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Más que un debate sobre la actual gestión del Ministerio del Interior, la interpelación liderada por el senador colorado Pedro Bordaberry el jueves 9 en el Senado se centró en cuestionar la estrategia de seguridad de todos los gobiernos del Frente Amplio.
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Durante una extensa sesión que se extendió hasta la madrugada de este viernes 10, el senador hizo énfasis en el deterioro de la seguridad del país, especialmente en el período 2005-2020, y responsabilizó de ello a las sucesivas administraciones de la izquierda, que a su juicio tuvieron una mirada equivocada e “ingenua” sobre la criminalidad. Por eso pidió repetidas veces al actual ministro del Interior, Carlos Negro, que no vuelva a cometer los “errores” del pasado.
Pedro Bordaberry, miembro interpelante en la Cámara de Senadores.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Bordaberry comparó la evolución de la tasa de homicidios de Uruguay con las de otros países de la región para mostrar el deterioro de la situación local: a partir de 2010 se registró un crecimiento tal que Uruguay pasó de las mejores posiciones a estar “entre los peores”, planteó el senador.
En el análisis contra otras ciudades, Montevideo está “mucho peor”, añadió, y señaló como ejemplo que la capital tiene hoy una tasa de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tiene una tasa de 2,5 cada 100.000. “Estamos peor que Santiago, que Asunción, que Medellín, que Ciudad de México, y solo superados por Río de Janeiro”, dijo.
Bordaberry responsabilizó el “fracaso” a una “estrategia de izquierda” más condicionada por la “ideología” que por la “evidencia”, que cree que el crimen es “culpa de la sociedad” y de la “pobreza” y “no del individuo que delinque”. En esa línea, cuestionó a la actual administración del Frente Amplio y a antecesores de Negro como José Díaz (2005–2007), Daisy Tourné (2007–2009) y Eduardo Bonomi (2010–2020).
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Parlamentarios del Partido Colorado escuchan a Bordaberry durante la interpelación.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“Cuando asumieron el error ya fue tarde, el daño estaba hecho y los efectos permanecen 20 años después”, afirmó, y describió el enfoque del Frente Amplio como “ingenuo y naive” que ve a la “represión como una mala palabra”.
El senador, que durante sus períodos como parlamentario se ha especializado en seguridad pública, también cuestionó la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia en 2017. Sostuvo que fue implementada “de apuro” y que, dado que más más del 97% de las causas se resuelven por acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa, tiene más de “transacción comercial que de justicia”.
El dirigente colorado también centró sus críticas en las propuestas del gobierno que apuntan a descongestionar las cárceles mediante la ampliación de institutos como la libertad anticipada, la libertad a prueba, y la reincorporación de la suspensión condicional del proceso, modificaciones previstas en la reforma al CPP que el gobierno envió al Parlamento días atrás. A su juicio las modificaciones propuestas por el Ejecutivo “se deshacen de benignidad con los delincuentes”.
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Carlos Negro, ministro del Interior, responde una de las consultas de Bordaberry.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Reprochó que se siga por el camino de “liberar presos para terminar con la saturación en las cárceles” y citó como errores del pasado la liberación de unos 1.000 prisioneros durante la gestión del ministro del Interior José Díaz en el primer gobierno del Frente Amplio, en el marco de una ley de humanización carcelaria, y la liberación de otros 1.400 como resultado de los cambios del nuevo CPP. “Jorge Díaz liberó a 1.400 presos”, dijo, criticando a quien era el fiscal de Corte cuando se aprobó la reforma, quien hoy ocupa el cargo de prosecretario de Presidencia.
Bordaberry consideró además que el nuevo Plan Nacional de Seguridad presentado por el gobierno tiene “mucho diagnóstico” y pocas “medidas concretas”, y cuestionó varias de las estrategias que se proponen.
La respuesta de Carlos Negro
Al frente de una amplia delegación de autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, Negro contestó las 21 preguntas formuladas por Bordaberry, con ocasionales participaciones de otros jerarcas, entre ellas la subsecretaria Gabriela Valverde.
En materia de homicidios, señaló que en el primer trimestre del año se registró una caída del 9,2%, con 89 casos frente a los 98 del mismo período de 2025. Además, adelantó que otros delitos también muestran descensos en lo que va de 2026: en los delitos contra la propiedad, las rapiñas disminuyeron 7,3%, mientras que los hurtos evidenciaron una baja más marcada, de 10,1%, lo que consolida la tendencia descendente; en tanto, las estafas y fraudes informáticos retrocedieron 1,6%, y los abigeatos registraron una de las mayores caídas, con una reducción de 28,4%
En cuanto a las críticas a la estrategia carcelaria del país, el ministro dijo que el sistema procesal penal, tanto en Uruguay como en otros países, necesita de “vías de escape” a la prisión para no profundizar la sobrepoblación en las cárceles, el hacinamiento, la falta de oportunidades laborales y de enseñanza para rehabilitación, y la formación de bandas criminales, con delincuentes presos con prontuarios como causas de narcotráfico, homicidios o rapiñas que reclutan a internos primarios, condenados por delitos menores.
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Alfredo Clavijo, José Manuel Azambuya, Diego Sanjurjo y Emiliano Rojido, parte de la delegación del Ministerio del Interior que acompañó a Negro al Parlamento.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“¡No queremos que ingresen a la cárcel personas con delitos de muy leve entidad!”, manifestó. “Queremos que estas personas, que cometen por única vez un delito, no terminen formando parte de una banda criminal o como sicarios en el Cerro”, dijo, en una posición que ha repetido en el pasado y que preocupa al gobierno ante la sindicalización de organizaciones criminales que ha sucedido en otros países.
Al defender esta mirada del gobierno, negó que la intención sea desagotar las prisiones con la salida de reclusos con antecedentes penales y un historial de delitos violentos o peligrosos.
“De ninguna manera este ministro y este gobierno han planteado nunca, de forma alguna, liberar presos. No está ni en el programa de gobierno ni en los compromisos asumidos ni en las medidas ni en el Plan Nacional de Seguridad Pública. ¡No está, no existe! Eso es un relato que se ha generado, que parece que se mantiene con una finalidad absolutamente política en la cual nosotros no vamos a entrar, porque sería discutir hechos que no existen. Sería una discusión sin fundamentos”, afirmó Negro.
“Máximo respaldo” de los senadores del Frente Amplio
Tras un encendido debate político en el que los senadores frenteamplistas rechazaron que el actual gobierno tenga la intención de liberar presos y defendieron la estrategia de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio, la sesión culminó con una declaración de apoyo a la gestión de Negro y al nuevo plan de seguridad presentado días atrás. La declaración, votada solo por los senadores frenteamplistas, que tienen mayoría en la cámara alta, consideró “ampliamente satisfactorias” las respuestas brindadas por el ministro y manifestó “máximo respaldo” al rumbo de las políticas de seguridad.
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada frenteamplista, el senador Óscar Andrade, consideró que la interpelación de Bordaberry fue un “despropósito” y criticó que no reconociera las mejoras en los indicadores exhibidas por el ministro.
En contraste, los senadores del Partido Colorado y el Partido Nacional propusieron una moción, que quedó en minoría, donde expresaron “enorme preocupación” porque el ministro “recorre un camino fracasado ya aplicado por los gobiernos del Frente Amplio”. También cuestionaron que se pretenda modificar artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada en el anterior gobierno, liderado por la coalición republicana, para llevar adelante “teorías” como una “nueva liberación de presos”.
