Pero la conferencia no logró el consenso buscado: el documento final fue votado por 89 países, mientras que 55 estados no lo acompañaron. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y los países de la Unión Europea, entre otros, decidieron no apoyar el tratado, por discrepar con algunos de sus contenidos. Por otra parte, Rusia, China y varios países árabes y latinoamericanos —entre ellos Uruguay, Argentina, Cuba y Venezuela— firmaron el reglamento.
En declaraciones a la prensa, el embajador de Estados Unidos, Terry Kramer, dijo que su país no puede “apoyar un tratado que no es solidario con el modelo de manejo de Internet de múltiples partes interesadas”.
“Desgraciadamente esos países han roto el compromiso. Hemos dado todo y no hemos conseguido nada”, declaró por su parte el representante de los Emiratos Árabes, Tariq al-Awadhi.
La delegación uruguaya, integrada por el director nacional de Telecomunicaciones, Sergio De Cola, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Gabriel Lombide, y la presidenta de Antel, Carolina Cosse, apoyó el tratado.
“Nos planteamos acompañar las posiciones de compromiso que se fueran logrando en la conferencia. El texto cumplía con ese objetivo y, por otro lado, se había quitado todo o casi todo lo que uno pensaba que podía ser negativo”, dijo a Búsqueda el ingeniero De Cola.
“En la conferencia había dos posiciones bastante enfrentadas y contrarias: por un lado la propuesta presentada por Rusia, China y países árabes, que pretendían que aparecieran regulaciones vinculadas a Internet y a su gobernanza, y la posición de Estados Unidos, Canadá y países europeos, cuya posición es que no puede aparecer en nada Internet, que hay que hacer los menos cambios posibles”, contó el jerarca.
Por otra parte “había un conjunto de países, típicamente latinoamericanos, que estábamos en una posición de tratar de acordar lo más posible y contemplar las cosas razonables de todas las partes”, agregó.
“Fuimos coherentes con lo que dijimos que íbamos a hacer y estamos tranquilos porque en nuestra opinión no hay nada en el nuevo reglamento que signifique un riesgo al modelo de gobernanza actual de Internet, al control de contenidos o cualquier intervención de parte de los estados sobre la libertad de circulación de información por Internet”, afirmó.
Tratado.
El reglamento aprobado —que es vinculante para los países que lo firman, aunque en algunos casos debe ser ratificado por los parlamentos— consta de un preámbulo, diez artículos y cinco resoluciones, estas últimas no vinculantes, y establece un conjunto de reglas sobre cómo los servicios de telecomunicaciones internacionales operan fuera de fronteras.
Uno de los puntos más controvertidos del acta final fue el artículo 5B, que establece: “Los Estados Miembros deben procurar tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de telecomunicación. Se alienta a los Estados Miembros a cooperar en ese sentido”.
El artículo, impulsado por Rusia, China y los países árabes para combatir el spam —correos electrónicos no deseados—, fue rechazado por el bloque de Estados Unidos, que ve en él una puerta que posibilita el control y la censura.
Originalmente el artículo refería al spam, explicó el director para América Latina y el Caribe de la Internet Society —organización que administra direcciones de Internet—, Sebastián Bellagamba, consultado por Búsqueda. Pero como no existe una definición precisa de lo que es spam, ya que es difícil discernir cuáles son las comunicaciones “no deseadas”, se quitó ese término, y se sustituyó por “comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas”, lo que en su opinión es un “mamarracho”.
“¿Cuándo una comunicación es masiva? ¿Son 25 o 1 millón? ¿En qué período de tiempo? ¿Si son miles en una hora no vale pero en un día sí?”, cuestionó.
Por otra parte, Bellagamba planteó el problema de que “si un estado tiene que garantizarle a sus ciudadanos que no va a recibir spam, tiene que leer los correos, y ahí es donde se cruza la línea”.
El artículo 5A también generó controversia, en tanto refiere a que los países miembros deben “tratar de asegurar la seguridad y solidez” de las redes, algo que tampoco agrada a los detractores de cualquier control estatal sobre Internet.
“Estas cosas tienen complicaciones porque después está en los estados entenderlas, y ahí la legislación es ambigua. ¿Le habilitan a controlar a Internet estas dos cláusulas? Forzando la definición, sí. Pero si tiene la voluntad política de querer controlarla”, analizó Bellagamba.
Para el especialista, ese no es el caso de Uruguay. “No veo al Estado uruguayo agarrándose de eso para ir contra los derechos civiles de la gente. No me imagino ese escenario”, afirmó. “El tratado podría haber sido mejor, y Uruguay podría haber decidido no firmarlo, pero me parece que vio valor en algunas de las otras cláusulas como para firmar el tratado. Eso no lo involucra necesariamente en el campo de los rusos, chinos y árabes que estaba persiguiendo el control de Internet”, consideró.
Si bien ante la presión de Estados Unidos y sus aliados se quitó del tratado cualquier mención a Internet, sí se la menciona en las resoluciones adjuntas, algo que tampoco convenció a todos. “Hubiera sido mejor que no hubiera estado”, opinó Bellagamba. De todas formas “había escenarios peores”, valoró.
El reglamento “tiene un problema en la definición del sujeto”, afirmó Bellagamba. “No está claro a quién afecta el tratado y queda sujeto a interpretación: si los operadores de telecomunicaciones licenciados por los gobiernos o todo aquel que mantenga una comunicación internacional”.
El director ejecutivo de Lacnic (Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe), Raúl Echeberría, opinó que el documento “es bastante razonable”, aunque aclaró: “Hay algunas partes que hubiéramos preferido que no estuvieran”.
Fundamentalmente el artículo 5, referido al spam y la seguridad, “porque es un texto un poco ambiguo, y esos textos luego se prestan para que algunos países puedan ejecutar acciones que sí pueden ser de control, y usen esto para estar amparados en un marco de legitimidad internacional”.
En cambio, para De Cola “los artículos agregados no presentan un riesgo potencial para la utilización en el sentido de censura o control de contenidos”. El jerarca destacó que en el primer artículo del tratado “expresamente se agregó una frase” que establece que el reglamento “no puede ser interpretado a lo que atañe a los contenidos de telecomunicaciones”.
Por otra parte, De Cola sostuvo que “si algún país quiere hacer control de contenidos, lo va a hacer de igual manera”, esté o no habilitado por un tratado, que además rige solamente para las telecomunicaciones internacionales, no para las nacionales, precisó.
Para el director de telecomunicaciones “hay que ser conscientes de que hubo una campaña de satanización promovida por ciertos sectores y grupos de interés que tenían intereses notorios en que el sistema siguiera funcionando como hasta ahora”.
