“Deficiente” calidad institucional afectó el desempeño económico

No obstante, un escenario económico menos benigno como el que se está instalando pone bajo examen los progresos alcanzados. “La economía parece enfrentarse a una moderación importante del ciclo al alza del que disfrutó en el último decenio y esta será una prueba trascendente para evaluar si la construcción institucional reciente es capaz de sustentar un crecimiento duradero. En términos de inversión, probablemente las mayores dudas provengan de las dificultades que enfrenta el sistema educativo nacional para generar una corriente de egresados fluida y de alta calidad. ¿Están nuestras instituciones asegurando un sistema de incentivos apropiado para invertir en formación como factor clave de crecimiento? La situación del sistema educativo reporta serias dudas sobre este punto”, añadió.

Desempeño

En el último cuarto del siglo XIX Uruguay tenía un Producto Bruto Interno (PBI) por habitante que más que duplicaba al de Nueva Zelanda —un país con semejanzas en tamaño y patrones productivos— y era equiparable al de Dinamarca. En los primeros años del siglo XXI, el PBI por uruguayo es aproximadamente un tercio del de esa economía europea.

¿Qué explica ese diferente desempeño? Según los expertos del Iecon, una de las respuestas está en la calidad institucional.

En Uruguay, la “volatilidad” económica del comienzo del período analizado coincidió con un período de “elevada inestabilidad institucional”, marcado por “conflictos internos” y un gobierno “débil”, explican en su estudio. Esa dinámica duró, al menos, hasta la primera década del siglo XX.

El índice de cumplimiento de contratos aumentó hasta los años treinta y luego declinó, reflejando la inestabilidad asociada con una “profunda depresión” y la primera dictadura militar en esa centuria. La medición se mantuvo, relativamente, en las dos décadas siguientes, lo que según los autores es consistente con el momento de mayor bienestar y de democracia consolidada. El índice volvió a derrapar en los años sesenta con el aumento de la inestabilidad política y social, y un proceso de desintermediación financiera en el país.

En la década siguiente el indicador se recuperó, en un contexto caracterizado por cambios políticos, nuevas estrategias macroeconómicas, liberalización financiera, y baja regulación y supervisión bancaria, señalan.

Sin embargo, cayó otra vez al inicio de los ochenta en un entorno de “elevada incertidumbre” por la crisis financiera y de la deuda externa, y por el colapso del régimen de cambio fijo. Después, la trayectoria del índice fue de relativa mantención hasta 2006 y aumentó a partir del año siguiente, en un período de “estabilidad macroeconómica e indicadores sociales positivos”.

Con esa perspectiva histórica de 140 años, los investigadores concluyen que niveles de institucionalidad “deficientes” han “afectado la formación de capital físico” e indirectamente ello tuvo impacto adverso “en el crecimiento a largo plazo de Uruguay”. Esos resultados se alinean con estudios similares para Argentina.

Sin embargo, si bien Nueva Zelanda o Canadá tomaron ventaja en materia institucional y económica respecto a esos países sudamericanos, no está claro que los caminos que siguieron “sean los mejores ni los posibles, pues los entramados institucionales están muy ‘cargados’ de historia y de cultura. ¿Cuál es el modelo? Probablemente, no haya uno único”, comentó Willebald a Búsqueda.

Los investigadores sostienen en el estudio, que “invertir” en la mejora de la aplicación de los contratos o, “de manera equivalente, en la reducción de los costos y aumentar la eficiencia de acceso a la Justicia”, por ejemplo, se tornan factores claves para el desarrollo.

Las decisiones políticas parecen jugar un papel relevante en estos procesos.

“El gobierno —o el propio Estado— es quien tiene la capacidad de definición, especificación y enforcement de las condiciones contractuales y de propiedad, y su efectividad estará determinada por la robustez de las instituciones políticas y la distribución de los recursos, que son los que, en última instancia, sustentan la propia distribución del poder político”, afirmaron Fleitas y Román. En esa línea, uno de los campos en los cuales Uruguay ha tenido dificultades para promover cambios notorios pueden señalarse los relativos a la productividad del Estado y los procedimiento judiciales, dijeron. “De todos modos, las instituciones de derecho no actúan solas sino que lo hacen junto a otras que hacen a la rutina y a las costumbres prevalecientes en una sociedad y que, de hecho, también son parte del sistema de incentivos al crecimiento. La propia política pública no debería desatender este aspecto en el diseño e instrumentación de medidas”, agregaron los investigadores.