“Así miente Juan”.
¿Qué sucede cuando la fuente es la que rompe el pacto negando con nombre y apellido lo que amparado en el anonimato había dado como cierto? ¿Qué hace el medio? ¿Y el periodista? ¿Es válido que la respuesta sea revelar su identidad?
Estas preguntas estuvieron en debate en medios uruguayos a partir de un caso ocurrido la semana pasada.
El diario “El Observador” publicó el jueves 13 un artículo titulado “Así miente Juan Castillo”, en el que reveló que el dirigente del Partido Comunista (PCU), vicepresidente del Frente Amplio y ex coordinador del PIT-CNT había sido la principal fuente de una nota sobre el enojo de los comunistas con el gobierno del presidente José Mujica.
El miércoles 12, ese diario informó —en base a fuentes innominadas— que el PCU había amenazado “con irse del gobierno” por el modo en que Mujica había manejado el conflicto de Salud Pública.
Allí se infomaba que, molestos por la actitud del gobierno en áreas en las que el principal responsable político es comunista —como la Intendencia de Montevideo (Ana Olivera) y el Ministerio de Salud (Jorge Venegas)—, el lunes 10 los dirigentes del PCU habían resuelto “que era tiempo de abandonar el gabinete”.
“Enterado de eso, el presidente llamó a los dirigentes comunistas y les ofreció mantener una reunión en su chacra. Allí fueron con un planteo fuerte: o respaldaba al ministro o se replanteaban su relación con el Poder Ejecutivo”, publicó “El Observador” citando “fuentes del PCU”.
Pero ese mismo miércoles, Castillo desmintió en “Telemundo” lo informado. “Jamás nunca se podrá plantear a nuestro propio gobierno, a nuestra propia fuerza política ni condicionar al presidente, ni amenazar con el retiro de los cargos ejecutivos. No es nuestra práctica, no lo ha sido nunca”, aseguró.
Al día siguiente, “El Observador” publicó un artículo señalando a Castillo como “el principal informante” de la nota que ahora negaba y haciendo público el audio —así como la desgrabación— de su conversación con un periodista de ese diario.
“¿Puedo decir que Juan Castillo fue uno de los articuladores de la negociación, y lo que se manejaba entre ustedes era que si una de las partes fallaba, los comunistas quedaban mal parados y al no haber respaldo político se debían retirar?”, le preguntó el periodista.
“Eso lo pienso así, así que escribilo así porque lo pienso. Comunistas por doquier, comunistas en el Ministerio de Salud Pública, comunistas en el PIT-CNT dando la cara, comunistas en la dirección de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que articularon con la mayoría, y bueno, yo jugando también en el partido desde el Frente Amplio”, contestó Castillo.
“A los navegantes”.
Ese jueves, el editor jefe de “El Observador”, Gabriel Pereyra, escribió una columna titulada “Los periodistas y los mentirosos”, en la que defendió la decisión del diario de hacer pública la identidad de Castillo.
Allí, el periodista criticó la “cultura del secretismo” que impera en Uruguay y lleva “a que muchas veces los funcionarios se nieguen a proporcionar información que es abierta, que debería ser entregada no solo a los periodistas sino a cualquier ciudadano que la requiera”.
Sostuvo que esto lleva a que muchas veces los medios uruguayos publiquen notas basadas en una sola fuente aunque la regla teórica en el periodismo indica que deberían ser tres.
“No estamos hablando de un comunicado anónimo que llega a una redacción y el periodista se hace eco de él sin confirmar lo que dice. De lo que se trata es de que el periodista recurre a alguien que estuvo en esa reunión importante y en base a la confianza se establece un contacto: me contás lo que pasó y yo jamás de los jamases diré quién me lo dijo”, agregó.
Pereyra recordó que “los escándalos más graves y las historias más legendarias del periodismo en el mundo están apoyadas en fuentes anónimas”.
“Todo ese sistema se basa en la confianza. Si la confianza se pierde todos los acuerdos previos se caen”, dijo y añadió que “una cosa” es que lo dicho por una fuente sea desmentido por otros y “otra muy distinta” “es que alguien que se presta para informar anónimamente a un periodista, al día siguiente, dando la cara, sale a decir que eso que él mismo informó, es mentira”.
A juicio de Pereyra, esto “es una celada no solo a la verdad, sino al trabajador, que puede ver afectada su fuente de trabajo y al medio de comunicación”, dado que “el periodista lo único que tiene para andar por la vida como tal es su credibilidad, y esa fuente la puso en juego sin necesidad”.
“Las personas que franqueando el muro del silencio suelen comunicarse o atender a los periodistas del diario para pasar información, saben de la firmeza de las convicciones que priman en esta casa cuando se trata de proteger la identidad del informante”, aseguró.
Y lanzó una advertencia: “A partir de ahora, por si quedaban dudas, todos también saben que este diario no va a pagar el precio de amparar a los mentirosos, aunque abunden en el ámbito de las cuestiones públicas, y mucho menos a quienes usan la mentira para afectar la credibilidad de un trabajador y del medio. El mensaje a los navegantes es claro: por esa vía van a encallar. Y el diario habrá aprendido la lección de que de algunas fuentes no tenemos que volver a beber, salvo que den la cara y se hagan responsables por lo que dicen, algo que obviamente no abunda en esta penillanura donde los periodistas tratamos de trabajar con la mayor dignidad posible en medio de la cultura del secretismo oriental”.
“Toma y daca”.
Sin embargo, los argumentos de “El Observador” no fueron compartidos por todos los medios y periodistas. Bajo el título “V de vendetta”, el director de “La Diaria”, Marcelo Pereira, escribió una columna criticando la decisión de hacer pública la identidad de la fuente.
A juicio del periodista “es probable” que la decisión del medio se explique en “que estaba en juego su credibilidad” y que “haya considerado que, si un informante atacaba en ese terreno, traicionando la confianza en que se había basado un diálogo reservado, el medio quedaba liberado, para defender su honor, del compromiso de reserva, y que debía informar además a sus lectores sobre un caso de doble discurso”.
“Sin embargo, el secreto profesional no es producto de un acuerdo de toma y daca entre dos partes, que cesa si una de ellas lo viola”, sostuvo.
Para Pereira “las medidas razonables que pueden adoptar” medios y periodistas frente a un caso como este “son dos: ratificar lo que publicaron y, si lo consideran pertinente, no aceptar más declaraciones anónimas del informante”.
“Será palabra contra palabra, quizás en desventaja cuando del otro lado hay una figura pública prestigiosa, pero ir más allá se parece demasiado a una represalia. (...) Un efecto probable del ‘escrache’ es que las fuentes tiendan a desconfiar de la reserva periodística y disminuyan su disposición a la confidencia, con lo cual la ciudadanía pasará a estar peor informada”, concluyó.
