¿A quién creerle?

Danilo Astori, quien según Vázquez asumiría nuevamente la titularidad de Economía en un tercer gobierno del FA, no solo confirma lo dicho por el candidato presidencial, sino que anunció una rebaja, vía deducciones, en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

Los candidatos dicen lo suyo, lo necesario para convencer al elector. Pero Mujica parece tener otras ideas en mente. Entrevistado el jueves 14 en Florida en torno al planteo de Vázquez de encarar durante el próximo período de gobierno una reforma constitucional que modifique el extenso proceso electoral —18 meses desde la elección interna hasta los comicios departamentales—, así como la revisión de las mayorías requeridas para pasar al balotaje, Mujica dijo estar de acuerdo en reformar la Carta pero por razones diferentes.

“Yo tengo hondas preocupaciones por reformar la Constitución pero no me preocupan los temas electorales, me preocupa que parece una Constitución hecha por estancieros”, respondió. “Así me bocharon el ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales). Si tenías 10.000 cuadras de campo que valían 400 dólares y a los cinco años valen 5.000 dólares, yo no te puedo sacar ni un peso, y vos o tus hijos lo van a recibir”, agregó. La Constitución, prosiguió, no “lo permite, pero (en cambio) te puedo subir el IVA (...) todos los días en la comida que comés. Entonces, a favor de quien está hecha la Constitución”, preguntó.

Las declaraciones de Mujica reiteran su interés en gravar más las actividades productivas que, por las razones que fueren, aumentan el capital y obtienen mayor rentabilidad. Revela un propósito fiscalista concentrado sobre “unos pocos ricos” con el propósito de satisfacer demandas socialmente insatisfechas o nuevos reclamos originados en sectores sociales de bajos recursos. Propio de su ideología igualitarista, que, como acaba de constatarse, genera rentas electorales.

En febrero del año pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de eso se quejaba el presidente, declaró inconstitucional el ICIR, con el que el gobierno quería recaudar U$S 60 millones para mejorar la caminería rural. La Corte alegó que no se trataba de un impuesto adicional a la Contribución Inmobiliara (tributo departamental), que era un caso de superposición impositiva, y que se afectaba la autonomía financiera de las intendencias.

Pero el gobierno no se dio por vencido. Igualmente mantuvo su objetivo fiscalista: eliminó la exoneración del Impuesto al Patrimonio, en sustitución del ICIR.

Dados estos y otros antecedentes, cabe preguntarse si el Mujica que habló en Florida, es el mismo que en febrero de 2010, se dirigió a más de un millar de empresarios en el Conrad a quienes invitó a invertir en Uruguay.

“Necesitamos inversión (...) Se necesita trabajo y cada vez más y mejor trabajo remunerado. Y eso tiene un previo: leyes claras intangibles, un análisis objetivo que propicie un clima para la inversión”, dijo a veinte días de asumir la Presidencia. La “tarea del gobierno”, prosiguió, “es aminorar todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad”. Y, en su mejor estilo campechano, les dijo: “Jugala acá que no te van a doblar el lomo a impuestos”.

Su discurso que sorprendió gratamente a su auditorio y despertó incomodidad a muchos de sus votantes que esperaban que el nuevo gobierno del FA avanzara desde una perspectiva socializante.

Era obvio que el discurso del Conrad procuraba atraer a los inversores extranjeros con expresiones que, claramente contrastaban con las señales que estos reciben en otros países de la región. Se trataba de confiar en lo dicho por el presidente electo. Ahora bien, ¿su mensaje era solo para los inversores extranjeros, para poderosas multinacionales?

La pregunta surge porque a mitad del período los productores agropecuarios constataron cuan relativas eran aquellas palabras del presidente. Descubrieron en carne propia que así como dice una cosa dice otra diferente o contradictoria. Y luego, que en algunas circunstancias lo político prima sobre lo jurídico. Que el fin justifica los medios.

Si en en el Conrad, en vísperas de iniciar su mandato, el objetivo era convencer a los empresarios de invertir en Uruguay, ¿cuál es el mensaje que sus declaraciones de la semana pasada le llevan ahora a uno de los sectores más dinámicos de la producción nacional y que tanta influencia ha tenido en el crecimiento económico de estos años?

Mujica no es un político cualquiera. Deja la Presidencia, pero lidera el sector político mayoritario del FA, cuya bancada legislativa es la más numerosa del oficialismo. Un sector que, junto con otras corrientes frenteamplistas, constituyen un bloque de poder que proclama la necesidad de seguir profundizando los cambios hacia una mayor socialización de la sociedad uruguaya.

Un avance que la Constitución vigente impide, según ha dicho en varias ocasiones la senadora Lucía Topolansky. “Nosotros queremos cambiar la Constitución, entre otras cosas, porque muchas veces por arriba del bien público y común aparece la propiedad privada. Esto tiene que ver con la propiedad privada”, declaró en el primer trimestre del 2013 ante el fallo de la SCJ que hizo caer el ICIR. Por ello señaló que la Carta Magna debe reconocer que “un bien público” debe estar “por encima de lo privado”.

Vázquez ha dicho que si gana, su gobierno no será más de lo mismo. Sin embargo, la estructura política que sustenta su poder es dominada por sectores políticos que no controla, que tienen una visión y una trayectoria muy diferente a la suya. Diferencias que se laudan a la hora de aprobar el programa de gobierno con expresiones genéricas, vagas, que unos y otros aceptan porque no impiden llevar adelante sus propias ideas y proyectos. Por todo ello, cabe concluir que si gana Vázquez el suyo seguirá siendo un gobierno en disputa. Sería bueno saber si es eso lo que quiere y votó la ciudadanía en la primera vuelta. ¿Lo es?