Mientras intenta avanzar en varios proyectos catalogados como estratégicos para la matriz energética del país, la estatal de energía eléctrica, UTE, deberá lidiar con una profunda investigación interna ante irregularidades constatadas en varias licitaciones del ente para saber si son hechos puntuales o constituyen un modo de actuar generalizado.
En su última sesión el Directorio UTE tomó conocimiento del informe solicitado al auditor externo Álvaro Richino y por unanimidad hizo lugar a varias de sus recomendaciones, publicadas en Búsqueda la semana pasada.
El documento detectó falta de controles y una “debilidad muy importante” en la ejecución y control de gastos, sobreprecios de más del 100% y procedimientos de decisión “discrecionales”. La investigación no descarta que, dados todos estos elementos, haya “colusión” entre los funcionarios de UTE y terceros (Búsqueda Nº 1.700).
Así los jerarcas resolvieron iniciarle sumarios a tres altos jerarcas del organismo —el subgerente de mantenimiento de Centrales Térmicas, Daniel Hirigoyen, y los jefes de departamento Leonardo Paulerci y Martín Bassagoda—, continuar la investigación interna y trasladar todo el expediente a la Justicia de Crimen Organizado, donde desde hace meses se investigan estos hechos.
Mentiras y pedidos.
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación de Richino es que en 2008 se realizó una licitación para estudiar la integridad y la vida residual de las Unidades 5ª y 6ª de la Central Batlle y se adjudicó al consorcio CSI-Soluziona.
Esa obra terminó realizandose con sobrecostos de más del 100% y se omitió penalizar a la adjudicataria por errores cometidos en el proyecto.
Pero el aspecto que las autoridades consideran más relevante es que la investigación detectó que se falsificaron documentos presentados ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería en los que se informaba que se le había descontado parte del pago al consorcio por esos errores, algo que se comprobó que nunca ocurrió.
Esos documentos eran la respuesta a un pedido de informes sobre esa licitación que presentó en noviembre del 2011 el diputado blanco Jorge Gandini y que fue contestado por UTE el 27 de junio de 2012.
Gandini denunció el martes en “El País” que esa información se había tergiversado para que él no siguiera investigando el tema y que este es un hecho “muy grave” porque se le dieron al Parlamento “respuestas probadamente falsas”.
Desde UTE, y por recomendación de Richino, se inició una investigación para identificar al funcionario que elaboró ese informe y detectar si mintió en forma consciente, lo que constituye un delito.
Consultado por Búsqueda, Gandini sostuvo que pedirá oficialmente todo el expediente de la investigación para definir “si (el presidente de UTE, Gonzalo) Casaravilla actuó con ligereza al presentar ese informe”.
“Quiero saber si fue engañado por sus propios asesores técnicos y no tenía manera de saberlo a priori o si actuó con mucha ligereza. No entiendo cómo en abril presentó una denuncia penal sobre irregularidades en varias licitaciones y luego en junio dice lo que dice en el informe”, agregó.
Para Gandini “está claro que se mintió” y que existe desde el ente “una maniobra tendiente a engañar y a favorecer a determinadas empresas”.
“La Justicia tiene que saber que acá se le mintió al Parlamento”, añadió.
Mientras, en la órbita judicial se espera que UTE traslade el expediente para agregarlo a la investigación abierta por estos casos. Uno de los indagados fue el ex vicepresidente del ente entre 2005 y 2010, Pedro de Aurrecoechea, quien posee el 4% del paquete accionario de la empresa privada Ciemsa.
Ciemsa-CSI fue la adjudicataria de una de las licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades. Aunque se adjudicó en junio de 2011, más de un año después de que De Aurrecoechea dejara su cargo, igual fue citado a declarar en la causa.
Sin embargo, en las conclusiones de la investigación aparecen involucradas licitaciones a CSI.
“En el informe no se dice que estas licitaciones se hicieron cuando De Aurrecoechea estaba al frente de UTE”, dijo Gandini.
Resolución unánime.
Según la resolución a la que accedió Búsqueda, el Directorio resolvió, además de iniciarles sumarios, separar del cargo a los funcionarios implicados y retenerles la mitad de sus salarios.
Además designó al abogado Enrique Machado —externo a UTE— como instructor de los sumarios y les solicitó a varias de las gerencias involucradas que lo asistan en todo lo posible en este proceso y en la investigación interna.
“Queremos que el procedimiento se realice con todas las garantías del caso sin perjuicio de ir hasta las últimas consecuencias. Hechos como los denunciados, si bien aislados y no representativos del funcionamiento general y habitual de UTE, deben ser esclarecidos, ya que de esto depende la fortaleza de las instituciones públicas y el desafío que representa la reforma del Estado”, dijo Casaravilla a la Secretaría de Comunicación de Presidencia el viernes 8.
Consultado por Búsqueda, el jerarca explicó que habrá una investigación interna que “profundice” en algunos de los puntos que marcó Richino “para analizar si estamos ante situaciones puntuales o algo más generalizado”.
Sobre las consideraciones de Gandini, Casaravilla consideró que es un “planteo absurdo” señalar que él mintió sobre los datos: “Fui yo mismo quien solicitó una investigación”.
Casaravilla agregó que los pedidos de informes los realiza la gerencia pertinente y el Directorio “toma conocimiento” del mismo. En el caso del informe sobre CSI-Soluziona “el Directorio votó por unanimidad tomar conocimiento del mismo sin nada que observar, incluyendo los directores de la oposición”, sostuvo.
“Sobre el resto de los planteos del legislador, son consideraciones políticas que se las contestaré con mucho gusto si nos convoca al Parlamento”, agregó.
Consultado sobre por qué había firmado un informe como ese si meses atrás había denunciado penalmente irregularidades en varias licitaciones, Casaravilla explicó que “no asoció” el informe con la denuncia.
“La denuncia penal no se hizo de un día para otro, fue un trabajo de un par de años. Asociar algo puntual con eso no me corresponde. Vengo recibiendo información desde hace dos años, fue una recopilación extensa de información”, dijo el jerarca.
Todos preocupados.
En el sindicato de UTE (Aute) se trató de manera informal el tema, y se espera que en las próximas sesiones de la Mesa Ejecutiva se analicen posibles medidas al respecto, dijeron a Búsqueda fuentes sindicales.
Algunos dirigentes recorrieron la Central Batlle estos días y constataron que “está todo el mundo muy preocupado por este tema”.
Una de las fuentes consultadas aseguró que tiene “más confianza” en la investigación judicial que en la que realice UTE porque “no hay antecedentes de que se toque a los gerentes”.
“Me gustaría ver que este Directorio haga lo mismo que hace con los funcionarios sin grado: que vaya hasta lo último y tome todas las medidas necesarias. Es difícil que rueden cabezas de gerentes”, agregó.
