbrada, por miedo: porque sabe que si protesta de manera fuerte puede ser desaparecida o asesinada. En Veracruz y otras regiones no solamente se mata a periodistas, sino también a defensores de los derechos humanos. Existe a nivel nacional una política de acallar los movimientos sociales, sobre todo las Autodefensas Comunitarias, grupos de mujeres comunes y corrientes que se cansan y se levantan en armas para defenderse del yugo del narcotráfico, de la ineptitud de las autoridades que no hacen nada porque en la mayoría de los casos hay colusión entre las autoridades y el crimen organizado. El gobierno, de manera frontal, las detiene y encarcela, como sucedió con José Mireles, el líder de Autodefensa de Michoacán. En otros casos la desaparición se da no por agentes del Estado, sino por extraños que no se sabe quiénes son y tampoco se investiga.
–¿Cuánto se le paga a un sicario en México para que mate a alguien?
–Depende de la región, pero puedes pagar unos 100 dólares a un sicario para matar a una persona. El precio está tan devaluado por la condición de pobreza. Sirve cualquier cosa porque lo pueden hacer sin consecuencias de castigo.
–¿Cuándo se dio cuenta de que con el formato documental podía hacer un mejor periodismo de investigación?
–El periodismo que se hace en la región es muy diferente al que se realiza en el DF. En la capital, como sucede en Buenos Aires, están concentrados todos los poderes y toda la atención y es una gran ciudad, entonces se cuidan más respecto a la calidad de los servicios, y tienen una tradición de periodismo independiente. Hay compañeros valientes que están haciendo proyectos interesantes, sobre todo portales. Trabajé 13 años en TV Azteca, la segunda televisora más importante del país, y como me pagaban poco, censuraban mucho. No podía publicar investigaciones de corrupción, porque en la región se acostumbra a que el gobierno de turno pague convenios de publicidad a los medios, no solamente para que promocionen a los gobernantes, sino para que no publiquen nada en contra suyo. La mayoría de los medios son comprados por el gobierno a quienes no les importa su audiencia.
–¿Qué quiere decir con que el público no les interesa?
–Históricamente, los periodistas le han dado la espalda a la ciudadanía, por eso cuando matan a un periodista nadie sale a protestar: porque tienen la imagen de corrupto, de que reciben chayote (coima). Eso fue así tradicionalmente, en los 60, los 70, entonces los medios trabajan para estar al lado del poder político, y se fueron acostumbrando al modelo de corrupción que promovió y enseñó el PRI durante 80 años. La mayoría de los medios son comprados por el Estado. Y los periodistas independientes tienen que combatir eso: si tú sacas algo diferente, el Estado no te contrata nada, ni siquiera para publicar un informe oficial, un beneficio a la ciudadanía. Los lectores, televidentes y radioescuchas en México han sido traicionados. Porque cuando se trata de sacar la verdad no lo hacen, no hay confianza y están muy devaluados.
–¿Qué privilegia al producir un documental?
–Soy autodidacta en cuanto a la idea narrativa y el manejo de la historia. En Los agraviados se habla de un antes y un después de la guerra que emprende (el ex presidente Felipe) Calderón. Antes había un statu quo y después comienza la masacre. Antes el gobierno controlaba a las bandas de narcotráfico con el Partido Acción Nacional (PAN), que llega al poder en 2000.
Encontré esta vía de expresión porque no podía sacar informes de corrupción que estaban pasando en mi estado. Hubo por ejemplo una movilización que los medios ignoraron. Era un movimiento popular encabezado por el candidato presidencial López Obrador, que pedían esclarecer quién había ganado, si él o Felipe Calderón. Se exigía que se abrieran los paquetes electorales, voto por voto ,y el Estado no lo permitió. El documental trata además de que el 2006 fue un año muy convulsivo porque hubo protestas ciudadanas muy legítimas: gente que salió a protestar en Guajaca contra la corrupción de los gobernantes, y en Atenco contra el Estado Federal, porque querían construir un aeropuerto, y fueron reprimidos brutalmente. Hice el documental porque nadie mostraba lo que pasaba.
–También hizo un documental que denuncia la contaminación generada por una procesadora de cerdos.
-Sí, hay movimientos sociales que están en contra de un interés empresarial que puede depredar un área protegida. Contaminan y la autoridad no hace nada. Lo último que hice fue el cortometraje de mi compañero, el fotoperiodista Rubén Espinosa, que fue asesinado el 31 de julio en la Ciudad de México. Salió de Veracruz por acoso de agentes del Estado y lo asesinan un mes después. El gobierno del DF, que es de “izquierda” y en realidad tiene un pacto de impunidad con todas las fuerzas políticas que gobiernan en México, principalmente el PRI, comenzó a filtrar información, revictimizándolo a él y a las personas asesinadas junto a él, cinco mujeres, una de ellas activista social. Hicimos este documental diciendo que Rubén no era un drogadicto, sino un activista, una persona honesta que trabajaba sin pago del gobierno, que luchaba para que se esclareciera el asesinato de otros 15 periodistas. Lo asesinaron porque era un periodista incómodo. Espero vivir en algún lugar más seguro que Veracruz.
–¿Qué sucede con la autocensura?
–La autocensura es para cuidarte: tú no puedes sacar una liga de un político con el narcotráfico, que allí es muy común, porque te matan. Incluso las organizaciones internacionales han documentado que la mayoría de las agresiones a periodistas son de funcionarios públicos, lo que muestra la gravedad del problema. Cuando hay una fuerte presión social en el caso de un periodista asesinado, el gobierno hace como que investiga, inventa líneas de investigación, supuestas causas para denigrar a la víctima y a los familiares. Como fue el caso de mi compañera Regina Martínez, una de las fundadoras del portal Plumas libres que tenemos en Veracruz. Hubo una fuerte presión social en Veracruz por su asesinato en abril de 2012, porque era una persona muy honesta, con una trayectoria personal muy respetada. La gente salió a las calles y el gobierno se vio obligado a investigar, pero enseguida desechó la línea de investigación de su ejercicio periodístico, para ocultar el verdadero motivo. Inventó un chivo expiatorio: detuvo a un seropositivo vagabundo, lo torturó y lo culpó del asesinato.
