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    “Corroer y tergiversar” la laicidad

    La instalación de una estatua de la Virgen María en la Rambla a la altura del barrio Buceo viola la laicidad del Estado uruguayo, afecta la “convivencia en paz” en la ciudad de Montevideo y es parte de una estrategia para “colonizar las conciencias” de la población. Esos son algunos de los argumentos que utilizaron las organizaciones sociales que concurrieron a la Junta Departamental para oponerse a la propuesta que impulsan vecinos católicos con el apoyo del Arzobispado de Montevideo.

    La Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental comenzó hace pocos meses a analizar la resolución del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que autoriza la instalación de la Virgen, una decisión que requiere el aval del Legislativo departamental. En ese marco, la comisión recibió el 29 e abril a un grupo de vecinos que impulsa la propuesta y a organizaciones que se oponen.

    Esther Meikel, una de las personas que está detrás del proyecto, aseguró en la Comisión de Nomenclatura que la idea surgió hace cinco años cuando varios católicos comenzaron a promover una ida a rezar el rosario a la Aduana de Oribe. Como la reunión anual —el cuarto sábado de enero— congregaba a cada vez más fieles, propusieron a la Intendencia instalar una estatua de la Virgen. El intendente Martínez avaló la idea en febrero y el tema se trasladó a la Junta.

    “Creo que en la Rambla de Montevideo no hay estatua, figura o monumento que represente o tenga una connotación histórica con nuestra patria, como sí lo tiene la Virgen María”, aseguró Mario Viloria, otro de los impulsores de la idea.

    “Víctimas sexuales”.

    Cuando se retiraron de la sesión los vecinos católicos, ingresaron los representantes de la Asociación Uruguaya de Librepensadores. El principal argumento planteado por esa delegación es que el artículo 5º de la Constitución establece que el Estado no tiene religión. “En este sentido, nuestra sociedad ha entendido el espacio público como un lugar de convivencia de todos los credos, sin que uno en particular” lo “invada”, dijo Víctor Rodríguez.

    “El Estado debe permitir y garantizar el pleno goce de todas las libertades pero sin la invasión de un determinado credo”, añadió.

    Gonzalo Durañona, de la Asociación Apostasía Uruguay, dijo que la instalación de la estatua puede violentar los derechos de los agnósticos, ateos y fieles de otras religiones. Y añadió que varias organizaciones, si el proyecto de la Virgen prospera, van a “solicitar un espacio público para colocar un monumento a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica”.

    Para el integrante de la Asociación Civil 20 de Setiembre, Diego Casera, la propuesta de los católicos es parte de una “estrategia que busca corroer y tergiversar el concepto de laicidad”. El objetivo es que “como ciudadanos y como sociedad, bajemos la guardia y ciertas corporaciones religiosas logren invadir el espacio público y también colonizar las conciencias”.