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Meses atrás eran incipientes los grupos organizados en el interior en busca de prohibir la minería de gran porte en sus departamentos a través de la recolección de firmas para realizar plebiscitos departamentales que prohíban la actividad.
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Pero en los últimos días sus voces se escucharon más fuerte, ya que en Tacuarembó se alcanzó la cantidad necesaria de firmas, en Lavalleja la propia intendenta nacionalista Adriana Peña firmó, lo que le dio un gran impulso a la campaña, y en otras localidades también se registró un crecimiento.
Apenas un día antes, durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 9, el ministro interino de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, trató el tema y manifestó “su preocupación por los recursos interpuestos al proyecto aprobado de minería de gran porte en diferentes departamentos”, según comentaron a Búsqueda participantes de la reunión.
Ortuño agregó —según los informantes— que “en muchos casos se intenta interponer recursos departamentales como forma de oposición” a la recientemente aprobada ley de minería de gran porte.
Y por último enfatizó la importancia de que se apruebe el proyecto de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, actualmente a estudio de la Comisión de Vivienda de Diputados.
Consultado por Búsqueda, el subsecretario reconoció que “se consignó lo que está sucediendo”, pero “el tema entró en discusión luego de resaltar la aprobación de la ley” de minería de gran porte y “este análisis viene a confirmar el avance que tiene la minería”.
Los recursos.
La llegada de la minera Aratirí en 2007 con la intención de explotar hierro de la zona de Valentines —ubicada entre los departamentos Florida, Treinta y Tres y Lavalleja— despertó incertidumbre y duda en la población del interior ante un proyecto del que poco conocían.
Hubo alegría de los que meses después se convirtieron en empleados de la empresa y vieron cómo sus salarios se multiplicaban, pero por otro lado hubo rechazo de productores que veían que sus terrenos eran denunciados para la exploración minera.
Esta división, sumada a las diferentes opiniones generadas entre quienes no se veían afectados directamente, llevó a que agrupaciones sociales comenzaran a recolectar firmas para realizar plebiscitos que prohíba la minería de gran porte en sus departamentos.
La Constitución establece el mecanismo para convocar a un plebiscito departamental mediante la presentación de firmas a la Corte Electoral del 15% del padrón electoral.
Con este objetivo, la comisión Movimiento “Lumana” —“Lavalleja único, mágico y natural”— lleva recolectadas 4.500 firmas de las 6.500 necesarias en dicho departamento.
Integrantes de la agrupación dan por hecho que llegarán a la cifra luego del “empujón” que significó que el martes 10 la intendenta Adriana Peña (Partido Nacional) estampara su firma para la realización del plebiscito.
Peña justificó su decisión en que “Aratirí va más rápido que el plan directriz en el departamento” y que “no hubo respuesta” del presidente José Mujica al planteo de “tratar el tema minería” junto al Congreso de Intendentes. (Búsqueda Nº 1.730).
La iniciativa se replicó en otro de los departamentos afectados por el proyecto de la empresa Zamin Ferrous, donde la “Comisión en Defensa de la Tierra de Treinta y Tres” entregó el 17 de mayo 4.582 firmas a la Junta Departamental local y al intendente Dardo Sánchez (Partido Nacional) para que declare a Treinta y Tres “libre de megaminería metalífera a cielo abierto”.
Sánchez manifestó semanas atrás que “es imposible” prohibir la minería en el departamento y está “de acuerdo” en la extracción pero cree que se debe realizar “a una escala acorde al país” (Búsqueda Nº 1.721).
Tacuarembó es el departamento que más rápido avanzó, ya que la comisión “Tacuarembó por la vida y el agua”, encabezada por el obispo local, Julio César Bonino, presentó el 27 de junio ante la Junta Departamental local 13.000 firmas —1.800 más de las que se requieren— para declarar prohibida la minería de gran porte en el departamento.
Por último, en Rivera, pese a que es el departamento uruguayo de mayor tradición minera por la explotación de oro que se realiza hace décadas, más de 1.500 personas firmaron para que haya un plebiscito departamental que decida si Rivera debe continuar con actividad minera o debe prohibirla. Para llegar al 15% del padrón electoral se necesitan alrededor de 12.500 firmas.
Blindaje jurídico.
Ortuño aseguró que con la aprobación del nuevo marco jurídico se consolida “un blindaje” a estos recursos, porque “no hay cómo una administración departamental pueda estar por encima de una directriz de carácter nacional”.
Recordó que en el Código de Minería vigente se establece que “el subsuelo” es propiedad del Estado, y citó el artículo 1º de la nueva norma, que establece que la actividad minera es “de utilidad pública e interés general y genera procesos de desarrollo sostenible del país, si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso, incluyendo el cierre y el post-cierre de minas”.
Por último destacó la “importancia de la ley”, porque “da desarrollo”, “regula con las mejores prácticas ambientales” y asigna “recursos al presupuesto nacional a través del Fondo Intergeneracional”.
