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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó el domingo 15 su reunión de medio año celebrada en la ciudad colombiana de Medellín con una serie de conclusiones que, entre otros asuntos, “condena de manera enérgica la violencia contra periodistas reflejada en el asesinato de 14 miembros de la prensa americana, así como los numerosos actos de represión, acoso digital y amenazas, que también afectan a los medios de comunicación”.
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En primer término, la SIP hizo mención al secuestro y asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros de la redacción de El Comercio de Ecuador, a manos de un grupo disidente de las FARC colombianas.
Los horrendos asesinatos “presentan la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que se juega en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa”, sostiene la SIP.
“Sistemáticamente nos hemos pronunciado de manera enérgica en contra de los asesinatos y desapariciones de periodistas. En esta ocasión hemos hecho más. El acuerdo suscrito durante esta reunión de medio año, entre los periodistas colombianos y ecuatorianos, es una reacción para que esa historia que les costó la vida a nuestros colegas sea documentada y conocida por todos”, señala el comunicado.
Hostigamientos.
El hostigamiento a la prensa y a periodistas continúa y esto queda en evidencia en los informes sobre la libertad de expresión de los distintos países de América que se han presentado en la reunión de la SIP.
Desde la pasada Asamblea General de la organización, en octubre de 2017, han sido asesinados 14 periodistas: cuatro mexicanos, tres ecuatorianos, dos brasileños, dos guatemaltecos, un colombiano, un hondureño y un salvadoreño. También hay un periodista haitiano desaparecido. En México 11 periodistas han sido desplazados del país para prevenir atentados en contra de su vida.
“Los medios de comunicación, sus dueños y los periodistas son víctimas constantes de intimidaciones, acusaciones, acosos, insultos, ataques físicos y agresiones de todo tipo por parte de aquellos personajes a quienes se les cuestiona y aquellos gobernantes a quienes se les exige rendición de cuentas”, advierte el texto.
En Cuba, la represión estatal va en aumento. Según la SIP, “los ataques ya no solo son contra los periodistas y su integridad física, sino que sus viviendas son allanadas y se les prohíbe la salida de sus ciudades y en ocasiones del país simplemente por ejercer el periodismo. Además, el gobierno bloquea sitios web nacionales e internacionales, así como direcciones de correos electrónicos relacionadas con derechos humanos y periodismo, espía y hackea las redes sociales”.
Honduras y Nicaragua tienen iniciativas legislativas que buscan regular las redes sociales e Internet alegando criterios altruistas como la prevención de la violencia y las noticias falsas.
Acosos y ataques.
“Es repetitivo en varios países de la región el uso de plataformas digitales para atacar, acosar, denigrar y amenazar a periodistas y medios de comunicación”, advierte la SIP.
En Venezuela, durante los últimos seis meses, nueve periódicos dejaron de publicarse por falta de papel y otros insumos. 46 radioemisoras y tres televisoras también dejaron de funcionar por temas económicos en muchos casos “agravados por la asfixia gubernamental”.
“Por su parte, en Bolivia, se obliga a los medios de comunicación a difundir de manera gratuita campañas de gobierno. Para algunos medios esto representa hasta el 30% de su espacio publicitario”, sostiene la organización.
Otro tema alarmante para la SIP es “la denegación de una Justicia pronta, equitativa e imparcial. Las investigaciones y procesos judiciales por los asesinatos de periodistas toman tiempos excesivos y en muchos casos nunca se llega a una sentencia definitiva en contra de los autores”.
Los intentos de varios gobiernos para censurar la publicación de noticias e impedir la difusión de la verdad son cada vez más fuertes y en esta ocasión el documento de la SIP incluye denuncias en países como Costa Rica, Perú y Brasil.
En Bolivia, el presidente Evo Morales ha calificado a los periodistas como “terroristas mediáticos” y ante la promulgación de una ley que sanciona a los medios por publicar contenido editorial que a juicio del gobierno sea racista, las empresas periodísticas “optaron por la autocensura eliminando los espacios para comentarios de sus lectores en Internet”.
Hay una creciente iniciativa de los gobiernos de aprobar leyes de protección de datos o cibercrimen que en muchas ocasiones “contienen elementos que atentan contra la libertad de expresión e información y el acceso a datos de interés público. Este es el caso de Jamaica, Haití y Honduras”, advierte la SIP.
En Estados Unidos se mantiene la retórica del presidente Donald Trump en contra de los medios de comunicación que no favorecen su gestión.
Las iniciativas por implementar el derecho al olvido siguen latentes en varios países de la región.
Todavía existen países como Panamá, en los cuales se castiga con prisión el delito de calumnia e injuria cuando es cometido a través de medios de comunicación. Esto representa demandas civiles millonarias a los medios de comunicación que en muchas ocasiones ponen en riesgo la sostenibilidad de las empresas.
En Guatemala un proyecto pretende enviar a los periodistas a 20 años de prisión por generar “temor o alarma... o compeler al Estado o gobierno”, informó la organización.
Homenaje a Paolillo.
La reunión de la SIP comenzó con un sentido homenaje al exdirector de Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP, Claudio Paolillo, quien falleció en enero a causa de un cáncer de páncreas.
El legado de Paolillo fue recordado en sus varias facetas y se lo catalogó como uno de los referentes más importantes en la defensa de la libertad de expresión en las Américas.
