¿Bisturí o motosierra?

Así, el año pasado el sector público consolidado (SPC) terminó con un déficit de 4,7% del PBI, frente al 4,2% que se había alcanzado en 2018. El incremento del déficit global se explicó por la caída de los ingresos del sector público no financiero (SPNF: suma del gobierno central, BPS, empresas públicas y gobiernos departamentales), que se redujeron en 0,5% del PBI, al tiempo de que los gastos corrientes del SPNF aumentaron en el equivalente a 0,6% del PBI. De esta forma, frente al superávit primario (resultado antes del pago de intereses) de 0,6% del PBI que se había alcanzado en 2018, el año pasado se pasó a un déficit de 0,5%.

Pero, aunque financieramente no hay una urgencia inmediata para encarar el problema del alto nivel de déficit fiscal, desde el punto de vista económico sí la hay. Es que el alto nivel de gasto público global, con su correlato de un también muy elevado nivel de presión tributaria explícita e implícita (que de todas formas es insuficiente dado que el déficit sigue subiendo), explica el estancamiento del nivel de actividad y de empleo, así como el alto “costo país”. Y el problema se agrava todavía mucho más cuando se considera la “productividad” del gasto y lo que la sociedad recibe en materia de “bienes públicos” por los impuestos que paga.

Es por ello que Lacalle Pou va a tener que comenzar a dar señales claras y contundentes de cómo va a hacer para ahorrar los US$ 900 millones a escala del gasto que prometió durante toda la campaña electoral. Es urgente ese ahorro para generar el “afloje de la cincha” para los sectores productivos que también se prometió y que no admite la menor demora.

Ciertamente que, con el nivel de gasto para este año fijado, el margen de maniobra hasta que entre a regir el nuevo presupuesto quinquenal para el período 2021-25 es bastante acotado. Eso salvo que se apunte a niveles de inflación y devaluación más altos, que al tiempo de “licuar” el actual nivel de gasto, lleven a una recuperación más rápida de la competitividad externa.

Es por ello que sería muy importante que el nuevo gobierno comunique lo antes posible cuáles van a ser los lineamientos en el plano del gasto global a los que se va a apuntar en el nuevo presupuesto. Lo mismo ocurre respecto a de qué forma se va a encarar la impostergable reforma del sistema de seguridad social a escala global. En particular, ¿31% del PBI va a seguir siendo el nivel de gasto global en el 2021? ¿O cuál será? En materia de seguridad social, ¿se van a poner todos los sistemas a operar sobre bases estrictamente actuariales, con parámetros realistas respecto a expectativa de vida y teniendo en cuenta los actuales niveles de tasas de interés? ¿O se seguirá con retoques en el sistema de reparto que es imposible que funcione en las actuales condiciones demográficas y con la incertidumbre global respecto al futuro del trabajo?

En todo caso, salvo una mejora exógena de la productividad media de la economía o un retorno de un fuerte “viento de cola” estilo lo ocurrido entre 2003-04 y 2013 (y lamentablemente ninguna de las dos cosas parece muy probable), será inevitable que el gasto público global se reduzca de ahora en más. Afortunadamente, la ausencia de urgencias financieras de corto plazo para el sector público lleva a que el proceso de baja pueda hacerse de manera pensada, racional, eficiente y quirúrgica. Ojalá que no se pierda la oportunidad. Si no, al final el corte del financiamiento lleva a que el mercado imponga el ajuste de manera drástica, como con una motosierra, como se está viendo en Argentina en estos últimos meses. Esperemos no repetir la mala experiencia de los vecinos.