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El gobierno recibe por mes una decena de denuncias de actividad minera ilegal; según un jerarca, “hay una evasión importante”
“Yo me doy media vuelta y roban por otro lado”, afirmó el director de Minería y Geología, Pier Rossi, quien asegura que “es una situación añeja con todo un sistema para desmantelar que va a llevar tiempo”
imagen de El gobierno recibe por mes una decena de denuncias de actividad minera ilegal; según un jerarca, “hay una evasión importante”
La fuerte lluvia que cae en Salinas marca aún más las enormes huellas de ruedas impresas entre los montículos de arena. En ese lugar se encuentra una cantera en explotación que, sin embargo, no cuenta con habilitación para hacerlo.
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La retroexcavadora llega al instante y en menos de una hora 25.000 kilos de arena rellenan la caja del camión para que siga su recorrida. A veces toma la ruta Interbalnearia, otras lo hace por caminos internos pero el destino es siempre el mismo: la barraca ubicada a pocos kilómetros.
Este es uno de los casos de actividad minera ilegal que fue denunciado ante la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) en los últimos meses.
En diálogo con Búsqueda, el director de la Dinamige, Pier Rossi, indicó que “todos los meses llegan entre ocho y nueve denuncias” de casos de todo el país. “Ahora hay muchas desde Rivera, Colonia y Rocha”, agregó.
Por su parte, Pablo Jauregui, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros de Uruguay, afirmó a Búsqueda que “hay canteras ilegales pero tienen vida corta, no más de dos meses, por los controles y las denuncias que hacen los propios mineros”.
En este sentido, Rossi explicó que “el mayor problema” se da con los áridos para la construcción, “porque continuamente la obra pública se tiene que abastecer”.
“Las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tienen que hacer obra y los materiales tienen que salir de algún lado —afirmó el jerarca—. Hay una cantidad grande de canteras habilitadas y otras denunciadas que hemos ido y clausurado, pero al poco tiempo se vuelve a extraer”.
“Es momento de que las intendencias empiecen a ser conscientes de que hay irregularidades y que hay una evasión importante con los áridos para la construcción”, sostuvo Rossi.
El control.
En las últimas semanas una empresa fue denunciada por extraer ilegalmente piedra partida en Durazno. Dinamige concurrió, constató y sancionó pero, según explicó Rossi, en el mismo momento esta empresa, bajo nombre de otra sociedad anónima, abrió otra cantera.
“Hace 30 años que nadie denuncia nada y se roba por todos lados. Se necesita que la gente denuncie más porque yo me doy media vuelta y roban por otro lado”, enfatizó el director.
En este sentido, Jauregui consideró que “el Estado no funciona mal en el control” sino que “funciona mal la gestión de los recursos” porque “cada vez hay menos personal”.
Dos inspectores de la Dinamige se encargan de realizar el control y la fiscalización de todos los emprendimientos del país.
“Esto es algo que viene desde hace tiempo y, por ejemplo, en 2003 no había recursos de combustible para que los inspectores hicieran la fiscalización”, dijo Jauregui.
Rossi consideró que “un policía en cada cajero tampoco sirve” y que se debe “aumentar la regularización” porque “es una situación añeja con todo un sistema para desmantelar que va a llevar tiempo”.
Otros fines.
La apertura de canteras sin autorización no es la única vía ilegal que utilizan empresas para sacar ventaja.
El dueño de un predio en Guazubirá contaba con una gran cantidad de arena en su terreno, por lo que solicitó ante Dinamige una autorización para volcarla al camping local.
El artículo 116 del Código de Minería vigente permite que el propietario de un predio solicite autorización para extraer arena para realizar obras con fines personales.
Amparado en este artículo, fue autorizado. Sin embargo, tras la denuncia de cuatro empresas, el gobierno constató que el destino final era la comercialización en Montevideo y Canelones.
Diversos empresarios consideran este hecho como “una muestra” y aseguraron a Búsqueda que el “50% de los áridos para la construcción que se comercializa es en negro”.
En ese sentido, Rossi especuló que la producción de áridos para la construcción declarada —más de 8 millones de toneladas— “no es todo lo que en realidad se utiliza” porque “la obra pública requiere más material”.
