Durante los primeros nueve meses de 2015 en Ecuador hubo más agresiones contra la libertad de expresión que en cualquiera de los años anteriores, según datos de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
Durante los primeros nueve meses de 2015 en Ecuador hubo más agresiones contra la libertad de expresión que en cualquiera de los años anteriores, según datos de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa organización civil presentó un informe el miércoles 23 en el que constató que entre enero y la primera quincena de setiembre hubo 279 agresiones, 25 más que la cifra récord de 254 casos registrados en todo el 2014. La tendencia es desalentadora, ya que desde que se inició el relevamiento hasta hoy Fundamedios constató 1.310 agresiones; cerca de la mitad ocurrieron en 2014 y los nueve meses de este año.
“El contexto actual para el ejercicio de la libertad de expresión es complejo, pues, además del clima hostil que se vive desde hace varios años —desde las altas esferas del poder se agrede e insulta a periodistas procurando estigmatizar el trabajo de los comunicadores— hay que sumar el hecho de que cada vez se limita más el contenido noticioso y de opinión en los medios independientes y hasta en Internet, en donde los blogs y las redes sociales se han convertido en el nuevo blanco favorito para la censura”, dice el informe.
Las sanciones a medios de comunicación como consecuencia de aplicar la polémica Ley de Comunicación es la principal agresión del período con 71 casos; 64 de ellos son sanciones y siete denuncias.
El “uso abusivo del poder estatal” se registró en 57 casos, siendo la segunda mayor agresión. En 47 de ellos se trató de “abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado”, cinco casos corresponden a “concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital” y otros cuatro al “uso abusivo de medios oficiales cuando genere consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión”.
Luego se identifican 40 casos de “ataques verbales”, entre los cuales 26 fueron “insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”, ocho fueron amenazas y seis, insultos de particulares. En el informe se da cuenta del “clima hostil que viven los periodistas que cada sábado son tildados de ‘corruptos’ por parte del presidente (Rafael Correa), quien dedica un segmento de su “Enlace Ciudadano” para cuestionar a la prensa.
Asimismo se constataron 34 casos en los que se vulneraron los “derechos digitales”, ya que hubo “hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales”, ciberamenazas y acoso sistemático por redes sociales.
Por último, hubo 34 agresiones físicas y otras 24 referidas a “procesos penales”.
Los medios de comunicación y los periodistas fueron quienes más sufrieron las agresiones, con 157 y 57 ataques, respectivamente. Otros 18 casos fueron contra personajes públicos, 16 contra ciudadanos, 13 contra cyberactivistas y otros 12 contra organizaciones no gubernamentales.
Por su parte, según Fundamedios, el Estado sigue siendo el mayor agresor, siendo responsable del 50% de los ataques (141 casos). A su vez, otros 78 casos corresponden a los funcionarios públicos. Y en menor medida, desconocidos (14%) y grupos violentistas (10%).
Dentro de los funcionarios públicos el presidente Correa es responsable del 8% de las agresiones.
Más allá de las cifras, a Fundamedios le preocupa lo ocurrido en diversos casos. Por ejemplo, el despido del periodista Martín Pallares del diario “El Comercio” por realizar comentarios críticos contra el gobierno en su red de Twitter o que periódicos como “La Hora” y “Expreso” debieron ceder sus portadas y páginas enteras para reproducir material de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).
“Lo que ocurrirá en la segunda mitad del año es predecible, pues tal y como van las cosas, lamentablemente se prevé que las agresiones se dupliquen, que las cadenas e insultos descalificatorios continúen y que el Estado, el principal responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, se haga el de oídos sordos”, concluye el informe.