N° 1704 - 07 al 13 de Marzo de 2013
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, los sindicatos y todo grupo de interés social integran uno de los controles imprescindibles en un Estado democrático. Adquieren mayor relieve cuando alertan sobre la gestión pública que, además de eficiente, debe ser transparente porque la sostenemos con nuestros votos y el pago de impuestos.
En Uruguay trabajan, entre otras áreas, contra la violencia doméstica, el racismo, para proteger los derechos de los homosexuales, presos y desaparecidos, y hasta hay un observatorio judicial. Todos con la lupa sobre los tres poderes del Estado.
Tras la agresión a Tania Ramírez, organizaciones de afro descendientes se movilizaron sosteniendo que el ataque fue por discriminación racial. El gobierno se sumó sin esperar la investigación judicial. El fiscal Carlos Negro y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini no constataron ese delito. Para contrariedad de los reclamantes, las agresoras fueron a la cárcel por lesiones graves. Un disgusto similar, pero expresado con violencia, impulsó a la patota que pretendió impedir que la jueza Mariana Mota jurara en su nuevo cargo ante el Poder Judicial.
Esos y otros hechos demuestran el poder de movilización de algunos grupos a los que no siempre guía el altruismo —procurar el bien ajeno antes que el propio—, y que suelen recibir apoyo en busca de beneficios políticos o personales. Poco importan la verdad, el dolor de los afectados o generar falsas expectativas.
Algo parecido sucede cuando informes internacionales destacan a Uruguay en algún sector. Se aprovechan para ganar puntos ante la opinión pública. Es natural.
En otros casos ocurre lo contrario y las reacciones se visten con ineptitud o totalitarismo. Por ejemplo, los cuestionamientos del gobierno a la Fundación Propuestas (Fundapro) vinculada a Vamos Uruguay del Partido Colorado, que ha señalado el aumento de la criminalidad y la inseguridad marcando diferencias con las cifras del Ministerio del Interior.
Es incuestionable que la delincuencia le llena la cara de dedos al ministro Eduardo Bonomi. Lo tiene groggy contra las cuerdas. Reacciona, pero no para admitir errores o buscar soluciones. Lo hace para justificarse o descalificar a quienes lo desnudan. Durante una interpelación le imputó a Fundapro actuar con “intencionalidad política” y reafirmó su amor por la verdad única: remarcó que las cifras del Ministerio son las “oficiales”. Quizá supone que Aristóteles estaba ebrio cuando sentenció que “la única verdad es la realidad”. Entonces le atribuyó a Fundapro una intencionalidad delictiva: generar “alarma” y actuar “contra el turismo y contra el país”. Argumentos conspirativos como los que solía utilizar durante la dictadura en ese mismo Ministerio el coronel Néstor Bolentini.
Se sumó el diario “La República”. Informó que el Ministerio de Educación y Cultura consideraba retirarle la personería jurídica a Fundapro si se excedía en funciones para las que no está autorizada. El Ministerio lo negó.
Previendo que cuando el río suena trae agua, el líder de Vamos Uruguay, el senador Pedro Bordaberry, alertó sobre una acción “totalitaria y oscura” del gobierno para que “cuando algo no le gusta no se hable más”. Es “antidemocrático callar a las instituciones que ponen de relieve y a la vista los errores que comete”; censurar a Fundapro sería “un atentado a la libertad de expresión”, advirtió.
La realidad aristotélica indica que, lamentablemente para los uruguayos, Bonomi terminará derrotado por KO. Hoy nadie está libre de violencias como la que afectó a Ramírez, de desmanes como el perpetrado contra la Suprema Corte de Justicia, de hurtos, rapiñas, de ser asesinado por tres pesos y hasta de violaciones en Pocitos. Tampoco se libran los turistas de ser asaltados en las rutas. ¿Es así como cuida al turismo el gobierno?
Y si con eso no alcanza, que le pregunten a Graciela Bianchi, la ex directora del Liceo Bauzá, cómo reaccionó Bonomi cuando le pidió guardia policial.
Como frutilla de la torta delictiva estalló una batalla entre hinchas en el partido Peñarol-Vélez Sarsfield. La policía ausente. Aunque Bonomi admitió errores, primero le echó la culpa a la prensa por dar “manija”. Como de costumbre.
Pero sus problemas también son internos. Hace poco una irresponsable falta de control fronterizo facilitó que tres personas huyeran del país pese a una prohibición judicial.
El sindicato policial denunció que las familias de fallecidos en actos de servicio no reciben la asistencia económica correspondiente y reclama que la retención de salarios por sanciones se destine a funcionarios enfermos o gastos por fallecimiento. En la acera opuesta irrumpieron policías de Rocha parodiando a Rambo. Filmaron su hazaña y la colgaron en Youtube. ¡Si se sentirán impunes!
“Con el culo al aire” se tituló una película de 1980 del director Carles Mira. El mismo título tiene una exitosa comedia semanal de la televisión española. No se requiere esfuerzo para trasladar ese concepto a Uruguay.
Ante la delincuencia y por su ineficiencia, como en esas producciones de cine o TV, Bonomi queda con el culo al aire. Con esa patética desnudez está sentado sobre el vórtice de un ciclón de inseguridad y líos internos. La falta de pantalones no es la única razón: carece de aptitudes, actitudes y autoridad. Mientras desestima las violaciones a los derechos humanos, las muertes y desapariciones de hoy, se aferra al pasado sin dignidad para irse. ¡Lindo antecedente para ser candidato a la Vicepresidencia de la República!