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Los integrantes del sector Alianza Nacional anunciaron, el miércoles 23, que saldrán a juntar firmas para reformar la Constitución y permitir, entre otras medidas, que se pueda sentenciar a cadena perpetua a quienes cometen delitos graves. “La gente pide que hagamos algo”, explicó el senador Jorge Larrañaga. La semana pasada, la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso dijo en el programa Quién es Quién que “flexibilizaría el uso de las armas para que la policía pueda disparar para detener” a una persona.
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Ambos planteos buscan, según sus impulsores, mejorar la seguridad en el país, y apuntan a contemplar reclamos de la población. La propuesta del sector de Jorge Larrañaga tiene un amplio respaldo popular, según una encuesta de febrero de Opción. Según el estudio, 78% de los consultados están a favor de la cadena perpetua.
Opción informó la semana pasada que 74% están a favor de que los militares colaboren con la policía en las tareas de seguridad, otra propuesta que impulsa Alianza Nacional.
El informe de Opción señala que la propuesta de que los militares colaboren con la policía “no ha sido acompañada por la mayoría de las elites políticas nacionales”, lo que evidencia un “desajuste” entre las opiniones mayoritarias electorales y la que prevalece en los elencos políticos.
Que exista un “desfase” entre lo que piensa la población y la elite política es algo natural, según dijeron a Búsqueda expertos. Sin embargo, puede ser “preocupante” si ese desajuste es permanente y con toda la dirigencia política.
“El desfase se puede dar en seguridad o en otros temas”, dijo Rafael Porzecanski, sociólogo y director de Opción. En el caso del combate a la delincuencia es un tema de “mucha sensibilidad” y “toca fibras muy emocionales”, mientras que las “elites políticas muchas veces se manejan en términos más racionales. Ahí se puede dar una parte del divorcio”, señaló Porzecanski.
A modo de ejemplo, recordó que en una evaluación de comienzos de este año, 43% de la población expresó su respaldo a la pena de muerte. “Y no sé si hay un solo político relevante que apoye esto en Uruguay”, comentó. Agregó que en temas de seguridad se da que muchas veces la población “va más lejos de lo que van los políticos”.
Sobre el planteo de Larrañaga, el director de Opción aclaró que el dirigente político es “consistente” con una prédica que viene desde hace años. “Lo ha propuesto una y otra vez”, señaló.
El investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Felipe Monestier, dijo que los desajustes “pasan todo el tiempo”. “Es muy difícil que la elite política siga todos los movimientos” de la sociedad, agregó. Señaló que hay eventos que hacen mover a la opinión pública en un sentido u otro. Y esto se da, especialmente, en temas de seguridad.
“Ahora, si los desajustes son por muchos temas y por mucho tiempo y con toda la elite, eso empieza a ser preocupante”, dijo. Advirtió que de esta manera puede “ganar la idea de que no hay alternativas” en el sistema político.
Persuadir
Tanto Monestier como Porzekanski recordaron ejemplos de decisiones de los gobernantes pese a que la opinión pública no era favorable.
Una de ellas involucró al expresidente José Mujica, quien impulsó la legalización de la comercialización de la marihuana con el rechazo de la mayoría de la opinión pública. Esto cambió con el paso del tiempo y la tendencia se ha ido revirtiendo, según los análisis. A fines del año pasado, el 44,3% de los uruguayos se mostraron de acuerdo con la ley, mientras que el 41,4% dijo que está en desacuerdo, según un estudio de la consultora Factum contratado por Monitor Cannabis en coordinación con investigadores de la Universidad de la República, la Universidad Católica, la Universidad de California, la Universidad ORT y el Observatorio Uruguayo de Drogas.
Cuando se dan este tipo de diferencias, el líder político va a buscar “persuadir” a la opinión pública, explicó Porzecanski. “La persuasión es un elemento clave en la relación entre el líder y la ciudadanía. El liderazgo político consiste en marcar los riesgos de que a veces una opinión mayoritaria puede ser incorrecta, y busca torcerla de forma democrática”.
“En una democracia representativa, quienes gobiernan obviamente son los ‘representantes’ populares tal como el término mismo lo sugiere. Eso les abre un margen importante de maniobra para liderar medidas que pueden no estar en sintonía con el sentir mayoritario, buscando ir construyendo un nuevo consenso. Lo mismo a la inversa: esos líderes pueden frenar o retrasar medidas con las que está a favor la mayoría de la ciudadanía, pero que ellos consideran inconvenientes. Ahora, cuando hay un plebiscito sobre una medida —ejercicio de democracia directa por excelencia— y la ciudadanía se expresa en las urnas, allí se pone un límite al margen de maniobra de las elites, quienes se ven condicionadas a acatarlo sin importar el resultado —no hacerlo sería obviamente una muestra de autoritarismo—”, agregó el director de Opción.
Porzecanski aclaró que “una cosa son las encuestas de opinión pública cuando una propuesta política no ha ingresado aún de lleno en el debate de las elites y otra cosa es el pronunciamiento popular en un plebiscito, cuando esas elites se movilizaron intensamente en torno al mismo”. En tal sentido, recordó que la propuesta de baja de la edad de imputabilidad, que “recogía niveles predominantes de aprobación, pero que terminó siendo rechazada en las urnas”, es un ejemplo de que “cuando las elites políticas intervienen de lleno en una campaña, la opinión pública puede sufrir modificaciones importantes”.
También está el caso del impulso al voto de los uruguayos que viven en el exterior, en este caso medida impulsada por el Frente Amplio. Pese a este apoyo, la consulta fracasó: obtuvo 37,4% de los votos cuando necesitaba al menos el 50%.