Comercialización de gas natural enfrenta a UTE con el Ejecutivo

Pero con las licitaciones de la planta ya cerradas (y cuatro ofertas a estudio) surgieron enfrentamientos entre los principales responsables de administrar el proyecto: el Ministerio de Industria y Energía (MIEM), la estatal eléctrica UTE y la petrolera estatal Ancap.

Pero en las últimas semanas la regulación de la venta del gas natural a terceros derivó en varios encontronazos dentro del Estado.

Es que desde UTE se ve como “injusto” que la empresa no pueda comercializar su parte del gas y que deba depender de Ancap para ello, dijeron a Búsqueda fuentes de la compañía eléctrica estatal.

Mientras están a estudio las cuatro ofertas presentadas para la construcción de la regasificadora, el MIEM afina un acuerdo de entendimiento entre Ancap y UTE en el que se establece la participación en los costos y beneficios del GNL.

Según el plan, UTE se hará cargo del 90% del costo de la regasificadora y Ancap del 10%. Como consecuencia, UTE dispondrá de nueve millones de metros cúbicos de gas y Ancap de uno en el momento de producción máxima de la planta.

Sin embargo —y luego de que reconvierta varias de sus centrales térmicas— UTE podrá usar como máximo para generación de electricidad unos cuatro millones, con lo que tendría cinco millones de metros cúbicos de gas de excedente.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley que define el marco regulatorio del gas natural, en el que establece que Ancap será la encargada de la comercialización del GNL producido. En ese punto surgieron los problemas.

Para los representantes de UTE es “injusto” que la empresa quede afuera de la comercialización del excedente de gas que genere la planta cuando “es la que paga la mayoría de la obra”. Así se lo hicieron saber a representantes de Ancap y del MIEM en varias reuniones que transcurrieron en las últimas dos semanas, dijeron las fuentes.

Desde el Miem una fuente explicó que “la decisión del gobierno está tomada” y que es “antinatural” que UTE venda gas natural a terceros.

Si UTE tiene un excedente, explicó otra fuente, podrá venderlo a través de Ancap y quedarse con la ganancia, aunque “es esperable” que la petrolera le cobre un canon por esa venta.

En el gobierno entienden que el producto podrá ser de UTE pero los clientes “son de Ancap” y por lo tanto no harán lugar al planteo del ente eléctrico.

Este mecanismo es aplicable tanto a la venta interna como a la externa. El último es un factor clave en el funcionamiento pleno de la planta, ya que el gobierno confía en que Argentina comprará cerca de cinco millones de metros cúbicos al día, dadas sus necesidades energéticas.

En UTE ven que esto “no cuadra”, porque Ancap “pone el 10% y luego cobra por encima con el gas”.

Desde el MIEM responden que “la vieja UTE” tiene una aspiración a distribuir gas que “es ilógica” y que “deberá primar el beneficio del país por encima del particular de cada empresa”.

Periplo y protección.

La planta regasificadora se vio demorada varios años. Fue proyectada en 2007, cuando los gobiernos de Uruguay y Argentina —presididos por Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner— acordaron la instalación de una planta regasificadora de gas natural licuado en un proyecto estimado en unos U$S 800 millones.

En 2008, con el apremio de la crisis energética regional, se descartó la construcción de una planta de regasificación en tierra y se agregó una modificación para la construcción de otra flotante, algo que, se anunció, sería “más inmediato” que la opción inicial.

Allí se estableció la capacidad de producción de la planta y que sería administrada a partes iguales entre Gas Sayago y la estatal de energía eléctrica argentina, Enarsa. Se acordó que ese consorcio debería estar operativo para el invierno del 2011.

Pero luego de años sin avances, el gobierno de Mujica decidió construir la planta por su cuenta. En agosto del 2012, tras varios anuncios previos de “inminente lanzamiento”, se hizo el llamado internacional para interesados en la construcción de la regasificadora.

El pasado jueves 18 se abrieron los sobres de las cuatro ofertas presentadas: la francesa Gas de France, el consorcio coreano Samsung y Corea Gas, la española Enaga y la noruega Höegh son las empresas interesadas.

Ahora el gobierno afina el marco de cooperación entre Ancap y UTE para la nueva fase y redacta un proyecto de ley que regule el mercado de gas natural.

En ese proyecto se impondrán políticas proteccionistas que “salvaguarden” la inversión millonaria que hará el Estado, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a su redacción.

Así, se prohibirá la importación de gas natural, como manera de proteger a la regasificadora y que los consumidores compren solo al distribuidor estatal.