El Dr. Adolfo Garcé dedicó su columna del 17 de noviembre de 2022 en este mismo semanario a comentar un libro de mi autoría recientemente editado con el título “Jugando con fuego”. Al finalizar su artículo considera “que ha llegado la hora de hacer un balance a fondo de la reforma de 1996”. Y a continuación se pregunta: “¿La polarización deriva del diseño institucional? ¿No es posible desarrollar otras prácticas, más saludables, con el mismo set institucional?”.
Y bien, sus comentarios, en particular su convocatoria a una discusión sobre los impactos de las reformas de 1996 —en la que yo tendría participación en cuanto vocero de los que cuestionarían dichas reformas— me hacen preguntarme si es posible que me haya expresado tan mal como para dar lugar a tantos equívocos y malentendidos, sobre todo cuando el intérprete-comentarista es alguien tan lúcido, bien informado y tan dispuesto a rastrear la mejor versión de sus interlocutores, como es el caso del Dr. Garcé. Me comprometo a revisar mi texto, a solicitar el veredicto de otros lectores calificados y estoy dispuesto a reconocer mi culpa en el caso de haber sido el responsable principal de dichos equívocos. Por el momento, me adelanto a señalar cómo entiendo que los mismos podrían ser solventados.
En primer lugar, mis análisis de la trayectoria recorrida por la democracia uruguaya en las últimas décadas no solo abordan los alcances de algunas disposiciones incorporadas en la reforma de 1996, sino que otorgan especial atención a reformas institucionales introducidas en la reforma de 1966, en particular, las que habilitan y regulan los recursos de democracia directa y el trámite de las leyes de urgente consideracion. En ese sentido, mi libro pretende identificar el marco de consideraciones compartidas que justifican a ambos avances reformistas, por lo que el temario del balance propuesto por el Dr. Garcé no logra abarcar lo que para mí está en juego.
En segundo lugar, en cuanto a los méritos y los beneficios de interrogarse sobre los presuntos impactos de las reformas electorales de 1996 sobre la polarización del sistema político uruguayo, creo haber respondido a esa pregunta a través del subtítulo del libro de mi autoría: “Las apuestas a la polarización del sistema político uruguayo”. Y es que, en efecto, a esta altura me parece que no hay ningún misterio a resolver ni mucho para ganar en términos de esclarecimientos de nuestras prácticas e instituciones democráticas. Todo indica que los principales dirigentes políticos que impulsaron la reforma del 96 procuraban deliberadamente configurar un sistema binario de partidos, es decir, reducir lo que en las elecciones de 1994 se perfilaba como un sistema de tres partidos, cada uno de los cuales reclutaba un tercio de los respaldos ciudadanos, a un sistema más “simplificado y transparente” de dos bloques. Las declaraciones de los dirigentes involucrados —Lacalle Herrera, Volonté, Sanguinetti, Ignacio de Posadas, Seregni y Astori— no dejan lugar a la más mínima duda al respecto. Tal como lo recogió Martín Peixoto en un artículo publicado en agosto de 1999, cuando Juan Andrés Ramírez planteó que si su partido (Nacional) quedaba tercero en la votación, lo que correspondía era manejar la alternativa de acordar con cualquiera de los dos partidos cuyos candidatos figuraban en la instancia del balotaje presidencial, un coro de voces se apresuró a condenar su propuesta como absurda y como una confirmación de que no había entendido el propósito de la iniciativa reformista. Del otro lado, también las cosas estaban claras, aunque los dirigentes del Frente Amplio convocaron a su electorado a votar negativamente la propuesta reformista, lo cierto es que su prédica sistemática apuntaba a denunciar la convergencia ideológica de los dos partidos tradicionales y el respaldo recíproco que se brindaban en el desempeño de sus mandatos de gobierno, así como a convencer a los uruguayos de que solo el Frente constituía una alternativa de cambios.
En una palabra, los dados ya venían cargados y la introducción del balotaje presidencial no era una maniobra inocente y neutral que podía dar lugar a un juego plural de acuerdos entre los partidos uruguayos. Se trataba de una apuesta polarizadora que venía a consolidar un viejo libreto político cuyos antecedentes ya estaban arriba de la mesa desde 1868, con “el gobierno de partido” que preconizaba el presidente Lorenzo Batlle. Se trataba de “simplificar” las opciones, forzar a los ciudadanos a elegir entre dos rumbos posibles, evitar la dispersión de votos asociada a la representación proporcional, desalentar a la formación de partidos minoritarios considerados como expresiones veleidosas, carentes de capacidad y vocación para asumir responsabilidades de gobierno. De esa manera, no solo se lograría consolidar dos partidos robustos y con amplia convocatoria, con equipos de experimentados administradores de las funciones estatales, sino que, además, se obtenía un veredicto inequívoco en las urnas y se legitimaba plebiscitariamente el ejercicio de los recursos de autoridad por parte del bloque ganador.
En tercer lugar, dada mi admiración por la capacidad indagatoria y el coraje intelectual del Dr. Garcé, así como la amistad personal que me une a él, me animo a proponerle un cambio en el contenido de su convocatoria a realizar un balance sobre nuestras prácticas e instituciones democráticas. Entiendo que la agenda que él propone solo puede interesar a un reducido núcleo de expertos politólogos, del cual de antemano me apresuro a excluirme, por cuanto dicha temática no despierta mi curiosidad, en la medida en que considero que los interrogantes planteados, o bien se contestan trivialmente, o bien eluden los contenciosos más sustantivos y con mayor proyección para nuestro futuro como comunidad de destino. Mi propuesta se enfoca en aquella deriva de nuestro sistema político que empieza a insinuarse a partir de 1966, se acentúa en la década de los 90 y parece destinada a ir desdibujando todos aquellos rasgos que diferenciaban a la democracia uruguaya con respecto a sus homólogas de la región. Dicha deriva ha sido impulsada por los dirigentes de los tres partidos con trayectoria más prolongada (Nacional, Colorado y Frente Amplio) y, por cierto, su frente principal de avances —el núcleo de la tormenta— no pasa por los retoques de ingeniería institucional introducidos en 1966 y en 1996, sino que afecta tóxicamente a lo que el propio Dr. Garcé se inclinaría a designar como “el régimen de conocimiento” de nuestras instancias democráticas, es decir, su capacidad para procesar rendidoramente discrepancias sustantivas, de modo que las partes involucradas reformulen sus diagnósticos y sus propuestas alternativas a la luz de intercambios públicos entre quienes se alinean en convocatorias ideológicas diferentes. En ese sentido, todo indica que los dirigentes de nuestros principales partidos hace tiempo que han renunciado a la disposición de convencer y ser convencidos, que encaran sus interlocuciones recíprocas como otras tantas oportunidades de fortalecer sus posiciones previas y que no consideran necesario esforzarse por ampliar sus horizontes de modo de tener en cuenta y acoger en parte algunos de los temores y de las desconfianzas que genera su propia prédica.
En cuarto lugar, me interesa llamar la atención al Dr. Garcé sobre el parentesco sorprendente que puede rastrearse entre los argumentos que esgrime para justificar las reformas de 1996 —la necesidad de unificar a partidos amenazados por excesivos fraccionamientos y desviaciones disciplinarias, así como de promover la moderación programática de los dos bloques principales— por un lado y, por el otro, las consideraciones que manejaron Lorenzo Batlle, José Batlle, Julio María Sosa, Atchugarry, Juan Carlos Blanco, Ignacio de Posadas y Sanguinetti. Lo más destacable es que se trata de consideraciones de índole prudencial, enfocadas en otorgar prioridad a la estabilidad de los gobiernos, así como al fortalecimiento de la unidad de los partidos, aunque para ello sea preciso pagar costos altísimos en términos de los compromisos democráticos más inexcusables. No es extraño, pues, que las recetas de diseño institucional derivadas de tales consideraciones no parezcan tener empacho alguno en, por ejemplo, acondicionar un mercado político oligopólico, en el que los partidos ya instalados, con antecedentes y candidatos conocidos, dispongan de ventajas inerciales con respecto a los que tratan de desafiarlos, ni en reforzar una articulación oligocrática en la interna de los partidos, de modo que las fracciones minoritarias dispongan de una capacidad reducida de negociación. En ese mismo sentido, el recurso al trámite legislativo de urgente consideración —componente que el Dr. Garcé rechaza— va en el mismo sentido de abreviar al partido gobernante el esfuerzo de reducir al mínimo posible las objecciones a su paquete armado de reformas.
A esta altura, corresponde destacar que ese tipo de consideraciones prudenciales —inspiradas en el legado de Aristóteles, un filósofo que ni entendió ni valoró los experimentos democráticos— fueron descalificadas tempranamente en nuestro medio, tanto en el terreno argumental —recordar “la libertad política” de Justino Jiménez de Aréchaga—, como en el terreno de la opinión ciudadana —elecciones de los integrantes de la Convención Nacional Constituyente en 1916— cuando se las esgrimió para rechazar la propuesta de la representación proporcional y del doble voto simultáneo, reivindicados como implicaciones complementarias de los mismos principios de libertad y de justicia política. Los defensores de estas propuestas no desconocían que su introducción fomentaba la dispersión de los pronunciamientos electorales, la proliferación de corrientes y matices de opinión pública, que reforzaba la voz de las minorías tanto en las internas partidarias como a nivel de la competencia interpartidaria. A la vez, reconocían que al atenerse estrictamente a las exigencias de igualar las oportunidades de todos los núcleos de ciudadanos, aún los más minoritarios, de asumir iniciativas y de interponer vetos, el sistema político iba a tener más dificultades para formar mayorías disciplinadas y, por lo tanto, para asegurar la estabilidad de los gobiernos y la unidad de los partidos. Aún así, el núcleo batllista —heredero de la fracción conservadora del Partido Colorado y de la consigna de los gobiernos de un solo partido y orientados por su propio programa— quedó aislado en la Convención Nacional Constituyente (1916-18) como la única fracción partidaria que siguió aferrada a las consideraciones y recetas prudenciales, contrarias a los principios democráticos, mientras que las restantes convocatorias de la opinión ciudadana, tanto dentro del propio Partido Colorado, como fuera del mismo, reclutaban una mayoría abrumadora a favor del libreto pluralista.
En quinto lugar, en esa encrucijada refundacional de 1916-18 se enfrentaron en forma dramática y a la luz pública dos grandes libretos de justificación normativa del ejercicio de la autoridad democrática. Por un lado, se perfiló un libreto que apuesta a las exigencias normativas asociadas a los compromisos democráticos y que no autoriza a hacer concesiones y rebajar esas exigencias para asegurar “gobernabilidad”, “mayorías estables y disciplinadas”, etc. Por otro lado, se perfiló un libreto basado en consideraciones prudenciales, que estima necesario hacer ciertas concesiones para evitar que los gobiernos carezcan de respaldos estables y que su rumbo quede expuesto a acuerdos trabajosos y a oscilaciones erráticas. La controversia entre ambos libretos nunca fue zanjada y la tenemos atragantada en el buche desde 1868 hasta nuestros días como un dilema pendiente. El “pacto de los ocho”, un acuerdo establecido a espaldas de la Convención Nacional Constituyente, lejos de asumir y procesar ese dilema en sus verdaderos términos, se limitó a un arreglo cuasi mafioso —“sin recetas”, en términos de Ronald Dworkin— en el que cada parte mantiene sus convicciones y se contenta con un reparto de posiciones, a la espera de que el curso de los acontecimientos termine “acomodando los zapallos en la carreta”. Por supuesto, eso dio lugar a un diseño institucional híbrido, repleto de ciertos componentes pluralistas y parlamentaristas que diferenciaron a nuestras prácticas democráticas con respecto a las que prevalecían en la región por un lado y, por el otro, un conjunto de dispositivos restrictivos, destinados a limitar la competencia y la oferta de convocatorias partidarias, así como a fijarles a los ciudadanos la agenda y los ejes de sus alineamientos electorales, como si fueran menores de edad, incapaces de procesar sin tutelas sus propias opciones.
En sexto lugar, dicho dilema se convirtió en el eje central en torno al cual se ha articulado toda la trayectoria de consolidación de nuestra democracia desde 1868 hasta nuestros días. Nuestro desafío es abordarlo directamente y sin eufemismos, ni rodeos tecnocráticos, reservados para expertos en ingeniería institucional. De ello depende nuestro futuro como asociación política. El libreto prudencial puede tentarnos por su comodidad, porque nos promete la moderación programática de los dos bloques enfrentados, porque refuerza la disciplina de las mayorías al interior de cada partido y evita la dispersión. Eso sí, nos condena a un embretamiento empobrecedor de nuestras opciones, a una ciudadanía resignada al tutelaje y a la minoría de edad, obligada a alinearse en convocatorias que ya han renunciado al esfuerzo de revisión a la luz de los testimonios de los grupos más refractarios a su prédica. En el otro extremo, el libreto principista nos convoca a involucrarnos en una democracia vibrante y cuestionadora. No nos garantiza la continuidad de los mismos partidos, ni su disciplinamiento interno, así como tampoco facilita los acuerdos para formar gobiernos a partir de mayorías estables. Como contrapartida, premia con lealtades ciudadanas lúcidas a aquellos partidos, dirigentes y gobiernos que agotan sus esfuerzos por ampliar sus miras y acoger a todas las voces, aún las más desprolijas y exageradas.
Por último, si bien no soy experto en el tema, me inclino a creer que la moderación programática del Frente Amplio se produjo mucho antes de la introducción del balotaje, más precisamente en el período que va desde 1984 a 1989. En todo caso, no me parece atinado otorgar demasiada importancia a dicha moderación por cuanto podría interpretarse como una mera respuesta defensiva a exigencias de los mercados. Me resulta más sintomático, en cambio, de la incapacidad de sus fracciones dominantes para aprender del pasado y reconocer sus errores, que el MPP siga festejando el aniversario de la toma de Pando y el episodio del Filtro, así como que el Partido Comunista, a través de su prevalencia en el PIT-CNT, siga invitando a los compañeros dirigentes de los trabajadores cubanos. Ese aferramiento rígido a sus posiciones anteriores encuentra su paralelo en la actitud del Centro Militar, al insistir en reivindicar sus acciones represivas violatorias de los derechos humanos en términos de una defensa de las instituciones uruguayas amenazadas por grupos subversivos y en amparar a quienes mantienen el pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos.
Por supuesto, no he agotado todas las cuestiones que quedaron pendientes a partir de los comentarios del Dr. Garcé. He dejado para una próxima oportunidad otras fuentes de equívocos y discrepancias. Por otra parte, además de estas y otras instancias de intercambios públicos, tengo la fortuna de comunicarme frecuentemente y mano a mano con mi amigo Fito Garcé, a quien tanto admiro y respeto.
Carlos Pareja
CI 575.187-6
