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El abuso sobre los adultos mayores es “un problema creciente”, según el equipo docente del Departamento de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En una declaración realizada el 15 de junio, el grupo de profesores indica que el maltrato sobre los adultos mayores requiere “urgentes respuestas”.
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El abuso es subdiagnosticado y “raramente deriva en alguna medida cautelar y protección de derechos”, según los especialistas. No existen estadísticas oficiales sobre la prevalencia de maltrato hacia los ancianos porque los sistemas de registro no les incluyen. Estudios internacionales indican que el 6% de los mayores padece alguna forma de abuso: negligencia en los cuidados, maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial o sexual. En Uruguay este número supone 27.000 ancianos.
Víctimas.
“Debemos corregir normas, desarrollar nuevas normas y respuestas, en especial para proteger a nuestros adultos mayores más frágiles y vulnerables”, declaran los docentes. Detallan que en Uruguay predominan las formas de abuso que refieren a la negligencia en los cuidados y el abandono, pero también el abuso económico y patrimonial, que se establece sobre jubilaciones y pensiones y en préstamos ante entidades bancarias y financieras. Son situaciones en las cuales “no existe un entorno formal de mínimas garantías de protección hacia las personas con deterioro mental que se endeudan, aun cuando carecen de las condiciones básicas para ejercer su autonomía y consentimiento consciente. Se deberían regular los mecanismos de contralor de estas actividades, haciendo recaer sobre las entidades financieras, públicas o privadas, las consecuencias de abusos económicos sobre personas mayores no responsables, más allá de que no hayan sido declaradas previamente incapaces. Ellos sin ser incapaces en lo formal, son víctimas frecuentes, y contraen obligaciones que no comprenden por su deterioro”, explican los profesores en la declaración.
Proponen “establecer recaudos de protección, en el caso de préstamos a jubilados y pensionistas institucionalizados, por ejemplo, si se solicitan préstamos de o para personas que residen en hogares de ancianos, residenciales, casas de salud o centros geriátricos.