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Calificaciones discutibles. El día 11 de abril, en el diario “El País”, el periodista, politólogo y profesor Francisco Faig define con exactitud lo que llama “la identidad latinoamericana” actual, la que caracteriza diciendo que ella tiene mucho de interpretación complotista casi paranoica, situando a los Estados Unidos en un lugar odioso que sólo procura extender su poder e influencia “a como dé lugar”, con su avaricia y rapacidad capitalistas propias del infame Calibán. Y que este “relato” tiene poderosos aliados fuera del continente, tales como Rusia y China. Todos ellos (los latinoamericanos y sus aliados) tienen en común que son democracias imperfectas o regímenes directamente autoritarios. Todos omiten en su relato la valoración profunda del régimen democrático liberal con sus garantías individuales. Algo que constituye una reminiscencia de aquella “democracia formal burguesa” que era “superior” a la democracia real. Y concluye diciendo que la realidad es más fuerte y que “por algo” Obama se reúne en la Cumbre de Panamá con los presidentes de las únicas democracias plenas de la región: Uruguay y Costa Rica.
Lo he leído atentamente y no hay error. Para Faig, Uruguay y Costa Rica no son sólo las mejores democracias americanas, sino las únicas plenas.
Sería absurda pretensión la de analizar detalladamente aquí los grados de avance democrático de todos y cada uno de los países de nuestro continente, para determinar si tiene razón Faig en su terminante afirmación. Dejando de lado lo que significan Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, con gobiernos claramente autoritarios, los numerosos populismos que asuelan la región, etc., y dando por admitido que Costa Rica sea una perfecta democracia, sólo queremos referirnos a nuestro país. La sencilla pregunta es: ¿es Uruguay una democracia plena?
Para ir avanzando en la tentativa de respuesta, vamos a dejar sentado que, con tener un sistema de elecciones que garantice los derechos de la ciudadanía no alcanza. Nuestro sistema electoral es teóricamente bueno y se aplica con fidelidad. Si fuera necesario podríamos objetar el sistema de “propaganda paga” que realiza por diversas vías y a través de organismos oficiales nuestro gobierno, y la intervención inconstitucional que hizo durante el reciente proceso electivo apoyando claramente al partido mayoritario. Pero ello no es necesario, porque para que sea una democracia perfecta no basta que haya un sistema electoral perfecto, sino que es imperioso que una vez instalado en el gobierno, el partido mayoritario aplique una praxis asimismo perfectamente democrática. Y no sólo formalmente, sino también en los crasos y materiales hechos de cada día. ¿Lo es así?
Digamos, para continuar reflexionando, que una democracia “plena” no implica necesariamente que el gobierno sea a su vez perfecto y logre para el país una situación inobjetable en los más diversos aspectos: también lo pueden hacer teóricamente un gobierno populista o un gobierno totalitario, sin que por ello accedan a la categoría de “democráticos”. O viceversa: puede ser un gobierno muy ineficaz pero impecablemente adherido al sistema democrático. Tampoco requiere, conceptualmente, aunque es necesario, que sea un gobierno absolutamente honrado. Los dictadores pueden ser “honrados” y los demócratas pueden no serlo, sin que por ello se deba cambiar su ubicación: no se trata de un tema ideológico o político, sino moral. Lo que puede afectar en dicha hipótesis su calificación es que el gobierno no expulse, sancione o destituya a sus ovejas negras, o que precisamente las defienda, pues de alguna forma “institucionaliza” o politiza la deshonestidad. Y esto lo ha hecho el gobierno frentista.
Por tanto, y efectuados estos “descartes”, vayamos al grano. Primero que nada, para ser una democracia plena es preciso que el país por medio de su gobierno y de sus ciudadanos, respete, acate y cumpla con toda precisión el Derecho vigente, el cual a su vez debe ser impecablemente democrático. Esto parecía, hasta hace poco, más que un axioma, una especie de perogrullada. Pero en estos últimos años se ha inaugurado la teoría de que lo político debe predominar sobre lo jurídico. Y en base a ello, se aprobó una anulación de la “ley de caducidad” que es una aberración jurídica por donde se le mire y que además había sido ratificada por la misma votación popular que había entronizado a ese gobierno, por lo cual es doblemente anti-democrática. Y se han aprobado diversas leyes anti-constitucionales, sin que el gobierno, valido de su escuálida mayoría parlamentaria de un voto, haya prestado atención a las advertencias que desde todos los ángulos se le hizo al respecto, por lo cual obliga a que en cada oportunidad deba recurrirse al procedimiento judicial correspondiente que, por añadidura, suele ser criticado y objetado por el partido mayoritario, al punto tal que se ha proyectado despojar a la Suprema Corte de Justicia de la competencia en el caso, para dársela a un Tribunal formado desde el gobierno. ¿Democracia plena?
Segundo: el gobierno democrático debe preservar el principio de la igualdad y la neutralidad entre los diversos sectores que componen la sociedad. No puede ser, por ejemplo, un gobierno mandatario de los empresarios ni de los sindicatos, sino equidistante con justicia entre los intereses legítimos eventualmente contrapuestos de ambos. En el Uruguay el derecho de huelga no se ha reglamentado y por tanto adquiere un valor ilimitado; se han aprobado expresa o implícitamente diversos alcances y significados como, verbigratia, la legitimidad de las ocupaciones y los organismos ministeriales correspondientes están integrados rigurosamente por representantes sindicales. Pero eso no es todo, ni mucho menos: los líderes y dirigentes sindicales tienen puertas giratorias en los cargos de gobierno, entran y salen de ellos, forman parte impúdicamente del partido de gobierno sin dejar de ser simultáneamente cabecillas de los trabajadores. O sea que la central obrera no es sino una parte del partido de gobierno, que incluso disputa, en su interior, las posiciones de predominio con los sectores propiamente políticos. ¿Democracia plena?
Tercero: el Frente Amplio ha ganado sin discusión la mayoría ciudadana. No cabe duda de que en estos momentos y desde hace varios años, una mayoría, no demasiado expresiva o contundente pero mayoría al fin, acepta, comparte, acompaña las posiciones que este partido ha asumido estando, ahora por tercera vez consecutiva, en el gobierno. O si está en desacuerdo, no lo hace saber ni lo sanciona. O no se da cuenta de ello. Pues bien: este gobierno viene acompañando, apoyando, ayudando a los gobiernos menos democráticos del continente: es probadamente pro cubano, pro venezolano, ha coadyuvado en varias de las posiciones y medidas adoptadas para avasallar la soberanía nacional por los organismos internacionales americanos, como en el recordado (¿recordado?) caso del Paraguay, y sostiene el principio de la no-intervención cuando le conviene a dichas inclinaciones, mientras interviene o ayuda a intervenir cuando las mismas lo requieren. Esto es: en lo internacional, el gobierno (¿y por tanto la mayoría ciudadana?) es probadamente partidario del neo-fascismo. ¿Democracia plena?
Y para terminar momentáneamente con el recuento (dejamos la enseñanza y la historia reciente, entre otras perlas, para otra oportunidad): aparentemente gozamos de una amplia libertad de expresión. No existe la censura (la autocensura es inevitable) ni la sanción por lo que se manifieste. Sin embargo, la “ley de medios” hace una distribución inequitativa e injusta de los recursos para las campañas electorales; los organismos oficiales hacen propaganda permanente, sustitutiva de la mera información, en su favor, con el dinero del usuario; el gobierno ocupa, y no puede ser casualidad ni fruto de una estimación periodística, todos los informativos radiales y televisivos y monopoliza, aparte del Canal “oficial” (al que “nadie” sintoniza en compensación) el canal VTV, que ni siquiera emite noticias policiales para que “no cunda el pánico”. Y el mero presidente de la República anterior “ocupó” una onda radial de manera diaria durante su mandato para hacerse su propaganda y para ayudar a la elección de los candidatos de su partido, y nadie de su entorno le sugirió, por lo visto, que se abstuviera de semejante abuso, ni un solo ciudadano se quejó. Eso en el “mejor” de los casos sería demagogia, pero en el “peor”, ¿qué es?
¿Democracia plena? ¿No se habrá excedido el Prof. Faig en su calificación?
