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No es lo mismo regular empresas privadas que empresas públicas. Ese concepto general es la línea rectora en la que se basan los representantes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para iniciar una “reconceptualización” del organismo a diez años de su creación.
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Daniel Greif, presidente del organismo creado en 2002, sostuvo que la Ursea fue creada “para la incorporación de privados en la inversión y en la gestión de varios servicios”, lo que no se concretó por la resistencia que hubo en Uruguay.
Con la llegada del Frente Amplio al gobierno se promovió un “fortalecimiento” de las empresas públicas que en el área regulatoria “se mantuvo y buscó implementar”, por más que los reguladores fueron creados para otro escenario.
Para Greif es recién en la administración de José Mujica que se inició un proceso de “reconceptualización” de cómo y para qué se regula, dado que la idea original de multas y sanciones económicas “está basada en el beneficio económico” y “uno se da cuenta de que cuando trabaja con empresas públicas los incentivos no pasan por lo económico”.
“La empresa privada puede funcionar en base a esas multas porque su objetivo es el económico. Pero la empresa pública tiene un fin más de servicio y es probable que esa multa la traduzca a tarifas para los usuarios”, agregó. Por eso la Ursea intentará trabajar más en el “convencimiento” que en la “confrontación”.
—¿Qué balance hace de esta década de regulación?
—Hubo una etapa de creación de la regulación desde el 97, y el 2002 fue un hito con la creación de la Ursea. Pero la implementación de toda esa regulación se dio más adelante. Recordemos que todo el modelo regulatorio original fue propuesto para la incorporación de privados en la inversión y en la gestión de varios servicios en el marco de una política neoliberal en toda la región.
En Uruguay ese modelo tuvo un fuerte cuestionamiento que hizo que prácticamente no se insertara y la gestión privada que se esperaba no apareció.
Cuando la izquierda toma el gobierno en 2005, se implementa una regulación que era de otro origen y se le empezó a dar sustento a las instituciones creadas.
Durante ese período se hizo foco en los problemas de la coyuntura y no tanto en modificar la regulación porque había sido concebida en forma distinta. Se mantuvo y se buscó implementarla.
Por otro lado el foco de prioridades del gobierno pasó por fortalecer las empresas públicas y hacerlas más competitivas, reestructurarlas.
Es recién ahora que se piensa la regulación para el concepto actual, en el que hay una fuerte predominancia de las empresas públicas.
—¿Qué significa reconceptualizar la regulación? ¿Existen diferencias entre regular empresas privadas y públicas?
—Sin duda. A nivel regional somos uno de los países que más tienen presente el tema público. Estamos trabajando para reformular la regulación en este marco.
Porque ese concepto original tiene una batería conceptual con incentivos y sanciones que está basado en el beneficio económico y uno se da cuenta de que cuando trabaja con empresas públicas los incentivos no pasan por lo económico.
Uno diseña una multa o una sanción y eso no es lo mismo para una empresa pública que la privada. La privada puede funcionar en base a esas multas porque su objetivo es el económico.
Pero la empresa pública tiene un fin más de servicio y es probable que esa multa la traduzca a tarifas para los usuarios.
Entonces para los públicos se tienen que buscar otros mecanismos para que haya una mejora de gestión, y de que la tarifa esté ajustada a los niveles de eficiencia y le sirva al usuario. Si esto se quiere llevar a términos de votos, es que cada cuatro años te reconozcan un buen servicio.
—¿Cómo se puede lidiar con empresas públicas monopólicas que tienen amplios recursos y estructura?
—La regulación es la herramienta que tiene el usuario para reclamar si el prestador no da respuesta. Además es un asesor del Poder Ejecutivo para fijar condiciones de calidad.
Es un proceso que busca más que la confrontación una cooperación, trabajar en equipo. Aspiramos también a la autorregulación; que las empresas públicas se fijen criterios y normas y luego hacerles cumplir con algo que ellas mismas se fijaron.
Nuestro caso es más del convencimiento que del enfrentamiento porque creo que hay objetivos comunes, dado que en este caso los organismos públicos también tienen como fin el beneficio del usuario.
La reconceptualización te obliga a cambiar el posicionamiento. Poner sanciones en una empresa pública capaz que no es lo más adecuado y por ello debemos meternos más en el proceso y ver una sanción más moral que exija mejoras en el procedimiento. De poco sirve poner una sanción económica que luego la empresa te la pone en la tarifa.
