No se aceptan preguntas

Sobre el final del encuentro se presentó el “Monitoreo sobre el estado de la Libertad de Expresión en Uruguay”. El país ostenta una situación privilegiada según todos los rankings internacionales sobre libertad de prensa (Freedom House, RSF, SIP, CPJ), y este informe sigue esa tendencia, ya que los episodios de amenazas a la libertad de expresión bajaron de 37 casos a 28, entre abril de 2015 y marzo de 2016. De los 28 casos, 11 fueron de nivel “medio” de gravedad, fueron 17 “leves” y no se registraron episodios de gravedad “alta”. Desglosado por departamentos, Montevideo es donde se dieron más episodios (18), mientras que en el interior los departamentos con mayor cantidad fueron Soriano, Colonia y Paysandú, con dos cada uno.

En varios casos los periodistas recibieron la convocatoria a un evento de interés público pero no se les permitió formular preguntas. En un caso, incluso, no hubo llamado a la prensa, para una cobertura de un acto de Ancap. Por otra parte, en la campaña electoral para las Intendencias departamentales, se usaron “tráficos”, término que define las “autoentrevistas” a los candidatos que fueron enviadas a los medios, a fin de que se publicaran de forma textual. “De este modo se anula la posibilidad de los periodistas de hacer preguntas sobre otros temas de la agenda informativa”, puntualiza Cainfo.

El coordinador del Programa Libertad de Expresión de esta organización y presentador del informe, Fabián Werner, incitó a los periodistas a que rompan el silencio impuesto y se animen a formular preguntas, no solo sobre el tema que los conferenciantes autoricen. Entre los casos más notorios de obstrucción está la conferencia del 6 de julio de 2015 dada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto con varios ministros para informar sobre el acuerdo comercial con Venezuela. Antes del inicio, Vázquez dijo que solo respondería preguntas sobre ese tema, obturando de esa manera las preguntas sobre la polémica suspensión de la construcción del Antel Arena, que estaba en el tapete en esos días.

En el plano judicial, el 19 de octubre en la sede del Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno donde se llevaba adelante un audiencia indagatoria contra el general (r) Wile Purtscher a causa de amenazas contra jueces y fiscales involucrados en el proceso penal contra el fallecido general Miguel Dalmao, a varios periodistas se les impidió cubrir la audiencia, pasando por alto que el juicio se daba en el marco de la “ley de prensa”, con audiencia oral y pública.

Más adelante, e involucrando a un mandatario internacional, el 7 de enero de este año cuando Vázquez recibió al presidente argentino Mauricio Macri en Anchorena, se llamó a la prensa pero luego la Presidencia comunicó que solo podrían realizar cuatro preguntas: dos por cada país. Pero a la hora de realizarse la conferencia, se informó que se cerraba la oportunidad para preguntar.

En el interior, el 12 de febrero el ex intendente de Paysandú por el Partido Nacional, Bertil Bentos, declinó responder preguntas a la prensa en una conferencia de prensa convocada en torno a la auditoría de la anterior administración que había determinado el actual intendente Guillermo Caraballo. El ex jerarca se limitó a leer una declaración escrita donde explicó su posición y luego se negó a responder a los periodistas.

El caso Ancap, que generó gran interés en la opinión pública, fue también motivo para retacear información de interés público. El 14 de marzo asumieron nuevas autoridades en la empresa, oportunidad en la que no se convocó prensa. “En la ceremonia solamente estuvieron presentes los involucrados y los discursos realizados en la asunción fueron divulgados por el sitio web de la Presidencia de la República”, explica Cainfo.

Uno de los casos más sonados de las últimas semanas fue el de la empresa Tenfield, que impidió el acceso a periodistas del Canal 4 al partido que celebró la inauguración del nuevo estadio de Peñarol. “Con esta decisión se perjudicó a los televidentes del Canal 4, que se vieron impedidos de ver las imágenes del mencionado encuentro que había suscitado expectativa en la opinión pública”, se señala.

El 8 de marzo se denunció un suceso de agresión contra un camarógrafo de Televisión Nacional (TNU) cuando personas que manifestaban por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer trataron de impedir que el periodista tomara imágenes del momento en el que algunas personas rompían vidrieras comerciales. Estos son solo algunos ejemplos.

“Estamos muy dormidos”.

Diego Fernández, vicepresidente de Asoprod, se mostró alarmado por los casi siete años que han pasado desde que comenzó la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Me asusta pensar el tiempo que falta para que se empiece a reglamentar y encarar un tema que es una deuda con la sociedad. Hay una ley aprobada pero nadie exige que se reglamente y entonces queda como en un limbo”. Fernández se refirió al cruce de derechos empresariales con el derecho a la información y valoró que se haya aprobado el 60% de producción nacional, así como lamentó que cayera la posibilidad de que el 30% sea producción independiente.

“En 60 años uno mira qué cantidad de productos originales generó la televisión que hayan trascendido fronteras, y debe ser la industria que menos ha exportado en la historia de este país”, dijo. El realizador agregó que hay que “cambiar el paradigma”. Según Fernández, “la televisión se ha preocupado de poner algo y vender publicidad: nunca su modelo ha sido producir algo bueno y venderlo”.

“Esta ley hace diez años era imprescindible. En cinco años hay cosas que parecen un poco obsoletas. Pongo un ejemplo. En marzo de 2005, cuando asumió Vázquez su primer gobierno, también se creó YouTube. ¿Cómo ha avanzado el mundo y Uruguay en este tema? Estamos muy dormidos. Esta ley ni siquiera incluye a Netflix, un actor que entró hace dos o tres años, al que no se le exige que tenga películas uruguayas. Ni siquiera se negoció incluir por lo menos tres películas”.