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Denuncian usurpación organizada de terrenos en Sauce de Portezuelo mediante “derechos posesorios mentirosos”
Mientras vecinos denuncian una “explosión” de cercamientos ilegales y talas indiscriminadas, la Intendencia de Maldonado y la Policía intentan frenar un fenómeno que afecta a más de 150 inmuebles
El balneario Sauce de Portezuelo y su vecino Ocean Park atraviesan una crisis por una serie de ocupaciones que escalaron hasta convertirse en una posible red de presuntos ilícitos, que hoy está bajo la lupa de la Justicia. Según una investigación publicada en marzo por el medio local Cadena del Mar, la Fiscalía de 5° turno investiga hoy más de 150 terrenos que podrían encuadrar en delitos que van desde la usurpación y el desacato hasta la asociación para delinquir.
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La situación dio un nuevo giro el pasado lunes 6 de abril, cuando la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo emitió un comunicado urgente. Si bien los vecinos celebraron las recientes intervenciones policiales, pusieron el foco en una raíz del problema que consideran ignorada: la complicidad de las empresas de maquinaria pesada. La organización denunció que existe una “herida al paisaje y al ecosistema” provocada por empresas que, en cuestión de horas, dejan un padrón “completamente desnudo, eliminando toda la vegetación (en algunos casos, monte nativo)” sin contar con permisos municipales o ambientales.
El reclamo principal es categórico: “Las empresas que realizan trabajos de limpieza y desmonte (...) deben ser parte activa de la solución” y no solo alegar un encargo de un tercero, reclamaron. En ese sentido, los vecinos exigen una normativa clara que obligue a los operarios a verificar la documentación del titular y los permisos de poda antes de encender las máquinas.
Fernando Niggemeyer, referente de la asociación, explicó a Búsqueda que desde mediados del año pasado hubo una “explosión de ocupaciones” a las que calificó como “muy groseras”, que incluyó el cercado de palmeras en avenidas principales. En la misma línea, señaló que existe una fuerte sensación de “ausencia del Estado” entre la población local, quienes ven cómo se limpian muchos terrenos a cero en horarios insólitos —fines de semana, feriados o incluso de noche— sin que los inspectores municipales lleguen a tiempo para intervenir.
Niggemeyer aclaró que la asociación como tal no participa en las denuncias penales individuales, sino que se limita a notificar a la intendencia fernandina cuando se ven afectados espacios públicos. Según el referente, la respuesta recurrente de las autoridades ante la falta de controles es que la capacidad de inspección “va a depender del presupuesto y eso puede llevar un año”. Denunció, además, que la normativa de limpieza de terrenos no se cumple y que la comuna no tiene mecanismos de control ágiles para encontrar a quienes talan sin autorización. Agregó que “se nota que hay cierto grado de organización atrás” de las ocupaciones, en la obtención de información privilegiada para llevarlas adelante.
“La cantidad de denuncias generadas por los vecinos hizo que a nivel de la Policía y de fiscalía entendieran que esto lo tenían que investigar”, explicó, y afirmó que muchas personas utilizan certificados notariales falsos para declarar posesiones inexistentes.
Laberinto legal
Adriana Graziuso, directora de Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Maldonado, dijo a Búsqueda que el secretario general de la comuna, Álvaro Villegas, recibió a los vecinos y estableció un protocolo de acción específico para este tipo de situaciones. La jerarca dijo que entiende la “inquietud de la población”, pero resaltó la importancia de mantener la “tranquilidad”, ya que los procesos judiciales para desalojar a alguien de un terreno privado son complejos y llevan tiempo.
De todas maneras, realizó una autocrítica institucional al admitir que el problema creció porque históricamente “nadie les dio bolilla” a estos terrenos. Como las deudas individuales eran pequeñas y la zona no se consideraba valiosa, la intendencia no ejecutó los remates a tiempo. Así, Graziuso aclaró que la ley permite la “prescripción adquisitiva”, pero advirtió que el problema actual son los “derechos posesorios mentirosos”.
“Muchas veces los derechos posesorios no son reales”, afirmó, al explicar que se venden documentos por miles de dólares a personas que creen estar comprando algo legal, cuando en realidad la ocupación es reciente y forzada. Justamente, advirtió que en este esquema los escribanos suelen certificar únicamente la firma de la declaración jurada, pero no la veracidad de los años de posesión declarados, lo que facilita que organizaciones hagan caer a “incautos” en este engaño documental.
Sobre el accionar municipal, Graziuso aseguró que la intendencia se encuentra ejecutando deudas de contribución para llevar los terrenos a remate. Sobre las construcciones sin permiso, reconoció que el gobierno departamental se limita a cargar multas a la contribución inmobiliaria, una medida que no frena la obra, ya que el ocupante no es el titular y simplemente deja que la deuda se acumule. “Aunque quisiéramos demolerlas, tenemos que ir a la Justicia y eso lleva su tiempo. Los ocupantes juegan con esos tiempos judiciales y administrativos”, lamentó.
Fuentes policiales dijeron a Búsqueda que solo en marzo se intimaron 32 padrones. Ahora los vecinos preparan denuncias sobre otros 100 predios más, lo que suma ya más de 150 casos bajo investigación, indicaron, y consideraron “un disparate” la dimensión que tomó el tema.
La Policía también está atenta a una “trampa” que se hace con los servicios públicos. Los ocupantes logran instalar luz y agua mediante declaraciones juradas que la Intendencia de Maldonado no controla en términos de usurpación, lo que provoca una “apariencia de legalidad” que no constituye prueba de posesión real.
Incluso, han detectado una modalidad repetida: los ocupantes cercan el terreno y se van, pero regresan uno o dos años después para intentar simular una posesión continua. Ante esta situación, los efectivos han comenzado a aplicar medidas estrictas. “Directamente notificamos que cese la limpieza hasta que nos acrediten la documentación del padrón”, de manera de frenar cualquier tarea de tala o desmonte que no tenga el permiso específico del municipio.
Según informó Cadena del Mar, la fiscalía liderada por Jorge Vaz busca desarticular lo que los residentes denuncian como “una red de ocupaciones organizada” dedicada a la usurpación de inmuebles, la comercialización fraudulenta de derechos posesorios y la asociación para delinquir en el balneario.
