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    Corte argentina ordenó al Poder Ejecutivo publicitar en el Grupo Clarín

    La Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó el martes 11 al Poder Ejecutivo a asignar publicidad oficial a Canal 13, una empresa del Grupo Clarín, con el cual el gobierno de la presidenta Cristina Fernández mantiene un enfrentamiento desde hace seis años.

    La Corte decidió hacer lugar a la demanda presentada por Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear), titular de LS 85 TV Canal 13, ratificando así una resolución que había sido adoptada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

    En ese fallo se ordenó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández a elaborar y presentar “un esquema de distribución de publicidad oficial que comprenda a las emisoras de análogas características” que Canal 13, entre las que se mencionó a América TV, Telearte (Canal 9), Telefé y el estatal Canal 7, de acuerdo con pautas de equidad establecidas anteriormente.

    La demanda iniciada por el Grupo Clarín contra el Estado exigía el cese de la asignación arbitraria y discriminatoria de los avisos publicitarios por parte de los organismos oficiales y que se retomara una distribución equitativa como existía antes de 2008.

    El fallo de la Corte consideró como antecedentes para definir su sentencia los casos precedentes que involucraron a Editorial Río Negro y a Editorial Perfil, en los cuales se estableció que “existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”.

    Esto llevó a que los magistrados Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay se inclinaran por un fallo favorable a Canal 13. El único juez que lo rechazó fue Eugenio Zaffaroni, afín al kirchnerismo.

    “Flagrante violación”.

    El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, repudió el miércoles 12 la decisión de la Corte afirmando en una conferencia de prensa que “es una flagrante violación a la división de poderes”.

    “Si la Corte Suprema o la Justicia se arroga la voluntad del legislador y establece un parámetro de cómo distribuir la publicidad, debería obligar a informar cuando se inaugura una vivienda, una obra de agua potable, cuando se inaugura una obra de redes cloacales, de carácter energético, de energía atómica, de una ruta”, opinó.

    Capitanich preguntó: “Si todos los periodistas tienen sistemáticamente la libertad de escribir en contra de la editorial que les paga” y concluyó: “Todos sabemos que en el país y en el mundo existe un debate respecto al poder. El poder oculto es el que emana de grupos económicos”.