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Por nota del 20 de marzo de 2013, el diputado Dr. Luis Alberto Lacalle Pou solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y manifestó: “Estamos ante un nuevo desafío estratégico para el país, el de procurar la profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros y extenderlo aproximadamente 10 kilómetros para alcanzar aguas profundas”.
Obviamente, al asumir el Dr. Lacalle Pou la presidencia de la República era razonable esperar que se alcanzara rápidamente ese objetivo, ¿y qué es lo que ha pasado? Que el canciller, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARP y el presidente de la ANP entendieron que la Comisión Administradora del Río de la Plata había autorizado el dragado de ese canal a 14 metros de profundidad y no era cierto. Incluso este último firmó un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que estimó en U$S 200 millones para llevarlo a cabo.
Verificado el grueso error, que lo autorizado era solo a 13 metros, habida cuenta de los compromisos que se asumieron con TCP Katoen Natie, Obrinel y UPM, lo lógico era que se procediera de inmediato a presentar la solicitud ante la CARP, con el proyecto ejecutivo, para lograr el consentimiento necesario para alcanzar los 14 metros. Hace aproximadamente 15 meses que se presentó esa solicitud pero hasta ahora no se ha adjuntado el proyecto ejecutivo, por lo que el procedimiento no ha podido iniciarse…
Ahora, el Poder Ejecutivo anuncia que es prioritario llevar a 32 pies de profundidad el canal del río Uruguay hasta Fray Bentos y, si no hay una respuesta positiva argentina para hacerlo en forma conjunta, el Estado uruguayo financiaría, en su totalidad, este emprendimiento. Personalmente estimo que una iniciativa como la que comentamos tiene que ser objeto de un estudio de viabilidad incluyendo el costo beneficio de la inversión a realizar.
Llevar el canal a 32 pies más dos de revancha, es decir, a 34 pies, va a tener un costo muy importante. La CARU ha gastado para alcanzar los 17 pies a Paysandú y los 23 a Fray Bentos, en ambos casos con dos pies de revancha, más de US$ 50 y el mantenimiento de esas profundidades le irroga alrededor de US$ 7 millones anuales.
Llevar el canal a la profundidad que pretende el Poder Ejecutivo, que, incluso, implicaría ampliar el ancho de solera, va a tener un costo que estimo en US$ 120 millones más un mantenimiento de US$ 15 millones anuales. Pero a ello se le debe agregar la obra civil que va a ser necesario llevar a cabo en el muelle del Puerto de Fray Bentos, que tiene un pilotaje de nueve metros de profundidad. Por ende, será necesario ampliarlo y llevarlo a una profundidad de alrededor de 12 metros porque, de lo contrario, si se draga a pie de muelle a 34 pies, se produciría el derrumbe de este.
En mi opinión, este proyecto beneficia fundamentalmente a Concepción del Uruguay, que tiene las cargas. Fray Bentos, por el momento, no tiene suficientes cargas para justificar este emprendimiento, de allí el fracaso que ha tenido la operativa de los buques Alianza del Plata y Provincias Unidas y, últimamente, del portacontenedores Paysandú. Y aun si tuviera las cargas, debería competir con las terminales portuarias de Nueva Palmira y la que se va a construir en Punta Arenal.
Hay otras formas de promover al Puerto de Fray Bentos invirtiendo mucho menos de lo que se gastaría con este dragado.
