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Desde 2003, Uruguay construyó de forma gradual una arquitectura institucional para investigar el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985). Todo comenzó con la Comisión para la Paz, creada por la Presidencia de Jorge Batlle, y continuó con sucesivas transformaciones bajo diferentes administraciones: primero, una secretaría de seguimiento; luego, una de derechos humanos; y más tarde, el soporte de un grupo de trabajo interinstitucional.
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Cada etapa amplió funciones, redefinió dependencias y redistribuyó competencias —incluso entre organismos distintos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos—, pero dejó también un entramado normativo disperso y de difícil lectura. Ahora, un decreto busca ordenar ese acumulado al precisar jerarquías, consolidar cometidos y dar una base más clara a las tareas de investigación, archivo, coordinación y memoria.
“Con el transcurso del tiempo, diferentes normas legales y reglamentarias han asignado y derogado cometidos diversos a la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, por lo que resulta imprescindible darle una organización y sistematizar sus cometidos”, argumenta el gobierno en la norma, fechada el 27 de marzo y que lleva la firma del presidente Yamandú Orsi y de los ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, y Salud Pública.
El presidente Yamandú Orsi junto al director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
A partir de “la necesidad de regular el funcionamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, el decreto le asigna al organismo la tarea de investigar y promover la verdad sobre violaciones a los derechos humanos, gestionar y preservar su archivo, recibir denuncias vinculadas a identidad y desapariciones, coordinar acciones con el Poder Judicial, digitalizar información y colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Además, la habilita a desarrollar actividades de información y promoción de los derechos humanos y la memoria sobre las graves violaciones ocurridas en el país y en el exterior, “mediante diferentes iniciativas formativas, actividades culturales y conmemorativas, que contribuyan a la construcción de una memoria colectiva”.
En esa línea, el decreto establece que la secretaría deberá buscar convenios con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior orientados a la formación en historia reciente de los futuros policías y militares, “asegurando que las nuevas generaciones de fuerzas de seguridad comprendan la importancia de los derechos humanos y la memoria histórica del pasado reciente, en su labor”.
También prevé que el organismo gestione acuerdos con las facultades de Derecho, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Información y Comunicación e Ingeniería de la Universidad de la República, con el objetivo de fomentar la investigación sobre derechos humanos e historia reciente y promover la formación académica y la producción de conocimiento en esas áreas.
Por último, el decreto encomienda a la secretaría impulsar políticas de pedagogía de la memoria histórica y promover la formación y sensibilización de la sociedad en su conjunto.
El revisionismo sobre la dictadura que planteó el Ejército
La intención de que los militares conozcan sobre historia reciente no es nueva. Durante el gobierno anterior, el propio Ejército Nacional inició un proceso de revisión histórica de su actuación desde 1958 hasta el presente, con el objetivo de actualizar los planes de estudio de Historia Militar y materias conexas como Liderazgo, Ética y Moral, Derecho Internacional Humanitario, Derecho y Derechos Humanos.
Información-Recorrida-Sitio Memoria-Zina-adhoc
El antiguo Hogar Yaguarón, un edificio que durante la última dictadura fue utilizado con fines represivos.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Abarcó trabajos de investigación de oficiales con bibliografía y con personalidades de distintas profesiones, partidos políticos e ideologías: un grupo de militares y civiles entrevistaron a Julio María Sanguinetti y a José Mujica, entre otros dirigentes políticos, militares, intelectuales y periodistas; estudiaron documentos tupamaros y escucharon testimonios de hijos de desaparecidos.
En cuanto a la bibliografía, incluyó a autores, historiadores y politólogos como Sanguinetti, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, Gerardo Caetano, Lincoln Maiztegui, José Rila y Luis Eduardo González. También publicaciones del Centro Militar, institución que reúne a exintegrantes de las Fuerzas Armadas.
A partir de las conclusiones de todos esos trabajos, el sistema educativo militar aplicó luego ajustes en los programas y planes de estudios de las instituciones de formación del Ejército Nacional en asignaturas como Historia Militar y otros cambios transversales a materias como Ética y Moral, Liderazgo, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
