Una de las principales obras que este gobierno pretende dejarle al país consiste de una escollera en medio del mar con un barco regasificador. Hasta allí llegarán buques con gas licuado que será procesado para volver a tomar estado gaseoso y ser distribuido a los ciudadanos uruguayos. El martes 1º, después de varios años de negociaciones, se estamparon las firmas para adjudicar la obra de la planta regasificadora a la empresa belga GDF Suez.
Por el gobierno uruguayo participaron de la firma del contrato en la Torre Ejecutiva el presidente José Mujica, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, los presidentes de UTE y Ancap, Gonzalo Casaravilla y Raúl Sendic, y el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, que abandonó el estrado al final del evento exclamando que se había gestionado el contrato en tiempo “récord”.
“El objeto del presente contrato lo constituye la contratación por parte de Gas Sayago para la provisión de los servicios contractuales que comprenden los servicios de atraque, transferencia de gas natural licuado, almacenamiento, regasificación de GNL y entrega de gas natural”, dice el texto del contrato que el presentador del evento leyó mientras las autoridades lo firmaban.
Por esos servicios el gobierno pagará un canon de U$S 14 millones por mes. La empresa que firmó el contrato en representación de GDF Suez es GNL Montevideo SA, una filial de la multinacional belga.
Como informó “El País” el martes, el Estado uruguayo garantiza el cumplimiento del contrato, mientras que la otra parte depositó una garantía en efectivo que, una vez culminado el proceso, sumará U$S 100 millones.
La adjudicación de la regasificadora a GDF Suez ocurrió luego de que se desecharan las ofertas de la española Enagas y de la noruega Höegh, que ofrecieron un canon menor pero, según el informe de Gas Sayago, no se ajustaron a los parámetros.
Aunque el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llegó a interceder ante Mujica para que se reconsiderara la decisión, el Poder Ejecutivo resolvió adjudicar el emprendimiento a GDF Suez y, luego de arduas negociaciones, se acordó un contrato satisfactorio para ambas partes.
Planta.
La planta, llamada Terminal GNL del Plata y ubicada en Punta Sayago, consistirá de un muelle con una unidad flotante de almacenamiento y regasificación protegida por una escollera de 1,5 kilómetros. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos de gas natural licuado y podrá regasificar 10 millones de metros cúbicos de gas al día, cuatro de los cuales se usarán para abastecer el mercado interno y el resto se prevé que se exporte a Argentina, según acordaron ambos países. El gobierno espera que la planta esté en funcionamiento antes del invierno de 2015.
Willem van Twembeke, CEO de GDF Suez Energy International, dijo que el contratista responsable de la construcción del dique será la empresa marítima brasileña Oas. A su vez MOL (Mitsui OSK Lines), una de las compañías navieras más grandes del mundo, brindará la unidad flotante de almacenamiento y regasificación. Tractebel Engeneering, con su afiliada IMDC, será responsable del diseño preliminar y quien actuará como ingeniera contratista en el futuro. Además, la empresa japonesa Marubeni será socia estratégica de GDF Suez y compartirá la propiedad de la compañía operadora en Uruguay. Ayer miércoles “El País” y “El Observador” informaron que la participación de Marubeni en el proyecto será del 50%.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, opinó que la firma del contrato “es un hito” en la “estrategia energética” del gobierno y también “para el país”.
“Todas las inversiones que se están realizando (...) nos llevan a una diversificación de la matriz energética y a una estabilidad de la misma, a una disminución de la vulnerabilidad y una disminución de los costos energéticos, que son altamente significativos”, sostuvo.
La regasificadora, opinó, es “una reserva energética estratégica”.
El director nacional de Energía, Ramón Méndez, dijo en rueda de prensa que la planta “va a cambiar la matriz energética del país contribuyendo a la reducción de costos, que es lo más importante para los uruguayos”, ya que “el gas natural va a ingresar al país un 30% más barato”. También “el costo de generación de energía eléctrica” se reducirá el 30%, afirmó.
“La transformación apunta a la soberanía, no depender de petróleo, no depender de un commodity, el cual no podemos controlar su precio, sino depender de nuestras propias decisiones (...). Las energías renovables la dificultad que tienen es que son intermitentes y por lo tanto precisamos un soporte constante, y para eso está el gas natural”, explicó.
La planta permitirá una capacidad de “almacenamiento de energía tan grande como son hoy las represas hidroeléctricas de Río Negro y de Salto”.
Vecinos.
Mientras se firmaba el contrato en la Torre Ejecutiva un pequeño grupo de miembros de la Coordinadora de Vecinos del Oeste concurría a la Dirección Nacional de Medio Ambiente a protestar.
En un comunicado enviado ese día a la prensa, la agrupación vecinal anunció que “iniciará un proceso judicial para garantizar la transparencia y la seriedad en este proceso”.
Los vecinos difundieron un informe jurídico de SPU Abogados que hace algunas puntualizaciones a los términos del contrato.
Sostiene que Gas Sayago debe obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP) de la Dinama “antes del 31/10/2013” y “de lo contrario dicha sociedad debe asumir los costos derivados de la demora y de las obligaciones ambientales”.
También observan que GDF Suez debe garantizar el cumplimiento del contrato con dos fianzas sin fiadores solidarios ni otro tipo de garantías, mientras que Gas Sayago presenta la garantía solidaria de Ancap y UTE y también la del Estado uruguayo.
Además, dicen, “si bien existe una cláusula por la cual se pretende limitar la responsabilidad de ambas partes a la suma de 100 millones de dólares, en realidad dicha limitación termina operando solo a favor del proveedor (GDF Suez), ya que Gas Sayago SA en más de una oportunidad termina siendo responsable por el pago del valor residual, o por el pago de costos razonables, ambos conceptos definidos en el contrato por parámetros que pueden dispararlo muy lejos por encima de los 100 millones de la limitación genérica”.
Los abogados concluyeron que parece “inconveniente” que la sociedad que firme el contrato sea diferente “a la que obtuvo la licitación” aunque se trate de “una filial indirecta”. También cuestionaron que esa filial “no deba obtener la garantía solidaria de su matriz”, cuando a Gas Sayago se le exige una garantía solidaria y una garantía soberana del Estado.
También advirtieron que “el tratamiento dado a la obtención de beneficios tributarios vinculados a la aplicación del tratado para evitar la doble tributación entre España y Uruguay es completamente incorrecto, al punto de que se puede interpretar como una maniobra de evasión fiscal encartada en el uso de figuras societarias en fraude a las naturales expectativas del fisco”.
La Dinama todavía está en el proceso de estudio de la información que se le proporcionó, debe convocar a una audiencia pública para recabar opiniones de la ciudadanía y luego podrá otorgar o no la Autorización Ambiental Previa para que puedan comenzar las obras en Punta Sayago.
