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    Arbitrariedad al desnudo: decomisaron semanarios por un decreto oficial que todavía no estaba vigente

    La política liberticida del Poder Ejecutivo contra la prensa opositora parecía no tener fin. Las ediciones de tres publicaciones: “Aquí”, “Opinar”  y Búsqueda, fueron requisadas por el Poder Ejecutivo la semana que iba del 18 al 25 de enero, mientras que la mayoría de las restantes publicaciones que fueron autorizadas a circular lo hicieron con visible retraso por el temor a las sanciones. Lo curioso (o normal dadas las circunstancias) fue que en ese caso, el decreto que establecía los decomisos entró en vigencia 24 horas después que los tres semanarios fueran editados. Como si eso fuera poco la medida del gobierno coincidió con la presencia en Uruguay del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el periodista Raúl Kraiselburd, invitado a una serie de actos de protesta  contra la censura previa impuesta por el gobierno el mes anterior.

    La explicación que se brindó en forma oficial fue que el gobierno dictó un decreto el 18 de enero, prohibiendo informar sobre una movilización sindical prevista para ese mismo día. Sin embargo, resultaba imposible de aplicar a esos semanarios porque habían cerrado sus ediciones la noche anterior.

    Las autoridades de “Aquí” y Búsqueda se negaron a rehacer sus ediciones y volver a imprimirlas en protesta por la aplicación insólitamente retrospectiva de un decreto. El sábado aparecieron con sensible retraso,“Jaque”, “Correo”, “Opinar”, “Nueva República” y el quincenario “Asamblea”. “Jaque” por su parte, tuvo que reducir sus páginas. El semanario “El Debate” apareció puntualmente, pero su anuncio de portada “Paros, huelgas y dictadura”, que hacía referencia a su página 20, no pudo ser leído porque su edición tenía solamente 16 páginas.

    Un largo editorial de Búsqueda firmado por Danilo Arbilla,  encaró el tema con una frase previa: “No podemos prometer a nuestros lectores que seguiremos saliendo, pero sí nos comprometemos a no salir nunca sin dignidad”. Luego, al referirse concretamente al decomiso, el editorialista expresó en algunos fragmentos: “Como ocurre semana a semana, el martes de la anterior se imprimió toda la edición de Búsqueda. Aproximadamente a las 22 y 30 culminó el tiraje y todos los ejemplares salvo cuatro que fueron retirados por funcionarios policiales para llevarlos a la oficina censuradora, quedaron empaquetados bajo custodia. (…) Esto permite distribuirla de madrugada y ponerla a la venta al público en las primeras horas de la mañana del día miércoles, cuando se inicia la distribución a los suscriptores de Montevideo y los envíos al interior y exterior. Es claro entonces, que Búsqueda fue sancionada, por violar una norma que no existía. (…) Se la retuvo y se la sancionó porque violó una norma que iba a ser dictada”.

    El consejero de Estado Pablo Millor criticó duramente la medida gubernamental en la Comisión Permanente. “Estas medidas atinadas o no” —expresó— “de ninguna manera pueden tomarse con efecto retroactivo. (…) Nosotros tratamos de preservar la tranquilidad pública y no de exacerbar posiciones. Con esta medida no estamos contribuyendo a ellas porque se está infligiendo un daño empresarial que realmente no es saludable”.

    El doctor Raúl Kraiselburd, miembro del Comité Ejecutivo de la SIP, dijo el viernes 20 en Montevideo, que “el panorama observable en el Uruguay con respecto a la libertad de prensa puede considerarse límite. Los casos más graves en la materia son los de Haití y Cuba, seguidos luego por Uruguay, Chile y Nicaragua”. Kraiselburd, que vino al país invitado por 14 semanarios declaró también: “Pude presenciar la aplicación del abyecto sistema. Estuve presente cuando los funcionarios policiales retiraban ejemplares para ser sometidos a censura previa”.

    Tarigo vendió “Opinar”.

    En respuesta a la nueva requisa dispuesta por el gobierno contra su semanario “Opinar”, el doctor Enrique Tarigo editó y vendió personalmente en la calle al día siguiente un panfleto en el que reproducía las razones invocadas por la autoridad para incautar la publicación, expresando a la vez comentarios críticos a tal decisión.

    La hoja fue voceada y vendida en Plaza Libertad por Tarigo y miembros de su grupo político, Libertad y Cambio, durante algunas horas, y el episodio fue llamado “el primer samizdat uruguayo”, aludiendo a la denominación que emplean en la URSS los disidentes soviéticos para sus publicaciones clandestinas.

    Pese a todas esas tensiones, es factible que los contactos entre militares y políticos se reinicien una vez que haya concluido el proceso de relevos y asunción de nuevos destinos de los oficiales generales del ejército. El viernes siguiente podría reunirse por primera vez, la Junta de Generales de la fuerza terrestre, recién asumida, para analizar cuestiones domésticas pendientes de resolución y evaluar otros asuntos de la situación política.

    Tanto el comandante en jefe, teniente general Pedro Aranco, como el ministro del Interior, general (R) Hugo Linares Brum, habían reconocido en esos días la existencia de un clima más adecuado para mantener nuevos contactos con los políticos.