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Aratirí “reexamina la ecuación financiera” del proyecto Valentines porque de aprobarse la nueva normativa la inversión “no sale”
El ministro Kreimerman tiene “expectativas positivas” de que se concrete la inversión y asegura que la negociación del contrato “estará basada en la ley”
imagen de Aratirí “reexamina la ecuación financiera” del proyecto Valentines porque de aprobarse la nueva normativa la inversión “no sale”
“Nadie va a ir a otro lado por considerar que Uruguay es muy caro, porque cobra lo mismo que en otro lado”, dijo a Búsqueda meses atrás Pedro Buonomo, el asesor económico presidencial que encabezó la comisión multipartidaria elaboradora del nuevo marco legal para la actividad minera (Búsqueda Nº 1.682).
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Sin embargo, “el mayor proyecto productivo, industrial y logístico de la historia del Uruguay” que “posicionaría” al país como el octavo productor mundial de hierro, como define Aratirí a su proyecto Valentines, pasa por un momento de “reexaminación” económica que cuestiona su continuidad.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de minería de gran porte con una carga impositiva superior a la que establece el actual Código de Minería hace “replantear nuevamente los números” de la empresa india.
Según supo Búsqueda, en diversas reuniones representantes de Aratirí han enfatizado que “con estos números el proyecto no sale”.
“Como está la carga tributaria del proyecto no cierran los números y hay que reexaminar la ecuación financiera”, indicó uno de los informantes.
La comisión especial creada para tratar el nuevo marco legal incluyó modificaciones, pero en cuanto a la carga tributaria que se coloca a las empresas se respetó lo enviado por el Poder Ejecutivo.
En el proyecto aprobado el miércoles 17 se establece que las empresas no tendrán exoneraciones tributarias y deberán abonar un impuesto adicional al IRAE —Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas— que pretende que el “Estado tenga una participación de entre 50% y 60%”, según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas hechas al momento de su elaboración, mientras que sin el impuesto adicional el Estado obtiene el 38% (Búsqueda Nº 1.682).
Por su parte, fuentes vinculadas a la negociación aseguraron que en el encuentro que mantuvo el 20 de febrero en la residencia de Suárez con el presidente José Mujica, el presidente de Zamin Ferrous, el indio Pramod Agarwal, no planteó al mandatario que existiera este problema.
Desde el gobierno se reafirma que la negociación del contrato entre Estado y empresa “estará basada en la ley” —una vez esté aprobada en la Cámara de Senadores— pero las autoridades ven con optimismo el futuro del proyecto.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, dijo a Búsqueda que “hay expectativas positivas” y que “ya se está coordinando” la próxima reunión con Aratirí para “visualizar lo que va a ser el contrato”.
“No rentables”.
El lunes 15, dos días antes de que los diputados aprobaran el proyecto de ley, la preocupación de los empresarios mineros era notoria.
En una reunión de la Cámara de Industrias Mineras del Uruguay, mantenida en las oficinas de Aratirí, representantes de la filial de Zamin Ferrous y otras empresas —Orosur, B2Gold y Las Bucarneas—, manifestaron que de aprobarse la nueva normativa se “suspenderán y cancelarán” varios proyectos, indicaron a Búsqueda fuentes presentes en el encuentro.
“Se están planteando y revisando todos los proyectos” porque con las nuevas condiciones “dejarán de ser rentables”, indicó uno de los informantes.
“Impacto brutal”.
Fuentes de Aratirí manifestaron a Búsqueda la molestia de la empresa por la relocalización del puerto dispuesta por el gobierno meses atrás.
El Poder Ejecutivo cambió la ubicación del puerto de aguas profundas, previsto para la zona de La Angostura, para El Palenque, por lo que Aratirí, que ya había presentado la evaluación de impacto ambiental de su terminal portuaria en la zona de La Angostura, debe reformular su proyecto de terminal portuaria para ese lugar y presentarlo de nuevo ante la Dinama para obtener la habilitación.
Desde la minera aseguran que el cambio tuvo “un impacto brutal para el proyecto” porque “los dos años de espera” que provoca realizar los estudios nuevamente y su análisis “generaron una pérdida de valor de aproximadamente U$S 350 millones por año”.
