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Ayer miércoles de mañana efectivos policiales entraron en la redacción del semanario “El Eco” de Nueva Palmira, Colonia, y se llevaron siete computadoras a 48 horas de una nueva edición del periódico.
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El hecho sucedió como consecuencia de una denuncia que la Cámara Antipiratería le hizo al medio de prensa por utilización de programas sin la debida licencia. La jueza María Alexandra Facal fue quien autorizó la incautación de esas máquinas para constatar si las mismas poseen software irregular.
Esta incautación tomó por sorpresa a los directivos del semanario, que esperaban alcanzar un principio de acuerdo en la audiencia fijada para el próximo 4 de marzo.
La Cámara Antipiratería demandó al semanario a principios de agosto por U$S 20.000. A partir de ese momento, según los directivos, el medio comenzó a reconvertir sus máquinas con sede en Carmelo, retirándoles el software sin licencia e instalando uno de licencia libre o “abierta”.
Pero a principios de febrero la Cámara amplió la denuncia y la trasladó al ámbito penal. Daniel Rosselli, co director de “El Eco”, dijo a Búsqueda que “esto es casi como un ataque personal, es más una persecución que una denuncia”.
“¿Cuántos medios en todo el país hay que tengan todas las licencias al día?”, sostuvo.
Adelantó que sus abogados presentarán hoy jueves un recurso para que se devuelvan las máquinas “o al menos el material y poder sacar esta edición”.
Para Rosselli, la posición de la Cámara “es encarnizada” porque “había actitud de diálogo para cambiar el software”.
“Ya habíamos cambiado todos los equipos de Carmelo y estábamos en el mismo proceso aquí en Nueva Palmira. Lo más grave es que en esa incautación se llevaron un equipo de una compañera, una computadora personal que no deberían haberse llevado”, agregó.
Preocupación.
El caso tiene en alerta tanto a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) como a la Organización de la Prensa del Interior (OPI). Uno de los elementos que más preocupa a sus directivos es que dentro de las computadoras pueda haber información confidencial que ahora queda en manos de terceros.
Sebastián Cáceres, secretario general de la OPI, dijo a Búsqueda que en primera instancia la organización “exhortó a todos sus afiliados a que regularicen su situación en lo referente al software legal”.
“Pero a pesar de eso nos preocupa observar este tipo de procedimientos agresivos que son una clara limitación a la libertad de expresión ya que este procedimiento deja sin material de publicación a un medio a 48 horas de su salida”, agregó.
Sostuvo que “aplicarle una multa de U$S 20.000 a un medio del interior del país es firmar su partida de defunción”.
Cáceres dijo que hablaron con integrantes de la Suprema Corte de Justicia para “intentar evitar que esta situación se repita” y que están coordinando acciones con la APU, ya que “están en juego puestos de trabajo”.
“Habrá que transitar el camino político para que esta Cámara antes de actuar prevenga primero a los medios y les dé los plazos necesarios para adaptarse y así evitar este tipo de acciones”, agregó.
