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Como alternativa para la provisión de agua potable, OSE estudia construir dos nuevos embalses y represas en la cuenca del Santa Lucía, uno en el arroyo Casupá y otro en el arroyo El Soldado.
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Pero según informaron ayer miércoles en conferencia de prensa los integrantes del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, la Dirección Nacional de Minería y Geología está entregando permisos para minería de oro en la misma cuenca, en terrenos próximos a esos arroyos. Para la minería de oro se usa cianuro, que podría contaminar el agua, dicen.
La activista Carol Aviaga, integrante del Directorio del Partido Nacional, sostuvo que eso es una “contradicción” que demuestra que “no hay una planificación territorial” en el país.
Aviaga informó que en Lavalleja y Florida hay 400.000 hectáreas pedidas para explotación minera, la mayoría de oro.
El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario, dijo también ayer en El Espectador que la minería con cianuro “es una grave amenaza para el agua, que puede quedar estéril”.
“Ilegalidad”.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería cuestionó además que el gobierno se disponga a firmar el contrato con la minera Aratirí en las próximas semanas, cuando todavía “no están cumplidos los requisitos mínimos”.
El activista Víctor Bacchetta presentó una resolución de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) fechada el 14 de enero en la que se intima a Aratirí a presentar un “análisis de impacto urbano” del proyecto, un “plan de cierre de minas” y una “auditoría del Estudio de Impacto Ambiental” del emprendimiento.
Bacchetta leyó un texto con la opinión del profesor de Derecho Minero Alfredo Caputo, que sostiene que la autorización ambiental “es preceptivamente previa a la celebración misma del contrato de explotación”.
También ayer miércoles, el senador colorado Ope Pasquet advirtió que el gobierno estaría cometiendo una “ilegalidad si firma el contrato con Aratirí sin que antes esté el informe de la Dinama y la garantía”. Además, se refirió a la intimación de la Dinama: “La empresa no cumplió y con esto no se puede firmar el contrato”, afirmó.
Criticó que todavía no se conozca el contenido del contrato, cuando es de “interés público” su divulgación. “No entendemos cómo después del episodio de Pluna siguen con el secretismo”, comentó Pasquet.
El legislador dijo que la semana próxima solicitará que sean llamados en régimen de Comisión General a la Comisión Permanente los ministros de Industria y de Medio Ambiente para que informen del tema. En caso de que no se concrete rápidamente esta convocatoria o se firme el contrato sin los estudios, Pasquet dijo que interpelará a ambos.
Productores.
El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, también habló ayer del proyecto Aratirí. Según cálculos de esa cartera, el área afectada varía entre 5.000 y 10.000 hectáreas, en una zona donde “la productividad es inferior a la media nacional (Índice Coneat 100)”, señaló.
Dijo que “quienes tengan que dejar de ser productores (...) tendrán que ser debidamente indemnizados”.
Explicó que el productor afectado tiene tres alternativas: cobrar una renta que será de unos U$S 900 por hectárea anual, cuando normalmente en esos campos obtienen un ingreso de U$S 116 hectárea al año; vender el campo al Instituto Nacional de Colonización a un precio basado en el promedio que registra el Ministerio de Ganadería del mercado de tierras sumado a un monto adicional, o asociarse a Aratirí recibiendo un canon de 2% calculado sobre la cantidad de hectáreas involucradas en ese emprendimiento minero.
