Según relató a Búsqueda el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, en Cerro Chato “está dividida la sociedad entre quienes dicen ‘vamos adelante’ y gente dispuesta a encadenarse en su terreno”.
Esto llevó a que quienes están en contra recolectaran 4.582 firmas para hacer un petitorio popular, que fue entregado el 17 de mayo al intendente y la Junta Departamental para que se declare al departamento “libre de mega minería metalífera a cielo abierto”.
Aníbal Terán, referente de la comisión “en Defensa de la Tierra de Treinta y Tres” que lleva adelante la iniciativa, aseguró que desarrollar este tipo de minería “es insustentable, porque cuando se acaban los yacimientos se queda peor que antes”, y es “incompatible con los principales rubros de la economía nacional, que son la ganadería, la agricultura y el turismo”. Opina que esa industria “no viene a sumar, viene a restar”.
En el caso del proyecto Aratirí, Terán afirmó que “es la amenaza ambiental más grande en toda la historia de Uruguay”.
“Estamos de acuerdo en promover una minería de menor escala” pero “con la condición de que sea para generar una industria siderúrgica nacional”, dijo.
En este sentido, Sánchez afirmó que “es imposible” prohibir la minería en el departamento y está “de acuerdo” en la extracción pero “a una escala acorde al país” y que involucre en la discusión “a todas las partes —el gobierno, la empresa y los productores afectados”.
“Aratirí no es racional, es enorme y al ser enorme va a durar mucho menos la explotación. Creo en la necesidad de diversificar la matriz productiva pero hay que dilatarlo en el tiempo”, aseguró el jefe comunal.
Agregó que “este país no puede darse el lujo de no explotar el recurso que existe pero tiene que ser explotado a una escala país, que no es como en Perú y Bolivia, que tienen tierras improductivas”.
En Lavalleja hay pedidos mineros otorgados para prospección y exploración en más del 40% del territorio rural, lo que llevó a que la comisión Movimiento “Lumana” —“Lavalleja único, mágico y natural”– comenzara a juntar firmas en diciembre de 2012 para alcanzar un plebiscito departamental.
La Constitución establece el mecanismo para convocar a un plebiscito departamental mediante la presentación de firmas a la Corte Electoral del 15% del padrón electoral. Hasta ahora hay 4.500 firmas de las 6.500 necesarias.
Búsqueda intentó durante las últimas dos semanas comunicarse con la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, para conocer su opinión pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.
“No se puede comparar”.
Durante la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez se fundó en 1912 el Instituto Geológico y de Perforaciones, el primer organismo estatal destinado a temas mineros. Sin embargo Minas de Corrales, un pueblo de Rivera, ya era considerado “la capital del oro” décadas antes.
Entre 1865 y 1895 esta localidad fue el destino de franceses, ingleses, italianos, brasileños, españoles, argentinos y los propios uruguayos en busca de oro.
El relevamiento dio buenos resultados, al punto de que en 1883 la empresa francesa que explotaba oro puso en funcionamiento en Cuñapirú la primera represa hidroeléctrica del país, una estación de molienda de roca y un aerocarril para transportar el mineral.
Pese a ser el departamento uruguayo de mayor tradición minera, más de 1.500 personas firmaron para que haya un plebiscito departamental que decida si Rivera debe continuar con actividad minera o debe prohibirla. Para llegar al 15% del padrón electoral en Rivera necesitan alcanzar alrededor de 12.500 firmas.
“Apuntamos a que las comunidades sean consultadas” porque con la instalación de la mega minería “se va a cambiar totalmente la forma de vivir por dos pesos locos”, explicó Fabiana Campos, representante de la comisión “Rivera por la vida sustentable y el agua”.
A partir de la experiencia con Orosur —empresa que explota oro en Minas de Corrales— Campos llegó a la conclusión de que “desde ningún punto de vista es favorable, solo desde lo económico para las empresas y nada más”.
El intendente de Rivera, Marne Osorio, dijo a Búsqueda que está “a favor de la minería y los controles que se tengan que generar” y enfatizó que “no se puede a priori no permitir que se generen los proyectos”, en alusión al proyecto de ley para regular la minería de gran porte que tiene a estudio el Parlamento.
“El tema de la mega minería está muy confuso. No se puede comparar la minería del mundo con la minería uruguaya, y no se puede comparar la minería de Aratirí con la minería de Orosur”, indicó.
Orosur es la única empresa en explotación que califica como minería de gran porte, según el proyecto de ley, pero en los últimos años arribó la australiana Gladiator con un proyecto de extracción de hierro en Vichadero que generó diferencias entre los ciudadanos de Rivera.
“En el caso de Vichadero no la llevo tanto porque no se puede dar un cambio donde la comunidad no lo siente. Allí hay una cultura agropecuaria, no se le puede imponer. Hay que generar el proyecto, convocar a la comunidad y luego escuchar si es compatible con el desarrollo productivo que siente el sector que está instalado”, explicó Osorio.
No en todos lados.
La comisión “Tacuarembó por la vida y el agua”, encabezada por el obispo local, Julio César Bonino, presentó el 27 de junio ante la Junta Departamental de Tacuarembó 13.000 firmas —1.800 más de las necesarias— para declarar prohibida la minería de gran porte en el departamento.
Según explicó Bonino a Búsqueda, la iniciativa surgió con ciudadanos “en defensa de los recursos naturales, principalmente del acuífero guaraní, una de las reservas más grandes de agua dulce del mundo”, y productores ganaderos, agrícolas y forestales.
“Nosotros advertimos este malón de industrias extractivas que se está dando en toda América Latina con gobiernos progresistas que le abren las puertas a las presiones que las multinacionales hacen; por esto decidimos hacer una campaña para detenerlo”, indicó el obispo.
Sin embargo, desde la Intendencia de Tacuarembó consideran que entre los que firmaron hay otro tipo de interés. Fuentes municipales manifestaron a Búsqueda que “hay gente que está realmente convencida” pero “hay algunos que lo aprovechan para trascender políticamente, como Bonino”.
El obispo replicó que “los palos están por venir” y aseguró que él sigue “la doctrina de la Iglesia” que apoya el cuidado de la naturaleza y pide “que sea tratada como un préstamo de los hijos y no como una herencia de los viejos”.
“No digo no a la minería, sino que me pregunto qué geólogos tenemos, qué policía ambiental tenemos para controlar. No es lo mismo cuando una minera llega a lograr lo que se está logrando desgraciadamente sin que la población se involucre y es muy distinto que lo haga con una población que va a estar mirando y atenta a lo que hacen”, concluyó.
El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, dijo a Búsqueda que no cree “que sea bueno estar en contra drásticamente” porque “tampoco es justo tener esa riqueza y no poder utilizarla”, pero “no hay que hacer minería en todo Uruguay ni en todos lados”.
“La minería trae cosas buenas y cosas malas pero no creo que haya que prohibirlo todo sino que autorizarlo bajo determinadas normas y determinados lugares. Hay que hacer un estudio en serio de cuáles son las zonas y las hectáreas que el país permite para considerar mineras”, agregó.
Por su parte, Ezquerra comparó la situación social con las manifestaciones que se hicieron cuando llegó la forestación.
“Parecía que la forestación nos iba a dar la muerte de todos, no iba a haber más agua, pero se desmitificó y la forestación trajo tiempos diferentes. Tacuarembó hoy tiene una realidad diferente porque se generaron 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos a partir de la forestación. Se mejoraron los salarios y llegaron muchas industrias y mano de obra calificada”, aseguró el intendente.
“También trajo, a contrapelo, el aumento de los alquileres y viviendas, la rotura de caminos —puntualizó—. Pero no pasó nada de aquello radical que había cuando se pintaron carteles de la muerte por la llegada de la forestación”.
Desarrollo
2013-07-11T00:00:00
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