Tras negarlo durante cuatro años, la ONU finalmente otorgó el estatuto de ONG al Comité para la Protección de Periodistas

“La ONU desempeña un papel fundamental en el diseño de normas y en la determinación de agendas, y es importante que coloque la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en el centro de su trabajo, desde los derechos humanos hasta el desarrollo sostenible y todo lo que queda en el medio”, dijo la periodista norteamericana Courtney Radsch, directora de CPJ a la Agencia de Noticias IPS. En los hechos, sin embargo, varios Estados miembros atentan regularmente contra esa libertad de prensa por medio de leyes que la restringen, encarcelando a periodistas, no impidiendo sus asesinatos ni investigando de forma seria los ataques en contra del ejercicio de la profesión o procesando a los culpables de esos hechos delictivos.

Arriesgando un poco más la opinión, Mandeep Tiwana, director de política e investigación de Civicus World Alliance For Citizen Participation, una comunidad internacional creada en 1993, con periodistas de más de 100 países del mundo, se mostró bastante crítico. Dijo que la larga batalla del CPJ para conseguir el estatus consultivo en Ecosoc prueba que la ONU no considera la libertad de prensa de manera seria, y agregó que el comité excluye a las ONG solo por ser críticas con el gobierno, afirmó a IPS. “El simple hecho de que el comité encargado de las ONG esté integrado por representantes de 19 Estados miembro según su representación geográfica lo hace exclusivo”, señaló.

“Es un escándalo global que en pleno siglo XXI tengamos Estados que tienen gobiernos que no son elegidos de forma democrática, pero dicen representar a sus poblaciones en el concierto mundial”, subrayó.

Tiwana explicó que el comité está compuesto por países cuyas instituciones democráticas son frágiles, y que tienen gobernantes que han ostentado el poder durante décadas. Además, dijo, no fueron elegidos mediante procesos electorales justos y libres. “El gobierno de (Barack) Obama invirtió una significativa energía diplomática en defensa del valor intrínseco de una sociedad civil empoderada y capacitada dentro de la ONU, así como en otros foros multilaterales, como la Comunidad de las Democracias”, dijo Tiwana.

“El apoyo de Estados Unidos al esfuerzo legítimo del CPJ por lograr el estatus consultivo en Ecosoc es un logro significativo en el marco de una serie de esfuerzos como la creación de un relator especial de la ONU sobre la libertad de reunión o asociación, la aprobación de varias resoluciones innovadoras sobre los derechos de la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos y la inclusión de metas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para respaldar las libertades fundamentales y las asociaciones de la sociedad civil”, agregó Tiwana.

“Es irónico que el comité encargado de las organizaciones no gubernamentales no cuente con la participación de las ONG y esté integrado por varios gobiernos que las persiguen de forma activa”, insistió Tiwana.

La decisión de aprobar al CPJ fue tomada en una reunión plenaria de Ecosoc con 40 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones. Los cinco países que directamente se opusieron a que el CPJ acceda a la ONU fueron China, Rusia, Ruanda, Vietnam y Zimbabue, en tanto que Argelia, Bangladesh, Burkina Faso, India, Pakistán y Uganda se abstuvieron. En años anteriores en los que el CPJ había presentado la solicitud hubo otros países que no la apoyaron, como Cuba, Venezuela y Turquía. La primera vez que el CPJ solicitó ser acreditado ante la ONU fue en el año 2012, en un proceso que fue obstaculizado varias veces por algunos Estados miembros, en lo que algunas ONG identifican una táctica habitual para impedir que se aprueben solicitudes.

“El estatus consultivo reconoce primero que nada la importancia y el rol que ha cumplido el CPJ en proporcionar expertise en temas de análisis y libertad de prensa”, dijo a Búsqueda Carlos Lauría, director de Programa del CPJ.

“Este nuevo estatuto permite de alguna manera participar del proceso de consultas con los distintos cuerpos de las Naciones Unidas, en términos de nuestras preocupaciones, relacionadas principalmente a la impunidad que existe en el mundo en cuanto a los crímenes contra los periodistas. De todas maneras, el hecho de que el proceso haya demorado tanto y que se le haya negado la acreditación al CPJ anteriormente, marca la posición de un grupo pequeño de países que han utilizado tácticas burocráticas para demorar y socavar los esfuerzos, porque en realidad muchos de estos países usan políticas abusivas”, dijo Lauría.

“Durante la sesión hubo debates sobre si a los representantes de la sociedad civil se les debe permitir hablar durante el proceso. Creo que el CPJ recibió un apoyo mayoritario de un grupo muy numeroso de ONG de todo el mundo, que se expresó ante el Comité de Naciones Unidas, instándolo a aprobar esta acreditación. Esto nos permite participar de manera autorizada de los procesos consultivos de Naciones Unidas en materias relacionadas con la libertad de prensa, sobre la que la CPJ tiene más de 30 años de trabajo, experiencia y credibilidad ya ganada”.

En estos momentos CPJ se encuentra trabajando sobre todo en campañas contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. “No hay otra como nuestra tarea de documentación de casos de periodistas asesinados en represalia directa por su labor. Es una cifra muy grande, que requiere de nuestra atención y es la amenaza más seria: el asesinato a un periodista es lo más grave que existe. Trabajamos en nuestras campañas, tareas de documentación de casos y en nuestros reclamos a los Estados para que en primer lugar investiguen y procesen con todo el peso de la ley a los responsables de estos crímenes. Porque hay países en los que los periodistas son asesinados regularmente, entonces es importante que se establezcan mecanismos para prevenir actos como estos. En este sentido hay distintos países del mundo que implementaron con distintos grados de éxito mecanismos de protección de periodistas”.

En este sentido, Lauría señaló que es clave la participación de la sociedad civil en la evaluación del riesgo de aquellos periodistas que ya hayan tenido amenazas. “Porque en muchos de los casos de periodistas asesinados con anterioridad existió un registro de amenazas, ante las cuales algunos países han institucionalizado mecanismos de protección que funcionan con distinto éxito”. Lauría ofreció el caso de Colombia, que “si bien no es perfecto” ha redituado éxitos, puntualizó.

Además de la documentación del número de periodistas encarcelados por su trabajo, CPJ pone en marcha campañas para liberarlos, en lo que es el segundo gran pilar del trabajo del organismo que defiende el derecho a la libertad de expresión a nivel internacional.